La ofensiva de Nayib Bukele contra las maras salvadoreñas y el despliegue de fuerzas militares de El Salvador en Haití plantean una interrogante: ¿por qué organizaciones criminales que poseen fusiles de asalto, ametralladoras y capacidad para ejercer violencia extrema no consiguen sostener una guerra abierta contra fuerzas estatales superiores? La respuesta está en sus estructuras de mando y sus intereses económicos
La experiencia de El Salvador y los acontecimientos recientes en Haití permiten examinar una característica poco estudiada de las organizaciones criminales armadas: disponer de armamento de guerra no significa necesariamente tener capacidad para librar una guerra contra el Estado.

Las pandillas salvadoreñas llegaron a controlar territorios, imponer extorsiones, amenazar autoridades y ordenar asesinatos a escala nacional. Las organizaciones haitianas, por su parte, han conseguido dominar barrios enteros, controlar corredores comerciales y desafiar durante años a las instituciones de su país.
Ambas realidades tienen semejanzas, pero también diferencias decisivas.
En El Salvador, la ofensiva gubernamental iniciada en marzo de 2022 desarticuló buena parte de las estructuras de las maras y redujo su capacidad de actuación colectiva. En Haití, las operaciones de seguridad han golpeado posiciones, dirigentes y combatientes de distintas organizaciones, pero estas conservan capacidad para reorganizarse y atacar a las fuerzas que intentan recuperar el territorio.
La comparación adquiere una dimensión especialmente importante después de la emboscada del 18 de octubre de 2026, en la que desaparecieron cuatro aerotécnicos salvadoreños integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas desplegada en Haití.
El episodio demostró que las organizaciones haitianas no han renunciado al enfrentamiento armado. También puso de manifiesto que una fuerza militar superior puede sufrir ataques graves cuando opera en territorios donde sus adversarios conservan redes de inteligencia, movilidad y control local.
La pregunta, por tanto, no es por qué las pandillas nunca respondieron violentamente. Tanto en El Salvador como en Haití lo hicieron. La cuestión es por qué no lograron convertir esa violencia en una resistencia militar sostenida capaz de derrotar o detener las ofensivas estatales.
El Salvador: la matanza que precedió a la ofensiva gubernamental
La cronología de marzo de 2022 es fundamental para comprender el origen de la operación contra las pandillas salvadoreñas.
Entre el 25 y el 27 de marzo se produjo una escalada extraordinaria de homicidios que dejó 87 víctimas. El 26 de marzo se registraron 62 asesinatos, la cifra diaria más alta desde el final de la guerra civil.
La matanza ocurrió antes de la instauración del régimen de excepción y de la posterior ofensiva nacional de detenciones y despliegues policiales y militares. El Decreto Legislativo 333 fue aprobado el 27 de marzo de 2022 y publicado ese mismo día en el Diario Oficial.
Esta distinción temporal es indispensable: la masacre constituyó el antecedente inmediato de la respuesta gubernamental, no una reacción de las pandillas a los operativos que se desarrollaron posteriormente. sspas.org.sv+2
El Gobierno de Nayib Bukele respondió con la suspensión temporal de determinadas garantías constitucionales y la movilización de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada para detener a integrantes de las estructuras criminales.
La ofensiva cambió radicalmente las condiciones en las que habían operado durante años la Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos principales facciones de Barrio 18.
Sin embargo, un elemento llamó especialmente la atención: pese a su historial de violencia y a la disponibilidad de armas de fuego, las pandillas no desarrollaron una insurrección armada nacional ni organizaron una resistencia militar sostenida contra el Estado.
¿Por qué?
El poder de las pandillas salvadoreñas tenía límites militares
Durante décadas, las maras construyeron una organización territorial que les permitió ejercer control sobre comunidades, imponer extorsiones y establecer redes de vigilancia e información.
Su estructura incluía dirigentes nacionales, corredores, palabreros, jefes de clicas y colaboradores que facilitaban sus actividades.
Pero aquella organización no equivalía a un ejército convencional.
Las pandillas tenían capacidad para ordenar homicidios, realizar emboscadas, amenazar policías y disputar territorios a otras estructuras criminales. No obstante, su funcionamiento dependía de redes locales, comunicaciones y mecanismos de obediencia que podían debilitarse cuando sus dirigentes eran detenidos o perdían contacto con sus subordinados.
