La Conferencia Internacional de la ONU sobre los Océanos ha reunido a la comunidad internacional en Niza para debatir sobre los grandes desafíos marinos. Y lo ha hecho en un momento en el que los recursos de los fondos marinos están en el centro de las tensiones geopolíticas.
El pasado mes de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un polémico decretoEnlace externo para poner en marcha la explotación minera de los fondos marinos, también en aguas internacionales. ¿El objetivo? Sacar en diez años mil millones de toneladas de materiales considerados cruciales para la transición energética, la digitalización y el armamento.
«Una decisión unilateral de este tipo podría sentar un precedente peligroso que podría desestabilizar todo el sistema de gobernanza mundial de los océanos», declaró Leticia Reis de Carvalho, secretaria general de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM). Hasta la fecha, es necesario que este organismo de la ONU apruebe cualquier actividad comercial en los fondos marinos más allá de las jurisdicciones nacionales. Este es el marco que establece la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que el Gobierno de Washington nunca ha ratificado.
Eludir el derecho internacional
«Incluso sin haberlo ratificado, Estados Unidos firmó en 1994 un acuerdo con la Convención sobre la explotación minera de los fondos marinos, y esto le compromete moralmente a respetar el tratado», explica Clément Chazot, especialista en océanos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). «Podríamos hablar de derecho consuetudinario, lo que significaría que todos los Estados están obligados a respetarlo, incluso aquellos que no han firmado la Convención».
Según este convenio, en alta mar los fondos marinos y sus recursos se consideran patrimonio mundial de la humanidad. «Ningún Estado puede reivindicar, adquirir o ejercer soberanía sobre alguna parte de esta zona o sus recursos. Está generalmente aceptado que esta prohibición se aplica a todos los Estados, incluidos aquellos que no han ratificado la Convención», insiste en un comunicado de prensa la secretaria general de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM).
La AIFM como posibles sanciones menciona las sanciones económicas, suspensión o rescisión de contratos y «otras medidas correctivas». Asimismo, señala que los 170 Estados miembros del tratado están obligados a no reconocer los minerales extraídos ilegalmente, lo cual significa que no deben revenderse en el mercado mundial.
Un barco suizo en primera línea
Suiza está en primera línea de este tira y afloja diplomático. Tras el decreto estadounidense, la multinacional Allseas —con sede en Friburgo y especializada en la construcción de infraestructuras submarinas— ha confirmado que tiene la intención de participar en la extracción de los fondos marinos. La empresa, que ya había participado en construir el gasoducto Nord Stream 2, ha desarrollado un buque gigante capaz de recoger nódulos polimetálicos del fondo oceánico: el Hidden Gem.
Allseas posee el 20 % en la empresa canadiense The Metals Company (TMC), que acaba de solicitar al Gobierno estadounidense una licencia de explotación. Suiza ha ratificado la Convención sobre el Derecho del Mar y apoya una moratoria sobre la explotación minera de los fondos marinos hasta que se conozcan mejor sus repercusiones.
Esto podría enfrentar a Allseas con las autoridades suizas. «Al adherirse a la Convención sobre el Derecho del Mar, Suiza está obligada a respetar sus disposiciones. Y esto incluye a cualquier persona o empresa bajo su jurisdicción y control», señala Clément Chazot. La empresa Allseas no ha respondido a nuestras solicitudes.
El asunto se ha remitido al Parlamento, y en junio debía haberse tratado una interpelación a este respecto. La ciudad de Ginebra ha pedidoEnlace externo al Consejo Federal (Gobierno) que asuma sus responsabilidades, advirtiendo que «el decreto amenaza tanto el medioambiente como el derecho internacional».
¿Una carrera hacia los fondos marinos?
La demanda de metales críticos sigue aumentando, por lo que la perspectiva de una carrera hacia los fondos marinos suscita inquietud. Pero Clément Chazot se muestra tranquilizador: «Una carrera hacia alta mar parece difícil de imaginar, dado que supondría una violación del derecho internacional. Además, la mayoría de los Estados participan de buena fe en las negociaciones de la AIFM y no desean socavar este marco multilateral».
En las aguas territoriales, que no están cubiertas por la moratoria ni el tratado, los planteamientos difieren. «Estados Unidos no es el único país que se plantea la posibilidad de explotar minas en sus aguas nacionales. Noruega ha realizado amplias consultas sobre el tema, y en el pasado se han hecho intentos en Papúa Nueva Guinea», dice Clément Chazot. Otros países y territorios, sin embargo, han decidido ampliar la moratoria a sus aguas territoriales. Este es el caso de Francia, Nueva Caledonia y Portugal.
Una tendencia que Clément Chazot también observa en el sector: «La tecnología de las baterías para vehículos eléctricos evoluciona rápidamente y ya ofrece alternativas que no utilizan ciertos materiales que se encuentran en aguas profundas, lo cual reduce la presión sobre estos ecosistemas únicos».
Un código minero para el mar
The Metals Company podría empezar a extraer en la zona Clarion-Clipperton, en el océano Pacífico, este mismo verano, mientras que la Autoridad de los Fondos Marinos trabaja para tener un código minero para finales de año. El código debería proporcionar un marco para todas las explotaciones, garantizando la mejor protección posible de los ecosistemas marinos y un reparto equitativo de los beneficios. El proceso es demasiado lento para el sector, en particular, para Allseas.
«La complejidad jurídica de este trabajo es enorme. Implicar a 169 países en conceptos como patrimonio común y reparto de beneficios nunca será fácil», reconoce Leticia Reis de Carvalho. A Clément Chazot, que participa en las negociaciones en calidad de observador, por su parte, el plazo de finales de 2025 le parece prematuro: «Estamos todavía muy lejos de alcanzar un texto finalizado. Aún existen demasiadas zonas grises para garantizar que la explotación minera no tenga un impacto importante en el medio marino, por mencionar solo uno de los aspectos», apunta.
Por lo que Clément Chazot pide que a los debates de la AIFM se incorporen estudios de impacto rigurosos y mayor transparencia.
Más allá de las cuestiones técnicas y jurídicas, el tema sigue siendo eminentemente político: ante una demanda creciente de metales, ¿qué lugar debe darse a estos recursos submarinos? Para Clément Chazot, la prioridad debe seguir siendo clara: «Antes de recurrir a nuevas extracciones, hay que dar prioridad a la reutilización y el reciclaje con vistas a una economía más circular». Hasta la fecha, 33 países apoyan una moratoria sobre la explotación minera de los fondos marinos. Los próximos meses serán decisivos y marcarán la pauta de una posible carrera hacia las profundidades marinas.
