El Salvador eliminó la obligatoriedad del uso del Bitcoin como moneda de curso legal, modificando la legislación que lo regulaba desde 2021.
La Asamblea Legislativa, dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, aprobó esta semana una reforma a la Ley Bitcoin con 55 votos a favor y dos en contra, permitiendo que su utilización sea completamente voluntaria.
El nuevo marco legal estipula que las transacciones con la criptomoneda serán opcionales tanto para individuos como para empresas. Además, el gobierno ya no aceptará pagos de impuestos ni facturas estatales en Bitcoin.
La reforma, que incluye cambios en seis artículos y la derogación de tres más, entrará en vigor 90 días después de su publicación en el diario oficial.
El ajuste normativo responde en gran parte a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), que condicionó la aprobación de un crédito por 1,400 millones de dólares a que el gobierno “mitigara los riesgos del Bitcoin”.
El Ejecutivo salvadoreño tenía hasta finales de enero para concretar la modificación si deseaba acceder a los fondos, que resultan cruciales en medio de una economía con bajo crecimiento y una elevada deuda.
El presidente Nayib Bukele, quien promovió la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, no se ha pronunciado sobre el tema. Según el sitio Bitcoin Office, su administración posee una reserva de 6,050.18 bitcoins, cuyo valor ha sido afectado por la volatilidad del mercado.
La Ley Bitcoin se implementó con la promesa de traer “prosperidad económica y libertad financiera” a los salvadoreños. Para impulsar su uso, el gobierno invirtió en infraestructura tecnológica y lanzó la billetera digital Chivo Wallet, ofreciendo un bono de 30 dólares a quienes la descargaran.
Sin embargo, su impacto en la población fue limitado. De acuerdo con una encuesta de Ludop, solo el 8.4% de los ciudadanos afirmaron haber utilizado la aplicación alguna vez.