La investigación de InSight Crime How El Salvador’s Crackdown Succeeded Where Others Failed identificó precisamente la interrupción de las comunicaciones, la desarticulación de las cadenas de mando y las dificultades para administrar las fuentes de ingresos criminales como factores determinantes de la pérdida de capacidad operativa de las pandillas. InSight Crime
La ofensiva estatal no necesitaba que cada pandillero entregara sus armas en un combate. Le bastaba con dificultar que las estructuras pudieran coordinarse, desplazarse y actuar colectivamente.
Esta diferencia explica buena parte de lo sucedido.
La principal ventaja del Estado: capacidad de movilización simultánea
La diferencia entre una pandilla y una fuerza militar no se mide únicamente por la cantidad de fusiles que poseen sus integrantes.
Un ejército puede movilizar unidades de distintas regiones, establecer una cadena de mando, compartir información, disponer de comunicaciones institucionales y mantener operaciones durante períodos prolongados.
Las pandillas salvadoreñas, en cambio, dependían de estructuras fragmentadas territorialmente. Aunque existían mandos nacionales, las clicas tenían sus propios responsables y redes de funcionamiento.
La detención masiva de integrantes y colaboradores debilitó esa arquitectura.
Según la investigación de InSight Crime, durante los primeros dos meses del régimen de excepción las autoridades arrestaron a más de 33,000 personas, de acuerdo con datos de inteligencia policial consultados por el medio. La investigación identificó tres factores centrales en la ofensiva: las facultades extraordinarias, una interpretación más amplia de la pertenencia a pandillas y la concentración del poder político en el Ejecutivo. InSight Crime
La velocidad de las detenciones también impidió que las estructuras pudieran adaptarse con la misma eficacia que durante anteriores políticas de mano dura.
Esto no significa que todos los detenidos fueran responsables de delitos ni que la estrategia estuviera exenta de cuestionamientos sobre derechos humanos y debido proceso. Significa que, desde el punto de vista de la capacidad operativa de las pandillas, la ofensiva produjo una alteración profunda de sus redes.
El cálculo económico: una guerra contra el Estado amenazaba el negocio criminal
Otro elemento decisivo fue el interés económico.
Las maras no necesitaban conquistar el poder político para mantener su actividad. Su supervivencia dependía de controlar territorios, extorsionar comercios, obtener ingresos del narcomenudeo y conservar redes de colaboradores.
Una guerra abierta contra la Fuerza Armada y la Policía habría amenazado todas esas fuentes de financiamiento.
La destrucción de una clica podía significar la pérdida de un territorio y de los ingresos que generaba. La detención de sus dirigentes podía interrumpir los mecanismos de cobro y distribución de dinero.
Desde esa perspectiva, esconderse, dispersarse y tratar de preservar a los integrantes que permanecían libres podía resultar más conveniente que organizar una confrontación frontal.
La investigación de InSight Crime encontró precisamente que el debilitamiento de las comunicaciones y de las jerarquías dificultó la administración de los negocios criminales y limitó la capacidad de las pandillas para organizar respuestas colectivas.
La estrategia de supervivencia sustituyó a la defensa territorial abierta.
¿Desaparecieron las pandillas salvadoreñas?
No es correcto afirmar que fueron eliminadas en su totalidad.
La reducción de su capacidad para controlar comunidades y ejecutar acciones coordinadas no equivale a la desaparición de todos sus integrantes, colaboradores y redes.
La ofensiva produjo un debilitamiento histórico de las estructuras, pero la distinción entre desarticulación operativa y desaparición definitiva sigue siendo importante.
También debe considerarse que el régimen de excepción ha sido objeto de cuestionamientos nacionales e internacionales por detenciones arbitrarias, denuncias de tortura, muertes bajo custodia y limitaciones al derecho de defensa.
Una evaluación periodística completa debe considerar tanto los resultados de seguridad como los costos institucionales y humanos de la estrategia.
La lección que interesa para la comparación con Haití es que el Estado salvadoreño pudo concentrar sus recursos sobre organizaciones que, pese a su implantación territorial, dependían de una estructura nacional de comunicaciones, mandos y financiamiento susceptible de ser interrumpida.
Haití: pandillas que han evolucionado hacia organizaciones armadas territoriales
El escenario haitiano es mucho más complejo.
La crisis de seguridad no se limita a la existencia de pandillas que extorsionan a comerciantes o controlan determinados barrios. Algunas organizaciones han adquirido capacidad para dominar corredores de transporte, bloquear carreteras, interrumpir el abastecimiento de combustible y alimentos, realizar secuestros masivos y desafiar directamente a las autoridades.
