¿Porqué la estrategia de Bukele no puede replicarse en el país caribeño?
Las organizaciones criminales que operan en Haití representan un desafío de seguridad diferente al que enfrentó El Salvador con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Aunque en ambos países las pandillas han impuesto control territorial, amenazado a la población y disputado espacios con las autoridades, sus estructuras, fuentes de financiamiento, capacidad de fuego y relación con el poder político presentan diferencias fundamentales.
El general de brigada salvadoreño José Edgar Campos Rivas describió la magnitud del problema haitiano durante una entrevista con el programa La Tribu FM, transmitido por Radio Sonora. El militar afirmó que las bandas controlan más del 90 % de Puerto Príncipe y advirtió que cualquier operación para recuperar esos territorios tendría características de un conflicto urbano, con riesgos elevados para la población civil.
Sus declaraciones se producen en medio de la participación salvadoreña en la misión internacional de seguridad en Haití y de la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños que integraban el contingente desplegado en ese país.
Campos Rivas calificó el escenario haitiano como una situación de extrema inestabilidad institucional y sostuvo que las organizaciones armadas han formado federaciones que ejercen una autoridad de facto en amplias zonas de la capital. También destacó la importancia geográfica del país para las redes de tráfico de drogas, armas y otros productos ilícitos.
La dimensión del problema está documentada por Naciones Unidas. En su informe S/2026/32, presentado en enero de 2026, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) explicó que las bandas haitianas dejaron de ser grupos predominantemente locales y fragmentados para convertirse en coaliciones criminales capaces de coordinar ataques, controlar territorios y penetrar mercados ilícitos nacionales y transnacionales.
El organismo describió una transformación que incluye el control de rutas de transporte, puertos, depósitos de combustible, pasos fronterizos y actividades comerciales. Las organizaciones utilizan puestos de control ilegales para cobrar extorsiones, restringir la movilidad y financiar sus operaciones.
Una diferencia fundamental: clicas territoriales frente a coaliciones armadas
En El Salvador, las dos principales estructuras históricas fueron la MS-13 y Barrio 18, esta última dividida en las facciones Sureños y Revolucionarios. Su organización se desarrolló mediante clicas o células territoriales, vinculadas a estructuras superiores de mando. Su poder se apoyaba en el control de comunidades, la intimidación de residentes, la extorsión a comerciantes y transportistas, el reclutamiento de jóvenes y la imposición de fronteras entre barrios rivales.
Las pandillas salvadoreñas llegaron a ejercer una autoridad paralela en numerosos municipios y colonias. Determinaban quién podía ingresar a determinadas zonas, quién podía circular y qué actividades económicas estaban permitidas. La extorsión constituía una de sus fuentes de ingresos más extendidas, aunque también participaban en distribución local de drogas, tráfico de armas y otras actividades delictivas.
La situación haitiana es diferente. Sus organizaciones armadas tienen raíces territoriales, pero han desarrollado alianzas que les permiten unir recursos y coordinar operaciones sin perder necesariamente su autonomía. No existe una sola estructura nacional equivalente a la MS-13 o Barrio 18, ni una cadena de mando única que controle a todas las bandas.
El informe de la ONUDD identifica a Viv Ansanm como la principal plataforma de coordinación criminal surgida de la integración de elementos de antiguas alianzas rivales. La coalición comenzó a consolidarse en 2024 y permitió que grupos que antes competían entre sí coordinaran ataques contra comisarías, cárceles, instalaciones de recaudación estatal y el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe.
Sin embargo, esa alianza no eliminó las disputas internas. Las organizaciones conservan mandos propios, negocian acuerdos temporales y pueden enfrentarse violentamente por el control de rutas, barrios, rehenes y fuentes de ingresos. La cooperación contra las fuerzas estatales puede coexistir con la competencia entre sus integrantes.
Esta flexibilidad vuelve más difícil desarticularlas mediante la captura de unos pocos dirigentes. Cuando un jefe es detenido o eliminado, las alianzas pueden reorganizarse, sustituir mandos o cambiar de socios. La ONUDD señala que el modelo federado ha fortalecido la capacidad de resistencia y recomposición de estas estructuras.
Armas de guerra, rutas internacionales y control de la economía
Otra diferencia importante es la capacidad de fuego. Los informes de Naciones Unidas describen a las bandas haitianas como organizaciones que han conseguido armas de alto poder y municiones procedentes de redes transnacionales, incluidas rutas de tráfico desde Estados Unidos y desvíos de arsenales en la región.
