Estados Unidos acordó pagar al Gobierno de El Salvador 4,7 millones de dólares para que recibiera hasta 300 migrantes deportados, en su mayoría venezolanos. Para recibirlos, la Administración Trump impuso, entre otras condiciones, que los fondos no se emplearan para ofrecer asesoría legal a los solicitantes de asilo.
Así aparece en el acuerdo que Washington envió al Gobierno de Nayib Bukele y que ha sido revelado en un litigio que organizaciones de defensa de los derechos civiles interpusieron contra el pacto. Los términos del acuerdo, que no se habían hecho públicos hasta ahora, muestran la intención de que las personas deportadas permanecieran indefinidamente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel levantada para encerrar a supuestos miembros de pandillas criminales, según los demandantes.
“La correspondencia entre el Departamento de Estado de EE.UU y El Salvador confirma lo que sospechábamos desde hace tiempo: la Administración Trump-Vance no hizo nada para garantizar que las personas desaparecidas hacia la infame prisión Cecot estuvieran protegidas contra la tortura, el confinamiento indefinido u otros abusos. Sin embargo, el acuerdo entre ambos gobiernos sí estableció condiciones estrictas para que los fondos entregados por Estados Unidos a El Salvador no se destinaran a brindar atención de salud reproductiva ni a ayudar a solicitantes de asilo a acceder a recursos y asesoría legal”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, la organización que con RFK Human Rights presentó la demanda contra el acuerdo de los dos gobiernos.
La Administración estadounidense envió a más de 250 migrantes (en su mayoría venezolanos y algunos salvadoreños) a El Salvador el 15 de marzo como parte de su campaña de deportaciones. Desde la Casa Blanca se acusó a los detenidos de pertenecer al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, aunque no se aportaron pruebas que sustentaran las acusaciones y no se les permitió el proceso debido antes de expulsarles.
Entre los deportados se encontraba Kilmar Abrego García, el salvadoreño enviado por error y que se ha convertido en un símbolo de las deportaciones injustas de la Administración del republicano.
El documento de cinco páginas, del Ministerio de Exteriores de El Salvador y con fecha del 22 de marzo, establece varias condiciones al Gobierno salvadoreño para recibir el pago. Además de prohibir que los fondos se destinen a la asesoría legal de los migrantes para solicitar asilo en Estados Unidos, el dinero tampoco podrá ser usado para la planificación familiar, incluido el aborto. La financiación de programas de diversidad, igualdad e inclusión, y de la agencia de la ONU de ayuda a los refugiados de Gaza (UNRWA) también queda excluida.
El acuerdo propuesto revela también que el Gobierno de Trump esperaba que los detenidos permanecieran en el Cecot por lo menos un año. La prisión, de alta seguridad, es conocida por la violación de los derechos humanos y las torturas que sufren los reos.
Según el texto, publicado este martes, el Gobierno de Bukele aceptó recibir hasta 300 detenidos el 14 de marzo, un día antes de que se produjera la expulsión. El envío de los detenidos se realizó en el máximo secreto y a pesar de que un juez prohibió el traslado mientras los aviones que llevaban a los migrantes estaban en el aire.
El Gobierno estadounidense justificó que la orden judicial llegó demasiado tarde, pero el funcionario Erez Reuveni reveló que el entonces número tres del Departamento de Justicia y que ahora es un juez federal, Emil Bove, ignoró la orden.
La Administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una obsoleta norma de 1798 que solo se ha usado en situaciones de guerra, para deportar a los migrantes. Recientemente, un tribunal de apelaciones ha fallado que el Gobierno excedió sus límites al aplicarla.
Los venezolanos deportados fueron enviados a Venezuela en julio por un acuerdo entre los gobiernos de ese país y EE.UU para intercambiar prisioneros.
“Aunque no debería ser necesario que el pueblo estadounidense recurra a los tribunales para obtener esta información, nos complace que nuestro litigio haya permitido su divulgación”, señaló Perryman en un comunicado.
El Gobierno estadounidense ha llegado a acuerdos para enviar a los migrantes que quiere deportar a terceros países que no son los suyos. Además de El Salvador, se han cerrado pactos con países donde no se respetan los derechos humanos y donde difícilmente se puede tener certeza del futuro de los detenidos, como los africanos Sudán del Sur, Uganda y Esuatini. En todos los casos, los acuerdos alcanzados con los Gobiernos no se han dado a conocer. El secretismo ha dominado las negociaciones, que se han establecido con varias decenas de países y apenas hay información de los deportados.
Con información de El País