Entre las estructuras más conocidas figuran 400 Mawozo, Chen Mechan y las agrupaciones que integran la coalición Viv Ansanm.
Su capacidad de actuación se ha visto favorecida por el debilitamiento de las instituciones, la inestabilidad política y el tráfico internacional de armamento.
Un informe del Panel de Expertos de Naciones Unidas, publicado el 27 de marzo de 2026, documentó que las organizaciones haitianas seguían buscando armas y, especialmente, municiones. También identificó a 400 Mawozo entre los principales importadores ilícitos de armamento del país.
El documento señala que esta organización aprovecha su ubicación próxima a la frontera terrestre para facilitar el abastecimiento.
Además, las pandillas han adaptado sus fuentes de ingresos a las operaciones de seguridad: han recurrido a secuestros, puestos de control clandestinos, extorsiones y al control de establecimientos de envío de remesas. Biblioteca ONU
Esta capacidad de adaptación es una de las razones por las que la experiencia salvadoreña no puede trasladarse mecánicamente a Haití.
Un Estado que no consigue mantener el control territorial
La diferencia más profunda entre los dos países es la capacidad de sus instituciones.
En El Salvador, el Gobierno pudo desplegar simultáneamente a la Policía y la Fuerza Armada en todo el territorio nacional, ejecutar detenciones y utilizar el sistema judicial y penitenciario para procesar a los capturados.
En Haití, las instituciones de seguridad y justicia enfrentan limitaciones mucho más profundas.
La Policía Nacional tiene dificultades para mantener presencia permanente en numerosas zonas. Los tribunales y las cárceles afrontan problemas de funcionamiento y capacidad, mientras la transición política continúa condicionada por la inseguridad.
El informe de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití, fechado el 12 de octubre de 2026, reconoce que se han registrado avances de seguridad en algunas zonas de la capital, pero advierte que las pandillas continúan atacando a la población, secuestrando, extorsionando y ampliando su presencia geográfica.
También señala que la persistencia de la violencia en los departamentos de Oeste, Centro y Artibonite demuestra la fragilidad de esos avances. Biblioteca ONU
La diferencia es sustancial: conquistar militarmente una zona no significa que el Estado pueda administrarla después.
La emboscada contra los cuatro salvadoreños desmonta la idea de que las pandillas haitianas no contraatacan
El 18 de octubre de 2026 ocurrió uno de los episodios más graves desde el establecimiento de la Fuerza de Supresión de Pandillas.
Cuatro aerotécnicos salvadoreños que integraban la misión internacional desaparecieron después de que el vehículo blindado en el que viajaban fuera atacado en Santo, Croix-des-Bouquets.
La organización ACLED documentó que los atacantes incendiaron el vehículo cuando los salvadoreños regresaban a su base. Los cuatro militares lograron salir del automóvil, pero se perdió contacto con ellos.
La organización calificó el episodio como el mayor ataque sufrido por la GSF desde la aprobación de su mandato en septiembre de 2025 y destacó que, por primera vez, las pandillas habían atacado directamente a las fuerzas internacionales en una acción de esa magnitud. ACLED
El ataque tuvo consecuencias inmediatas.
El Gobierno de Nayib Bukele anunció el envío de efectivos adicionales para participar en la búsqueda y el rescate. El despliegue salvadoreño terminó alcanzando aproximadamente 2,500 efectivos, según ACLED.
La operación dejó de concentrarse exclusivamente en la búsqueda de los cuatro desaparecidos y amplió su participación hacia acciones de apoyo a las fuerzas haitianas en la región de Plaine du Cul-de-Sac.
Este cambio de alcance es importante para comprender la evolución de la intervención salvadoreña.
Las pandillas también han atacado a helicópteros y vehículos militares
Los enfrentamientos posteriores al 18 de octubre demostraron que las organizaciones haitianas conservan capacidad para atacar a fuerzas superiores.
No se trata solamente de disparos aislados contra patrullas.
La combinación de armamento, conocimiento del territorio, información sobre movimientos de las fuerzas de seguridad y control de sectores urbanos puede convertir una operación militar en una situación de alto riesgo.
La emboscada contra los salvadoreños demostró que los grupos armados pueden seleccionar el momento y el lugar de un ataque, incluso cuando no tienen capacidad para sostener una batalla convencional.