La ONUDD advirtió que algunas de estas armas superan la capacidad del equipamiento disponible para la Policía Nacional de Haití. El problema no se limita a la cantidad de fusiles: las organizaciones han demostrado capacidad para coordinar ataques simultáneos, enfrentar a las fuerzas de seguridad y mantener el control de infraestructura estratégica.
El informe de enero de 2026 documentó que las bandas utilizan carreteras nacionales, puertos y zonas fronterizas para sostener sus actividades. En los corredores controlados por organizaciones como 400 Mawozo, Baz Taliban y Gran Ravine, los transportistas y comerciantes pueden ser obligados a pagar por circular. En los sectores comerciales, los grupos extorsionan negocios y buscan controlar instalaciones portuarias y servicios.
También obtienen ingresos mediante secuestros, tráfico de armas y drogas, contrabando de combustible, explotación de migrantes y extorsión a residentes. No se trata únicamente de grupos que cobran protección a pequeños comerciantes: su actividad afecta cadenas de suministro, mercados y rutas que conectan la capital con otras regiones y con la frontera de República Dominicana.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha documentado, además, la persistencia de redes que facilitan el abastecimiento de armas y municiones. En su informe de septiembre de 2026, el Panel de Expertos señaló que el embargo internacional de armas continúa siendo vulnerado y que las redes transnacionales siguen alimentando la capacidad de los grupos armados.
El control de estos circuitos económicos les permite sostener operaciones incluso cuando pierden posiciones territoriales. Por eso, una intervención que se limite a desalojarlos de determinados barrios puede obtener avances temporales sin destruir las redes financieras, logísticas y de abastecimiento que permiten su recuperación.
El vacío del Estado haitiano cambia las condiciones de cualquier operación
La diferencia más determinante entre ambos países no está solamente en las pandillas, sino también en la capacidad de las instituciones que deben enfrentarlas.
Cuando el Gobierno salvadoreño lanzó su estrategia de seguridad en marzo de 2022, el país tenía una Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Fiscalía, tribunales y un sistema penitenciario bajo control estatal, aunque sometidos a cuestionamientos y con problemas de funcionamiento. El estado de excepción permitió ampliar las facultades de detención y realizar arrestos masivos, con una fuerte reducción de la presencia territorial de las pandillas, según las cifras oficiales.
Esa política también ha recibido críticas internacionales por detenciones arbitrarias, abusos, falta de garantías procesales y condiciones penitenciarias. Amnistía Internacional, en un informe publicado en julio de 2026, documentó patrones de violaciones de derechos humanos relacionados con las detenciones masivas y la aplicación del régimen de excepción. Por tanto, el modelo salvadoreño no puede analizarse únicamente por sus resultados en materia de homicidios: también deben considerarse sus costos institucionales y humanitarios.
Haití enfrenta una situación mucho más precaria. El informe de la ONUDD de enero de 2026 estimó que la Policía Nacional haitiana contaba con entre 9,000 y 10,000 agentes en servicio activo para una población superior a los 11 millones de habitantes. Esa fuerza debe enfrentar organizaciones mejor armadas, arraigadas territorialmente y capaces de coordinar operaciones en distintas regiones.
El problema no termina en la insuficiencia de efectivos. La debilidad de las instituciones, la corrupción, la falta de recursos y la inestabilidad política han reducido la capacidad del Estado para investigar delitos, procesar responsables, mantener detenidos a los capturados y garantizar servicios públicos en los territorios recuperados.
La crisis también afecta a las cárceles. Los ataques contra centros penitenciarios y la liberación de presos durante ofensivas de las bandas evidenciaron que el sistema de custodia y administración de justicia no ofrece las mismas condiciones de control que se presuponen en una estrategia basada en detenciones masivas.
Por ello, trasladar mecánicamente el método salvadoreño a Haití podría producir resultados distintos. Arrestar a miles de sospechosos no desarticula por sí solo una red que dispone de armas, rutas de abastecimiento, alianzas cambiantes y capacidad para reemplazar dirigentes. Para que las detenciones tengan efectos duraderos se necesitan investigaciones confiables, pruebas, tribunales operativos, cárceles seguras y capacidad estatal para impedir que los grupos recuperen las zonas intervenidas.
Por qué una operación militar no resolvería por sí sola la crisis
El general Campos Rivas advirtió que las organizaciones haitianas están profundamente insertadas en las comunidades donde ejercen control. Esa circunstancia convierte cualquier operación en un desafío distinto al de realizar capturas selectivas o patrullajes en zonas urbanas.
