El Fiscal General Douglas Meléndez aseguró durante una audiencia que le corrió la Sala de lo Constitucional, previo a resolver si es constitucional o no el Presupuesto General de la Nación 2017, que dicho Presupuesto no contiene todos los gastos y que el mismo debió ser aprobado con mayoría calificada y no mayoría simple como ocurrió.
Meléndez asegura también que el Presupuesto debió ser aprobado por mayoría calificada, es decir con 56 votos, ya que requiere del aval de más deuda para complementar las partidas desfinanciadas por lo que se violó el principio presupuestario que establece la ley.
El jefe del Ministerio Público (MP) agrega en su escrito a la Sala que la Asamblea incurrió en vicios de inconstitucionalidad al aprobar un plan de gastos que no contempla las sumas requeridas para atender distintos rubros, entre ellos, el pago de las pensiones, y que eso implicaría la adquisición de más préstamos, por lo que debió ser avalado con 56 votos, como lo dicta la Constitución en su artículo 148, inciso segundo.
La declaración del fiscal puede constituir un adelanto en cuanto a la resolución de la Sala sobre si es constitucional o no el Presupuesto General de la Nación 2017.
“Regula una operación financiera dirigida a contraer deuda pública, es decir, un empréstito voluntario por la vía de la emisión de títulos valores”, dice en una de sus partes la conclusión que Meléndez sostiene en su respuesta a la Sala de lo Constitucional.
Meléndez añade que, en el Presupuesto no hay un balance entre los ingresos y las erogaciones y que desde su inicio fue elaborado y aprobado con déficit, “por lo que no existe proporcionalidad entre gastos e ingresos”.
En su opinión, el Fiscal Douglas Meléndez argumenta que la Asamblea “vulneró el principio de Equilibrio Presupuestario establecido en el Artículo 226 de la Constitución”.
En efecto, la Asamblea ha tenido que hacer reajustes al presupuesto para afrontar las obligaciones de 2017, especialmente en el área de pensiones, para lo que recortó fondos a instituciones como Salud, Educación y Seguridad, que en vez de restarles necesitan de más fondos del Estado.
La Fiscalía enfrenta serios problemas de funcionamiento debido a que no dispone de recursos económicos para el pago de sus obligaciones salvo las del mes de junio.
La Asamblea ha destinado diez millones de dólares para reforzar el presupuesto del Ministerio Público de los cuales siete le serán entregados esta semana y en una fecha no especificada se le entregarán los otros tres millones.