Esta es una diferencia fundamental entre la resistencia militar organizada y las acciones de guerrilla urbana o violencia criminal.
Las pandillas haitianas no necesitan derrotar a una fuerza expedicionaria para causarle bajas, interrumpir sus operaciones o elevar el costo político de su presencia.
La ofensiva salvadoreña en Haití: golpes a los dirigentes, pero sin desarticulación definitiva
Las operaciones de noviembre de 2026 ofrecen una primera aproximación a los resultados y límites de la intervención.
ACLED informó que el 8 de noviembre fuerzas de la Policía haitiana, la fuerza de tarea gubernamental y efectivos salvadoreños participaron en una operación con drones y helicópteros que destruyó la vivienda del dirigente de 400 Mawozo en Croix-des-Bouquets.
Tres días antes, otra operación con drones en Cité Soleil había causado la muerte de alrededor de 26 integrantes de pandillas, entre ellos Mathias Santil, señalado como dirigente de la banda Boston.
ACLED también registró la muerte del dirigente de Cabaret durante una operación policial del 29 de octubre en Arcahaie. ACLED
Los acontecimientos muestran que las fuerzas de seguridad han conseguido golpear estructuras de mando y posiciones de las organizaciones criminales.
Pero existe una diferencia entre eliminar a un dirigente y destruir la organización que dirigía.
Las pandillas pueden reemplazar a sus jefes, cambiar sus alianzas y trasladar sus actividades a otras zonas.
ACLED advierte que la ofensiva podría no desarticular las operaciones criminales mientras no exista coordinación suficiente entre las fuerzas y una presencia institucional capaz de impedir que las pandillas recuperen los territorios.
El incremento de los enfrentamientos
El análisis de ACLED encontró que, durante los 21 días posteriores al inicio del despliegue salvadoreño del 22 de octubre, los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y pandillas y los ataques con drones dirigidos contra estas organizaciones aumentaron un 45.8 % respecto de los 21 días anteriores.
El organismo también advirtió que las operaciones habían dejado más de 100 fallecidos estimados, entre ellos al menos 26 civiles identificados.
Son cifras de seguimiento de ACLED, no un balance oficial definitivo. Además, la mayoría de las operaciones registradas correspondió a la Policía haitiana y a la fuerza de tarea gubernamental, con apoyo internacional y participación salvadoreña en determinadas acciones.
Por eso, no es correcto atribuir todas las bajas o todos los resultados militares al contingente de El Salvador. ACLED
¿Por qué las pandillas haitianas no se enfrentan permanentemente a las fuerzas salvadoreñas?
La respuesta no es que carezcan de capacidad militar, sino que sus objetivos y posibilidades son diferentes.
Hay cinco factores que ayudan a explicar su comportamiento.
1. Evitar una confrontación en condiciones desfavorables.
Las organizaciones criminales pueden tener armamento de alto calibre, pero saben que enfrentarse abiertamente a fuerzas militares con superioridad tecnológica, apoyo aéreo, vehículos blindados y capacidad de movilización puede provocar pérdidas difíciles de reponer.
Una emboscada puede resultar más conveniente que una batalla prolongada.
2. Conservar sus estructuras económicas.
Las pandillas haitianas necesitan mantener sus fuentes de ingresos. El control de carreteras, los secuestros, las extorsiones y el tráfico de armas son actividades que requieren preservar redes y colaboradores.
Una confrontación frontal que destruya sus bases territoriales puede comprometer esos negocios.
3. Dispersarse para sobrevivir.
Cuando las fuerzas de seguridad atacan una posición, los integrantes de una organización pueden desplazarse hacia otros territorios. Esta dispersión dificulta su eliminación, aunque les haga perder temporalmente determinados espacios.
4. Aprovechar la fragmentación del Estado haitiano.
Las pandillas saben que recuperar una carretera o un barrio no significa necesariamente que el Estado pueda mantenerlo bajo control.
Si la Policía no consigue establecer presencia permanente, existe el riesgo de que las organizaciones regresen.
5. Evitar una guerra que una a todos sus adversarios.
Las organizaciones haitianas mantienen rivalidades y alianzas cambiantes. Una ofensiva contra una banda no implica que las demás tengan interés en defenderla.
Incluso pueden aprovechar la presión militar sobre un rival para ampliar sus propios territorios.
En consecuencia, la fragmentación criminal puede dificultar una respuesta colectiva contra las fuerzas internacionales.