En barrios densamente poblados, los integrantes de las bandas pueden mezclarse con la población civil, utilizar viviendas y edificios como posiciones de combate y recurrir a la intimidación para impedir que los residentes colaboren con las autoridades. Una ofensiva indiscriminada puede provocar desplazamientos, víctimas civiles y destrucción de infraestructura, además de alimentar nuevas hostilidades.
El problema también tiene una dimensión territorial que supera a Puerto Príncipe. Las organizaciones han extendido su influencia hacia departamentos como Artibonite y Centre, donde buscan controlar carreteras, mercados y pasos fronterizos. Recuperar un barrio de la capital no garantiza que las rutas de abastecimiento queden bajo control estatal.
El Panel de Expertos de Naciones Unidas, en su informe S/2026/714 publicado en septiembre de 2026, señaló que las operaciones de seguridad iniciadas en diciembre de 2025 frenaron la expansión de las bandas y permitieron recuperar algunos sectores de Puerto Príncipe. Sin embargo, calificó esos avances como frágiles y advirtió que las carreteras nacionales que salen de la capital continuaban bajo control de grupos armados.
El mismo informe registró una fractura violenta de la alianza Viv Ansanm y la expansión de ataques hacia otras regiones. Entre octubre de 2025 y abril de 2026 se contabilizaron 3,165 personas muertas y 1,551 heridas en el contexto de la violencia y las operaciones de seguridad. El 65 % de las víctimas se produjo durante operaciones de seguridad, un dato que subraya los riesgos de una estrategia basada principalmente en la fuerza.
La experiencia internacional también aconseja cautela. Un análisis de Carnegie Endowment for International Peace, publicado en julio de 2026, sostiene que la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) cuenta con un mandato más ofensivo y mayores posibilidades de emplear fuerza letal que la anterior misión multinacional de apoyo a la seguridad. Sin embargo, advierte que la inestabilidad podría reaparecer cuando la fuerza internacional se retire si no se construyen instituciones haitianas capaces de sostener los avances.
La conclusión de ese análisis es que el apoyo militar debe acompañarse de medidas para fortalecer la Policía y las capacidades marítimas y fronterizas, impedir el tráfico de armas y perseguir los recursos financieros de las redes criminales y de los actores políticos o económicos que las respaldan.
La estrategia que Haití necesita no puede limitarse a copiar a El Salvador
Las diferencias entre ambos países explican por qué el modelo de seguridad aplicado por el Gobierno de Nayib Bukele no puede trasladarse automáticamente a Haití. La detención masiva de integrantes de pandillas y el control penitenciario pueden haber debilitado las estructuras salvadoreñas, pero en el país caribeño el desafío incluye organizaciones federadas, armamento de mayor capacidad, redes internacionales de abastecimiento y control de infraestructura económica y territorial.
Además, Haití necesita reconstruir la autoridad del Estado en lugares donde la Policía no puede permanecer, los tribunales no funcionan adecuadamente y los servicios públicos están interrumpidos. Una intervención militar puede desalojar a los grupos armados de una zona, pero si no existe una fuerza policial capaz de proteger a sus habitantes, una justicia que procese a los responsables y una administración pública que recupere la confianza ciudadana, el vacío puede volver a ser ocupado.
La respuesta requiere combinar operaciones de seguridad con investigación criminal, control de armas y municiones, persecución de las finanzas ilícitas, protección de civiles y reconstrucción institucional. También exige coordinación entre las autoridades haitianas y los contingentes internacionales, con una cadena de mando clara y mecanismos de supervisión.
La advertencia del general Campos Rivas sobre la complejidad del escenario es consistente con los diagnósticos de Naciones Unidas y centros internacionales de análisis. Haití no enfrenta simplemente una versión más grande de las pandillas salvadoreñas: enfrenta una crisis en la que las organizaciones armadas han adquirido funciones de control territorial, económico y coercitivo que desafían directamente la existencia del Estado.
La diferencia es decisiva. En El Salvador, la estrategia gubernamental se dirigió contra estructuras criminales que dominaban comunidades dentro de un Estado que conservaba sus principales instituciones de seguridad y justicia. En Haití, el desafío consiste en recuperar territorios, restablecer instituciones y evitar que las redes criminales vuelvan a ocupar el espacio que deja una intervención militar. Sin ese componente político e institucional, una victoria táctica podría convertirse en otra pausa temporal dentro de una crisis prolongada.
