El ministro de Justicia haitiano habló de una firma salvadoreña asociada a otra local. No reveló nombre, costo, sede ni quién administrará los penales, pero fuentes en El Salvador apuntan a Constructora El Salvador o al grupo que levantó el CECOT
Haití anunció el viernes 20 de noviembre un acuerdo con El Salvador para construir nuevas prisiones, tres de ellas a cargo de una empresa salvadoreña que trabajará con una firma haitiana. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Patrick Pélissier, dijo que la primera cárcel comenzará pronto y que el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, ordenó acelerar el proyecto. El anuncio llegó tras una misión oficial de Pélissier a El Salvador, donde visitó el CECOT. El Ministerio de Seguridad salvadoreño confirmó el encuentro y la visita al CECOT, realizada el 18 de noviembre.
Los vacíos son amplios. Pélissier no precisó el costo, si El Salvador ayudará a financiar los penales ni si tendrá algún papel en su gestión, y Haití no ha nombrado a la empresa ni ubicado los recintos o su capacidad. Tampoco se ha detallado, en lo publicado hasta ahora, si estarán destinados específicamente a los pandilleros capturados por la Policía Nacional, el Ejército haitiano, la Fuerza de Supresión de Pandillas o el contingente salvadoreño, como sugiere el contexto. Lo que sí hay es una necesidad declarada: Haití ha tenido dificultades para alojar detenidos desde que poderosas bandas asaltaron en 2024 las dos cárceles más grandes del país y liberaron a miles de reclusos.
En San Salvador, fuentes consultadas por este medio indican que el contrato recaería en Constructora El Salvador, o bien en el grupo de empresas que construyó el CECOT. Ninguna de las dos versiones ha sido confirmada por autoridades salvadoreñas ni haitianas.
Sobre Constructora El Salvador: es una sociedad anónima estatal constituida el 28 de abril de 2023, de la que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) es accionista mayoritaria, y se desconocen sus accionistas privados, entre quienes se mencionan allegados al gobierno salvadoreño actual y hasta a la familia del pr4esidente Nayib Bukele. En 2023 la DOM le transfirió bienes por 14.1 millones de dólares, entre plantas asfálticas, excavadoras, motoniveladoras y otro equipo. En octubre de 2026 la Asamblea aprobó, con 57 votos a favor y tres en contra, trasladarle 50 camiones Sany valorados en 5.7 millones de dólares, para ampliar su capacidad de competir por contratos dentro y fuera del país. El presidente legislativo, Ernesto Castro, dijo que las ganancias financiarán nuevas obras públicas. La oposición cuestionó la privatización de bienes estatales y la falta de transparencia. Es decir, las transferencias fueron autorizadas y justificadas oficialmente; lo que no se ha explicado es quiénes son los socios privados que se benefician del equipo público.
Sobre el CECOT, los registros señalan varios actores. Revista Factum, citando a La Prensa Gráfica, informó que Omni S.A. de C.V., descrita como favorita del gobierno para obras emblemáticas, construyó el megapenal. Otras fuentes mencionan a tres empresas: OMNI, DISA y Contratista General de América Latina. Una investigación de Voz Pública, con base en documentos de Hacienda, contó 30 contratos de la obra repartidos entre 14 empresas, y un profesional contratado para los diseños confirmó que las empresas fueron seleccionadas sin procesos de competencia. El MOPT estimó invertir 135 millones de dólares, aunque ese no es necesariamente el valor final.
El modelo penitenciario salvadoreño es controvertido y marca el trasfondo del acuerdo. Bajo el estado de excepción vigente desde 2022 hay más de 90,000 personas encarceladas sin acceso a visitas familiares, y venezolanos y salvadoreños deportados desde Estados Unidos al CECOT han denunciado torturas tras su liberación. Pélissier elogió el CECOT al afirmar que, una vez dentro, no hay esperanza de volver a ver el mundo exterior. Con todo, nada de lo reportado indica que los nuevos penales haitianos seguirán el modelo CECOT ni sus reglas.
El acuerdo se suma a una presencia militar creciente. El Salvador mantiene unos 2,500 soldados en Haití, que operan bajo un acuerdo bilateral y no forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas respaldada por la ONU. El anuncio coincidió con el reporte de las Fuerzas Armadas salvadoreñas sobre la muerte de tres soldados y heridas a otro en Haití.
Quedan preguntas que ni Puerto Príncipe ni San Salvador han respondido: cuál es la empresa, bajo qué modalidad se asignaría el contrato y quién financia, qué papel tendría Constructora El Salvador si participa, y quién custodiará y administrará a los reclusos.