Por Eduardo Vázquez Bécker.- El veintidós de agosto recién pasado se cumplieron dos años de que la Fiscalía General de la República dio inicio al caso Rais-Martínez, llamado así porque los principales imputados son el conocido empresario Enrique Rais y el exfiscal Luis Antonio Martínez a quienes inicialmente se les acusó de fraude procesal, falsedad material e ideológica, omisión de investigación y cohecho activo.
Además de Rais y Martínez, fueron detenidos los abogados Luis Peña y Romeo Aurora, por presunta manipulación de casos en favor de Rais, según afirmó durante una una entrevista televisiva el fiscal general, Douglas Meléndez.
Enrique Rais es un exitoso empresario y presidente de la sociedad de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES). El día de su captura había sido citado, junto a su sobrino, Hugo Blanco, para ser notificados de un acto administrativo del ministerio público. Ahí fueron “cazados” y retenidos desde el mediodía hasta entrada la noche cuando fueron llevados a una estación de la Policía Nacional en calidad de detenidos.
La principal acusación provenía de dos ciudadanos canadienses, Matteo Pasquale y Franco Pacetti, que le disputaban a Rais la propiedad de MIDES, y quienes a su vez habían sido denunciados con anterioridad por los delitos de extorsión en perjuicio de Rais en el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, razón por la que ese tribunal ordenó a la Policía Internacional (INTERPOL) girar orden de captura contra dichos canadienses.
Los dos elementos en que la FGR fundamentó su requerimiento judicial contra de Rais, fueron la transcripción de una intervención telefónica cuyo plazo para ser presentada en juicio había prescrito y que, además, nunca fue autorizada por un juez para ser utilizada contra Enrique Rais.
El otro elemento fue la copia certificada de un documento privado, constituido en la ciudad de Guatemala por los canadienses Pasquale y Pacetti, ante los oficios del notario salvadoreño Mario Calderón. Las autoridades guatemaltecas negaron que los mencionados canadienses y el notario Mario Calderón se encontraran en su territorio en la fecha que señala el instrumento.
Rais denunció oportunamente esas circunstancias, así como otras que se han producido en el desarrollo del proceso, ante la FGR así como ante organismos penales y de Derechos Humanos nacionales e internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos de las naciones Unidas, de manera pública y con suficiente despliegue para que no se alegara desconocimiento; sin embargo, sus derechos y garantías constitucionales siguen siendo atropellados.
En sus denuncias, el empresario Rais ha mencionado por sus nombres y apellidos a varios fiscales que según él, “han fabricado” pruebas en su contra asegurando que, hasta la fecha, ninguno de ellos ha sido investigado o enjuiciado o al menos separados de sus cargos mientras se ventila el proceso en su contra.
Rais también ha denunciado hasta la saciedad una conspiración en su contra encabezada por el también empresario Adolfo Salume, quien según Rais se ha coludido con los canadienses Pasquale y Pacetti, para despojarlo de su empresa MIDES aprovechando la situación de incertidumbre judicial a lo que lo tienen sometido.
El 20 de octubre de 2003, el Primer Secretario de la Real Policía Montada de Canadá, Brian Hugh Brasnett, certificó, a través de un documento enviado a la Fiscalía de El Salvador, que Pasquale tenía “vínculos con la mafia italiana” y que era “cercano” con reconocidos narcotraficantes como Mike Strazzi, Antonio “Tony” Cinquino, su hermano Mike, Perry Perlini, y Daniel Serero, entre otros reconocidos criminales canadienses vinculados a la Camorra italiana.
A pesar de que el documento estaba dirigido al fiscal general de ese entonces, Belisario Artiga, cada vez que la fiscalía o los “nuevos socios” de Salume y su red de comunicadores se refieren a Pasquale y Pacetti, lo hacen calificándolos como “empresarios”.
La banda, que lideraba el tráfico de drogas en la ciudad canadiense de Montreal, fue desmantelada durante una operación encubierta de la Policía de Canadá, conocida como la “Operación Caviar”, en los mismos años que CINTEC, Pasquale y Pacetti, daban sus primeros pasos en El Salvador, según el documento enviado por Brasnett.
Entre los periodistas que supuestamente integran la red de apoyo a los canadienses Pasquale y Pacetti en El Salvador, figura el director de la revista factum, del que es aparente propietario Adolfo Salume.
Hector Silva Avalos es hijo del exalcalde de San Salvador, Héctor Silva P.. fue quien inicialmente constituyó el proyecto MIDES juntamente con el italo-canadiense “Tony” Cinquino. Otro periodista que de alguna manera ha contribuido a la campaña de desinformación contra Rais, ha sido Carlos Dada, hijo del ex dirigente izquierdista Héctor Dada Hirezi que se desempeñaba como asesor jurídico del consejo municipal que presidia Héctor Silva Padre.
El actual Fiscal General de la República es conocedor de toda historia pero algo hay que le impide actuar.
Algunos de los abogados de Enrique Rais han señalado al periodista Silva Avalos como la voz oscura que transmitió información falsa a las autoridades estadounidenses sobre la existencia de droga en los aviones del empresario salvadoreño, lo que le costó el aseguramientos de sus naves, al menos hasta que las mismas autoridades reconocieron que no existían razones para enjuiciar a Rais.
Esa misma voz es señalada como la filtradora de información infundada en ciertos grupos de congresistas estadounidenses que pretenden incluir a Rais en la famosa lista ” Magnitsky” de una ley inspirada en la necesidad de sancionar a ciudadanos rusos, específicamente a funcionarios del gobierno de Vladimir Putin acusados de estar involucrados en la muerte del contable fiscal ruso Sergei Magnitsky, quien falleció en una prisión de Moscú en 2009 tras investigar un supuesto fraude fiscal perpetrado por el Gobierno de Rusia.
Alguien me puede decir qué diablos tiene que ver Rais con la “Ley Magnitsky”. Está claro, quieren confundir a como de lugar y al costo que sea, al juez que tiene asu cargo el caso Rais-Martínez. Esto también tiene que saberlo el Fiscal General de las República.
En este escenario jurisdiccional, totalmente politizado, nos aproximamos ineludiblemente al momento en que una decisión judicial resuelva o no, enviar a juicio al empresario Enrique Rais y al exfiscal Luis Martínez y en el que seguramente se dictará un auto de sobreseimiento definitivo para ambos.
Por cuestión de sanidad institucional, sería bueno que el fiscal general, Douglas Meléndez, retome el papel y las facultades que le confiere la constitución y ponga a disposición de la justicia a los fiscales que resulten responsables de haber “fabricado” pruebas en el caso Rais-Martínez.
Este es el momento de equilibrar la balanza y dejar que sea la verdad la que la incline. Es el momento en el que hay que salvaguardar el honor y el prestigio de los buenos fiscales y decidir si no sería mejor, antes que el caso se convierta en una catástrofe fiscal, reducir o retirar definitivamente las acusaciones contra los implicados en el caso Rais-Martínez.
