Claudia Ortiz impulsa «Avancemos» dentro de VAMOS en medio de una crisis interna
La diputada sostiene que el movimiento busca renovar la organización desde dentro y niega que sea una estructura ajena al partido. La disputa con la secretaria general, Cesia Rivas, ya llegó al Tribunal Supremo Electoral, mientras la legislación distingue entre una corriente interna y la constitución de una nueva agrupación política
La diputada Claudia Ortiz anunció la formación de «Avancemos», un movimiento político que, según sus propias declaraciones, busca articular una corriente de renovación dentro de VAMOS. El anuncio se produjo en medio de una profunda disputa por la conducción del partido, sus reglas de participación y la selección de las candidaturas para las elecciones generales de febrero de 2027.
La legisladora ha descartado, por ahora, que se trate de una organización separada. Sin embargo, la aparición de una corriente con identidad y relaciones políticas propias, en medio del enfrentamiento con la dirigencia nacional, plantea una pregunta relevante para el futuro de la oposición salvadoreña: ¿se trata de una disputa por el control de VAMOS o del comienzo de una fractura que podría desembocar en una ruptura?
La evidencia pública disponible permite confirmar la existencia del movimiento como iniciativa política anunciada por Ortiz, pero no demuestra que se haya consumado una escisión partidaria. La propia diputada lo ha definido como una alternativa que participa dentro de VAMOS, aunque también ha hablado de relaciones y contactos fuera de la organización.
Una corriente nacida de la disputa por el rumbo del partido
«Avancemos» no apareció como una iniciativa completamente desligada de la estructura de VAMOS. El nombre ya identificaba la planilla con la que Ortiz pretendía competir por puestos de dirección nacional, incluida la Secretaría General, en un proceso interno enfrentado a la dirigencia encabezada por su diputada suplente, Cesia Rivas.
La disputa comenzó a hacerse pública durante 2026, cuando Ortiz cuestionó los procedimientos de las elecciones internas y reclamó una mayor apertura a sectores sociales y ciudadanos que, a su juicio, podrían contribuir a construir una alternativa política más amplia. Rivas, por su parte, defendió los criterios de selección de candidaturas y la aplicación de los estatutos del partido.
El conflicto no se limita a diferencias ideológicas. También comprende desacuerdos sobre la validez de convocatorias, la integración de órganos internos y la autoridad competente para organizar las elecciones partidarias. En septiembre, las tensiones derivaron en procesos disciplinarios contra Ortiz y otros integrantes de su entorno político, medidas que la legisladora cuestionó y que la dirigencia justificó como parte de sus procedimientos internos.
La crisis escaló cuando un grupo de dirigentes promovió una Asamblea Nacional Extraordinaria, cuya validez fue rechazada por Rivas. Ambas partes han defendido interpretaciones distintas sobre la legitimidad de las reuniones y las decisiones adoptadas. Por ello, no corresponde presentar como jurídicamente resuelta una controversia que continúa sometida a disputa.
El TSE debe resolver una disputa con consecuencias para las elecciones internas
Uno de los puntos más importantes del conflicto es la integración de la Comisión Electoral Permanente (CEP), órgano encargado de administrar los procesos electorales internos del partido.
El 19 de octubre, Ortiz confirmó que presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una propuesta alternativa para integrar esa comisión. La solicitud difiere de la presentada previamente por Rivas, que ya había sido admitida por la autoridad electoral.
La controversia tiene consecuencias concretas: la composición de la comisión incide en quién organiza las elecciones internas, bajo qué procedimientos y con qué reconocimiento institucional. En un partido dividido, el control de ese órgano puede determinar la legitimidad de las decisiones sobre la renovación de su dirigencia.
La Prensa Gráfica informó que corresponde al TSE evaluar las solicitudes contrapuestas y determinar qué integración procede reconocer. Hasta que exista una resolución aplicable, las versiones de los grupos enfrentados deben tratarse como posiciones de parte, no como hechos jurídicamente establecidos.
La disputa adquiere mayor importancia porque el calendario electoral oficial fija el 28 de febrero de 2027 como fecha de las elecciones generales. El TSE estableció el 29 de julio de 2026 como fecha límite para realizar las elecciones internas de selección de candidaturas. El conflicto por la dirección partidaria y la organización interna ocurre, por tanto, en un periodo especialmente delicado para definir la participación electoral.
¿Es legal crear un movimiento dentro de un partido?
La respuesta exige distinguir tres situaciones: formar una corriente interna, participar en una organización política distinta y constituir un nuevo partido con reconocimiento legal.
La Constitución salvadoreña reconoce a los partidos políticos como instrumentos de representación y participación democrática. A su vez, la Ley de Partidos Políticos regula su organización, funcionamiento, elecciones internas y relaciones con sus afiliados. La jurisprudencia constitucional ha señalado que la democracia interna no es un asunto irrelevante: comprende, entre otros derechos, la posibilidad de participar en la vida partidaria, expresar opiniones, competir por cargos de dirección y postularse a candidaturas conforme a las reglas aplicables.
Desde esa perspectiva, la creación de una corriente interna no es, por sí sola, una escisión ni una infracción legal demostrada. La legalidad de sus actividades concretas dependerá de los estatutos de VAMOS, de las normas electorales aplicables y del respeto a las competencias de los órganos partidarios y del TSE.
La existencia de una corriente política tampoco le confiere automáticamente personalidad jurídica propia como partido, ni le permite presentar candidaturas en nombre de una organización distinta sin cumplir los requisitos legales correspondientes.
La referencia jurídica central es la Ley de Partidos Políticos y sus reformas, incluidas las reformas aprobadas mediante el Decreto Legislativo 574 de mayo de 2026. La jurisprudencia constitucional salvadoreña también ha desarrollado el alcance de la democracia interna de los partidos y los derechos de participación de sus miembros. Puede consultarse en el repositorio oficial de jurisprudencia.
