El Salvador se encuentra en medio de una crisis de inseguridad alimenticia que, según informes de diversas organizaciones humanitarias y de desarrollo, es la más grave de la última década. La combinación de fenómenos climáticos extremos, como la sequía prolongada en algunas zonas del país, y factores socioeconómicos, ha generado una situación precaria para cientos de miles de familias, especialmente en las zonas rurales del país.
Expertos advierten que las condiciones actuales superan en gravedad a las crisis anteriores, impactando de manera desproporcionada a las comunidades que dependen de la agricultura de subsistencia. La falta de lluvias en el oriente del país ha devastado los cultivos de granos básicos, como el maíz y el frijol, pilares de la dieta salvadoreña. Esto no solo afecta la disponibilidad de alimentos, sino también los ingresos de los agricultores, exacerbando la pobreza.
Varios elementos han convergido para crear este escenario crítico:
- Cambio Climático: La variabilidad climática, con periodos de sequía más largos y erráticos, se ha convertido en una amenaza constante. Esta inestabilidad hace que la planificación agrícola sea casi imposible y pone en riesgo la producción a gran escala.
- Inflación: A pesar de los esfuerzos por controlar los precios, la inflación ha impactado el costo de los alimentos, haciendo que la canasta básica sea inaccesible para una parte significativa de la población. Las familias con bajos ingresos se ven obligadas a reducir la cantidad y calidad de sus comidas, lo que tiene consecuencias directas en la nutrición, especialmente en niños y ancianos.
- Vulnerabilidad Socioeconómica: El alto índice de pobreza y la falta de oportunidades económicas en las zonas rurales han dejado a muchas familias sin redes de seguridad. Cuando sus cosechas fallan, no tienen alternativas para conseguir alimentos o ingresos, lo que los empuja a una situación de extrema vulnerabilidad.
La inacción del Gobierno ante una crisis anunciada
Es importante considerar la responsabilidad del Gobierno de Nayib Bukele.
Medidas adoptadas por el Gobierno
El Gobierno de Nayib Bukele ha intentado resolver a la crisis con varias iniciativas, que incluyen:
- El bono agropecuario: La transición del antiguo paquete agrícola del Estado a un bono agropecuario ha reducido en un 40% el apoyo a pequeños productores, afectando gravemente el acceso a semillas y fertilizantes, esta medida ha generado escasez, encarecimiento y una mayor dependencia de insumos privados.
- Controles de precios: La Defensoría del Consumidor ha mantenido un monitoreo constante de los precios de la canasta básica para evitar incrementos injustificados y asegurar que los alimentos sean accesibles para la población, sin embargo sus allazgos no son «vinculantes», es decir, no se puede obligar a nadie a vender a precios establecidos por el Gobierno sin una legislación vigente.
- Ayuda humanitaria: Se han distribuido alimentos y otros artículos de primera necesidad a las familias afectadas por desastres naturales y eventos climáticos extremos. Esto sin la transparencia que muestre los buenos manejos del erario público.
Estas medidas son reactivas y no abordan las causas estructurales del problema.
Críticas y Responsabilidades Señaladas
Diversos expertos y organizaciones han señalado áreas en las que la gestión del gobierno ha sido deficiente, contribuyendo a la vulnerabilidad del país:
- Falta de inversión en resiliencia climática: El Salvador es uno de los países más vulnerables al cambio climático. A pesar de esto, se critica la falta de inversión a largo plazo en infraestructura hídrica, sistemas de riego y tecnologías agrícolas adaptadas que podrían mitigar los efectos de las sequías e inundaciones.
- Dependencia de la importación: Aunque se fomenta la producción nacional, El Salvador sigue dependiendo en gran medida de las importaciones de alimentos, lo que lo hace vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales y las crisis globales, como las cadenas de suministro interrumpidas por conflictos o pandemias.
- Falta de datos y transparencia: Algunos informes han destacado una falta de transparencia en la divulgación de datos económicos y de seguridad alimentaria, lo que dificulta a las organizaciones internacionales y a la sociedad civil evaluar con precisión la magnitud del problema y planificar una respuesta adecuada.
- El uso de las mejores tierras para monocultivos: El cultivo generalizado de la caña de azúcar (que demanda altos niveles de agua y agrotóxicos) reduce el espacio disponible para cultivos alimentarios esenciales, como maíz y frijol.
- Abandono de la caficultura: El Salvador recogerá en la próxima temporada de cultivo de café poco más de 600 mil sacos del aromático, sin embargo, decenas de miles de manzanas de tierra se encuentran abandonas del cultivo, dejando mucha tierra sin cultivo agrícola. El Gobierno, se mantiene impávido ante esta situación.
En resumen, si bien el gobierno de Bukele ha tomado medidas para enfrentar la crisis, la crítica se centra en si estas acciones son suficientes para abordar las vulnerabilidades subyacentes que han llevado al país a la peor crisis de inseguridad alimentaria de la última década. La responsabilidad del gobierno, según los críticos, radica en la necesidad de pasar de la ayuda de emergencia a una estrategia integral y sostenible que fortalezca la capacidad del país para enfrentar futuros desafíos.
Aunque el gobierno ha implementado programas de ayuda y ha buscado acuerdos con países vecinos para garantizar el suministro de granos, la escala del problema es abrumadora. La respuesta no ha sido suficiente para mitigar completamente el impacto en las comunidades más afectadas.
La situación actual en El Salvador es un claro recordatorio de cómo la combinación de factores ambientales, políticos y socioeconómicos puede desencadenar una crisis humanitaria. Los desafíos para el país no se limitan a la Seguridad, sino que también incluyen la urgente necesidad de fortalecer la resiliencia económica y alimenticia de su población.
