Autoridades de Seguridad presentaron el miércoles un cargamento de 1,2 toneladas de cocaína y uno de armas que fueron decomisados en las aguas internacionales del Pacífico y que eran transportados en una embarcacion ecuatoriana y en una lancha mexicana.
La droga, con un valor de 30 millones de dólares, y las armas fueron localizadas en alta mar por la Marina Nacional el pasado 16 de agosto, en dos lanchas, que llevaban cada una 600 kilogramos del alcaloide.
El director de la Policía Nacional, Mauricio Arriaza Chicas, detalló en una conferencia de prensa que el cargamento de armas contenía 12 carabinas AR-15, 20 fusiles AK-47, una ametralladora M-60, un fusil de francotiradores Barret.50 y sus cargadores.
El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, dijo que han sido capturadas 10 personas de nacionalidad guatemalteca, mexicana y ecuatoriana.
«Hemos alcanzado un nuevo récord de mayor distancia de incautación: 1.004 millas náuticas (1.859 kilómetros) de nuestras costas», apuntó Bukele.
Agregó que en los últimos 90 días se han incautado 9,3 toneladas de cocaína en alta mar, valorada en 233 millones de dólares.
El Salvador es parte de una lista del Gobierno de Estados Unidos de mayor producción y tránsito de narcóticos, dada a conocer el año pasado, junto a países como Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.
El presidente de Estados Unidos envía cada año al Congreso este listado para determinar el presupuesto dedicado a combatir el narcotráfico.
Analistas y expertos en el narcotráfico opinan como «curioso» que las autoridades salvadoreñas realicen capturas de grandes alijos de droga solo en aguas internacionales, mientras que en los últimos 5 años las capturas de cargamentos terrestres en El Salvador son practicamente nulas.
Mientras, a pesar que las pandillas han sido virtualmente destruidas y que estas se encargaban en el pasado del narcomenudeo, la venta de cocaína en pequeñas porciones se ha incrementado los dos últimos años a casi el doble de lo que se comercializaba antes de la inastalación del estado de excepción, desconociendose quién o quienes se han quedado con el «negocio».