No obstante, para emitir una conclusión definitiva sobre si una acción específica de «Avancemos» infringe los estatutos, sería necesario revisar el texto vigente de esos estatutos, los acuerdos internos pertinentes y las resoluciones que emita el TSE. La información pública consultada no permite concluir que la mera formación del movimiento sea ilegal.
¿Puede convertirse en una escisión de VAMOS?
Políticamente, sí es un escenario posible, todavía no es un hecho confirmado.
Existen elementos que pueden favorecer una fractura: el enfrentamiento entre las dos principales figuras visibles del partido, la disputa por la dirección nacional, los cuestionamientos sobre los procesos disciplinarios y las diferencias acerca de la apertura a sectores externos. También es relevante que Ortiz haya descrito una corriente con contactos fuera de VAMOS.
Pero existen elementos que impiden dar por consumada una ruptura. La diputada ha afirmado que el movimiento participa dentro del partido y ha sostenido que sus derechos como afiliada no están legalmente inhabilitados. El 19 de octubre reiteró que pretende competir como candidata a diputada por San Salvador bajo la bandera de VAMOS.
En consecuencia, no hay base suficiente para afirmar que Ortiz ya abandonó el partido, que «Avancemos» se transformó en una nueva organización electoral o que exista una decisión formal de ruptura. El escenario inmediato parece ser una disputa por el control y la orientación de VAMOS, con la posibilidad de que una derrota interna o una resolución adversa modifique la estrategia política de la diputada y de sus seguidores.
Hay, además, una limitación jurídica y electoral para cualquier eventual salida hacia un nuevo partido. El calendario oficial del TSE fijó el 31 de agosto de 2026 como fecha límite para admitir solicitudes de inscripción de nuevas organizaciones políticas y estableció un periodo de suspensión hasta el 4 de abril de 2027. Por tanto, a la fecha de este análisis, la creación inmediata de un nuevo partido para competir en las elecciones de febrero de 2027 enfrentaría ese obstáculo temporal. Esto no impide que una corriente mantenga actividad política dentro de una organización ya inscrita, ni demuestra que sus integrantes hayan decidido separarse.
La relación con sectores externos añade otra dimensión
La controversia también incluye los contactos de Ortiz con organizaciones sociales y políticas ajenas a VAMOS. En septiembre, el partido se desmarcó públicamente de cualquier acuerdo o negociación con el Movimiento de Izquierda Salvadoreña, dirigido por Walter Raudales, al sostener que no existía un pacto aprobado por el Consejo Ejecutivo Nacional. Ortiz afirmó, en cambio, que había dialogado con distintos sectores con el propósito de explorar candidaturas y ampliar la participación ciudadana.
Esas posiciones muestran una diferencia de criterio sobre el alcance de la autonomía de una dirigente para establecer contactos políticos en nombre propio o en representación del partido. Sin documentos que acrediten un acuerdo formal, no debe afirmarse que existe una alianza institucional entre VAMOS y el Movimiento de Izquierda Salvadoreña.
La cuestión sí tiene relevancia política: la apertura a organizaciones externas podría ampliar la base social de una corriente opositora, pero también puede profundizar las diferencias con una dirigencia que reclama que las alianzas y candidaturas se sometan a los procedimientos internos.
Un partido pequeño ante una prueba decisiva
VAMOS obtuvo 91,675 votos válidos en las elecciones legislativas de 2024 y consiguió un escaño, ocupado por Claudia Ortiz. La crisis actual enfrenta a la organización con el riesgo de debilitar su capacidad de coordinación y representación, especialmente en vísperas de una nueva elección general.
El problema no consiste únicamente en determinar qué grupo controla la dirección. También está en juego la credibilidad de los mecanismos internos: si los afiliados pueden competir en condiciones aceptadas por las distintas partes, si los órganos disciplinarios actúan con garantías y si las diferencias se resuelven mediante procedimientos reconocidos por la militancia y las autoridades electorales.
La experiencia de otros partidos muestra que las corrientes internas pueden funcionar como mecanismos de deliberación y renovación, pero también convertirse en estructuras paralelas cuando desaparece la confianza en los procedimientos comunes. En el caso de VAMOS, todavía es pronto para determinar cuál de esos caminos seguirá «Avancemos».
Qué falta por confirmar
Para establecer si el movimiento avanza hacia una ruptura, los próximos hechos verificables serán determinantes: una eventual resolución del TSE sobre la Comisión Electoral Permanente; la reanudación y legitimidad del proceso de elección de la dirigencia; la posición definitiva de los órganos partidarios sobre la afiliación y los derechos de Ortiz; y cualquier anuncio formal de separación o inscripción de una organización distinta.
La cobertura internacional localizada no ofrece, por ahora, una investigación independiente sustancial sobre «Avancemos» como movimiento específico. El análisis se apoya principalmente en medios salvadoreños y en fuentes institucionales nacionales, que son las más pertinentes para reconstruir la disputa y evaluar el marco jurídico aplicable.
Conclusión: «Avancemos» representa una nueva expresión de la fractura interna de VAMOS, pero no hay evidencia suficiente para describirlo como una escisión consumada. Su legalidad no puede cuestionarse únicamente por existir como corriente política; las controversias sobre sus actuaciones y las decisiones internas corresponden a los estatutos, la legislación de partidos y, en los asuntos sometidos a su competencia, al Tribunal Supremo Electoral. La verdadera prueba será comprobar si el movimiento permanece como una corriente de renovación dentro de VAMOS o si los desacuerdos desembocan en una separación formal.
