El colapso de Ueno Bank tras su intervención el pasado 3 de noviembre ha desencadenado una sacudida política y económica sin precedentes en Paraguay. La crisis no solo provocó la destitución del presidente de la República, Santiago Peña, sino que mantiene en vilo a más de tres millones de usuarios y expone un masivo agujero financiero que impacta directamente en las arcas públicas y en los ahorros de jubilación de los trabajadores.
En menos de tres años, Ueno Bank experimentó un crecimiento exponencial como entidad digital hasta acumular depósitos por un total de 2.800 millones de dólares. Sin embargo, su repentina quiebra por problemas de insolvencia dejó al descubierto una compleja trama de presunto desvío de recursos y tráfico de influencias.
El impacto en los fondos de pensiones y el sector público
Uno de los aspectos más críticos de esta debacle es el severo golpe a la previsión social y a los recursos del Estado. Del total de depósitos en el banco, el 29% correspondía al sector público, sumando más de 800 millones de dólares en fondos estatales fuera de alcance.
El principal afectado es el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de gestionar la salud y las jubilaciones de más de 1,5 millones de paraguayos. Según datos confirmados por su director de inversiones, Hugo Díaz, el IPS mantenía invertidos alrededor de 516 millones de dólares en Ueno Bank al momento de su colapso.
Este multimillonario bloqueo representa una amenaza directa a la liquidez y sostenibilidad de los fondos de pensiones. A diferencia de los pequeños ahorristas, la restitución de estos capitales no será inmediata: el IPS y otras entidades públicas, como la compañía eléctrica estatal, deberán someterse a un prolongado proceso de reestructuración bancaria, transferencia de activos y recuperación de la cartera de créditos del banco liquidado. Ante la gravedad de la situación, el recién asumido presidente de la República, Pedro Alliana, aseguró que la recuperación de los fondos previsionales será priorizada por el Ejecutivo.
Reembolsos parciales para los ahorristas
El Banco Central del Paraguay (BCP) activó el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), el cual otorga una cobertura legal de hasta aproximadamente 37.000 dólares por depositante. Mediante una ley de emergencia aprobada tras la quiebra, las autoridades autorizaron desembolsos iniciales de hasta 19.000 dólares.
- Fase inicial de devoluciones: El BCP ha desembolsado cerca de 335 millones de dólares a 1,7 millones de clientes (un 93,1% del padrón de 1.867.000 depositantes elegibles para esta etapa).
- Alcance del fondo: El director del FGD, José Maciel, estimó que el fondo cubrirá en total cerca de 740 millones de dólares, lo que representa solo el 27% de los depósitos globales de la entidad.
- Capital bloqueado: El 73% restante de los fondos —que incluye a empresas, grandes ahorristas, fondos de inversión privados y entidades públicas— dependerá de la liquidación de activos del banco.
Investigaciones penales y rastreo de activos en el exterior
La crisis bancaria derivó en un terremoto político con la destitución de Santiago Peña, a quien la Fiscalía investiga por presuntamente aprovechar su cargo para direccionar masivos depósitos gubernamentales hacia Ueno Bank, entidad de la cual fue accionista. Asimismo, se investiga la ocultación deliberada de alertas de morosidad e insolvencia. Peña niega las acusaciones.
El Ministerio Público ordenó la prisión preventiva de Peña y de Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central que dimitió tras la quiebra y que anteriormente había dirigido Ueno Bank.
Las investigaciones penales avanzan en el ámbito local e internacional:
- Allanamientos: Agentes fiscales incautaron documentación en sedes bancarias y en las residencias de los imputados. Una bóveda privada perteneciente a Peña fue abierta por la policía, aunque se encontraba vacía.
- Cooperación internacional: El fiscal Manuel Doldán confirmó que Paraguay ha solicitado asistencia jurídica a Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para identificar y congelar activos desviados al extranjero. En Luxemburgo, las autoridades buscan bloquear cuentas y criptoactivos vinculados a los investigados.
El proceso de reestructuración de Ueno Bank apenas comienza, mientras la justicia intenta reconstruir la ruta del dinero depositado por millones de ciudadanos e instituciones del Estado.
