El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, pidió quitar la inmunidad a la fiscal general y a un juez por supuestas ilegalidades al allanar y abrir cajas donde se resguardan las papeletas de votación de las elecciones generales del 25 de junio, como parte de una investigación por delitos electorales perpetrados por el movimiento que lo llevaría al poder «Semilla».
Las solicitudes para levantar los fueros a la fiscal general Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana fueron presentadas en la sede Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la capital guatemalteca, según el recurso legal.
Además, Arévalo presentó una denuncia penal contra los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, ambos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la unidad que emprendió una investigación sobre los resultados electorales.
Arévalo resultó ganador en la segunda vuelta del 20 de agosto, tras dar la sorpresa en junio pues no figuraba como favorito en una veintena de candidatos.
Arévalo la noche del martes exigió la renuncia de los cuatro funcionarios por orquestar un supuesto plan de golpe de Estado y anunció que presentaría las querellas.
La denuncia precisa que buscan retirarles la inmunidad para que sean investigados por la posible comisión de seis delitos, entre ellos violación a la Constitución, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad con propósito electoral y prevaricato.
Según analistas consultados por la Agencia Digital de Noticias (ADN), Arévalo aprovechó la coyuntura y suspendió el proceso de transición con el actual Gobierno, de Alejandro Giammattei, justificándose tras las acciones del Ministerio Público (Fiscalía) contra los comicios.
El presidente electo indicó en rueda de prensa que la decisión obedece “ante la situación provocada” por el Ministerio Público, “en tanto se restablecen las condiciones políticas necesarias”.
“Le hemos informado al presidente, Alejandro Giammattei, que suspendemos temporalmente nuestra participación en el proceso administrativo de transición”, señaló el izquierdista de 64 años.
Arévalo de León añadió que ve “una contradicción” ya que hay “instituciones del Estado guatemalteco” que llevan a cabo “un golpe de Estado” en su contra, pese a que han sido “certificados” como los ganadores de los comicios.
Los analistas consultados, que pidieron el anonimato, consideran que las acciones del presidente electo son orquestadas por la ex fiscal Thelma Aldana, acusada de varios actos de corrupción y auto exiliada, para allanar su retorno a Guatemala.
Giammattei y Arévalo de León se reunieron el lunes por segunda ocasión por el proceso de transición, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, como testigo.
El martes, la Fiscalía allanó el Tribunal Supremo Electoral y abrió cajas con votos, pese a la negativa de la entidad electoral estatal.
Es por ello que Arévalo de León exigió la dimisión inmediata a Porras y sus funcionarios Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, además del juez penal Fredy Orellana, que avaló el allanamiento, rompiendo el debido proceso de una investigación penal.
“Solo su salida del cargo permitirá garantizar el orden constitucional del país”, advirtió Arévalo de León. De acuerdo al mandatario electo, detrás de Porras hay “grupos y élites mafiosas”.
Arévalo también estaría siendo apoyado internacionalmente por el ministro de la Defensa de Colombia, Iván Velásquez, quien, según fuentes, desea que la CICIG vuelva a proteger a sus presuntos socios en Centroamérica.
La investigaciones de la Fiscalía en contra de Arévalo de León y su partido, el Movimiento Semilla, se originaron ante una serie de denuncias de políticos y civiles.
“Insto a todas las instituciones y funcionarios del Estado a no prestarse a estas arbitrariedad y a que de acuerdo con lo expresado en el artículo 156 de nuestra Constitución, ningún funcionario o empleado público, civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales “, concluyó Arévalo de León.
El próximo 14 de enero, Arévalo de León debe asumir la Presidencia de Guatemala para el periodo 2024-2028, el primero de un Gobierno de izquierda socialdemócrata.