La gran diferencia: El Salvador tenía un Estado capaz de ocupar el territorio; Haití todavía intenta reconstruirlo
El modelo salvadoreño tuvo una condición que no se reproduce automáticamente en Haití: el Gobierno podía desplegar sus propias instituciones de seguridad y mantener una presencia nacional.
En Haití, la operación militar constituye solamente una parte del problema.
La recuperación de la seguridad exige que las autoridades puedan restablecer el funcionamiento de la Policía, los tribunales, las instituciones penitenciarias y los servicios públicos.
La propia ONU ha advertido que los avances militares son frágiles cuando no existe una presencia de seguridad sostenida.
El informe de marzo de 2026 del Panel de Expertos también documentó que las operaciones habían interrumpido actividades de varias pandillas y frenado temporalmente su expansión, pero que los resultados podían revertirse sin una presencia permanente de las fuerzas de seguridad. Biblioteca ONU+1
Una intervención con resultados militares, pero con interrogantes políticos y humanitarios
El despliegue salvadoreño en Haití también plantea preguntas que van más allá de la eficacia militar.
Reuters informó el 29 de octubre que aproximadamente 2,000 soldados salvadoreños se encontraban en Haití y que el despliegue podría alcanzar los 2,500 efectivos.
La agencia señaló que persistían interrogantes sobre la cadena de mando, las reglas de enfrentamiento y la relación entre el contingente salvadoreño y la fuerza internacional respaldada por Naciones Unidas.
También recogió advertencias de especialistas sobre las diferencias institucionales entre los dos países y el riesgo de que las operaciones militares provoquen nuevas víctimas civiles. Reuters
Por otra parte, ACLED sostiene que el incremento de las operaciones militares no garantiza la desarticulación de las pandillas si no se acompaña de coordinación institucional y mecanismos para mantener los territorios recuperados.
La experiencia internacional ofrece numerosos ejemplos de operaciones que consiguieron derrotar militarmente a determinados grupos sin resolver las condiciones políticas y económicas que permitieron su aparición.
Haití corre ese riesgo.
Conclusión: las armas no determinan quién gana una guerra contra las organizaciones criminales
La comparación entre El Salvador y Haití permite extraer una conclusión que trasciende ambos países.
Las organizaciones criminales no necesitan ser derrotadas en una batalla convencional para perder su capacidad de controlar territorios. Tampoco necesitan ganar una batalla para seguir siendo una amenaza.
En El Salvador, la ofensiva gubernamental consiguió interrumpir las comunicaciones, detener a miles de integrantes y colaboradores y debilitar las jerarquías que permitían a las pandillas operar como estructuras nacionales.
La ausencia de una guerra abierta posterior no debe interpretarse como falta de armamento o incapacidad absoluta para ejercer violencia. Fue, en buena medida, el resultado de la desarticulación organizativa y de la decisión de supervivencia de estructuras que habían perdido capacidad de coordinación.
En Haití, por el contrario, las pandillas han demostrado que pueden atacar directamente a fuerzas internacionales, emboscar vehículos blindados, disputar territorios y reorganizarse después de operaciones militares.
La desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños tras la emboscada del 18 de octubre es una prueba contundente de que no se trata de organizaciones que hayan renunciado al combate.
La intervención de El Salvador puede aumentar la presión sobre ellas y contribuir a recuperar territorios. Pero el resultado definitivo dependerá de la capacidad del Estado haitiano para ocupar esos espacios y garantizar que las pandillas no regresen.
La diferencia entre la experiencia salvadoreña y el desafío haitiano no está solamente en la cantidad de armas que poseen los criminales, sino en la capacidad del Estado para desarticular sus organizaciones, recuperar el territorio y mantenerlo bajo autoridad institucional.
Fuentes documentales y de contraste
- Decreto Legislativo 333 — Régimen de Excepción, 27 de marzo de 2022.
- Presidencia de El Salvador — Entrada en vigor del régimen de excepción.
- InSight Crime — How Bukele’s Crackdown Succeeded Where Others Failed.
- Naciones Unidas — Informe del Panel de Expertos sobre Haití.
- Naciones Unidas — Informe sobre la situación política y de seguridad en Haití.
- ACLED — Haiti: Four officers missing. Is the Gang Suppression Force in trouble?.
- ACLED — Is El Salvador’s military deployment in Haiti boosting anti-gang efforts?.
- Reuters — Bukele’s gang offensive goes abroad as El Salvador rushes troops to Haiti.