Bukele estudia liberar anticipadamente a la mitad de los presos por pertenecer a las pandillas
El presidente salvadoreño anunció un mecanismo de libertad condicional bajo vigilancia que podría beneficiar a cerca del 50 % de los reclusos incluidos en esa categoría. La selección dependería del grado de participación en actividades de las pandillas, pero el Gobierno aún no ha precisado cuándo comenzarán las excarcelaciones ni publicado todos los requisitos
Nayib Bukele confirmó que su Gobierno estudia conceder libertad anticipada y condicional a la mitad, cerca de 45 mil presos, de las personas encarceladas durante el régimen de excepción por colaborar con las pandillas. La medida podría alcanzar aproximadamente a la mitad de los presos comprendidos en esa categoría, según las estimaciones expuestas por el mandatario.
El anuncio fue realizado el martes 13 de octubre durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial. Bukele explicó que las autoridades están revisando los casos para determinar quiénes podrían abandonar la prisión bajo condiciones especiales y vigilancia estatal, tomando en cuenta el grado de participación que se les atribuye en las actividades de las organizaciones criminales.
«Tenemos un plan, creo que beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con las pandillas», afirmó el gobernante, quien describió la propuesta como una liberación anticipada y condicional, no como una absolución de los delitos atribuidos a los beneficiarios.
La cifra del 50 % es una estimación presidencial, no un listado definitivo de personas autorizadas para salir de prisión. El mandatario tampoco precisó una fecha para el inicio de las excarcelaciones, el número exacto de posibles beneficiarios ni el calendario de aplicación del mecanismo.
El grado de colaboración sería determinante
Bukele sostuvo que la evaluación distinguirá entre diferentes niveles de participación en las actividades de las pandillas. Como ejemplo, comparó a una persona que habría ayudado a ocultar un cadáver con otra que, según su explicación, se limitaba a avisar a los pandilleros cuando se aproximaba la Policía.
El presidente argumentó que las condiciones de violencia y control territorial que existían antes de la ofensiva gubernamental contra las pandillas deben considerarse al valorar la responsabilidad individual de los detenidos.
Bajo esa lógica, el Ejecutivo plantea que no todas las formas de colaboración deben recibir el mismo tratamiento, aunque el mandatario afirmó que las personas beneficiadas seguirían siendo consideradas culpables y tendrían que cumplir condiciones fuera de prisión.
La propuesta, por tanto, no se ha presentado como una liberación indiscriminada de integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) o de las dos facciones del Barrio 18. El planteamiento divulgado se refiere específicamente a personas acusadas de colaborar con esas estructuras y cuyo nivel de participación podría ser considerado menor.
No obstante, el Gobierno todavía no ha publicado una matriz completa de criterios que permita conocer qué conductas serían elegibles, qué delitos excluirían a una persona del beneficio y qué autoridad tendría la última palabra en cada caso.
Una comisión revisa los expedientes
La existencia de un mecanismo de revisión de los casos se conoció públicamente en abril, cuando Ibrahim Bukele, hermano del presidente, informó en redes sociales sobre un equipo que examinaba las situaciones de personas detenidas durante el régimen de excepción.
Según las declaraciones divulgadas entonces, el grupo recibe denuncias y revisa expedientes en coordinación con instituciones estatales. Se mencionó la participación de personal vinculado a áreas judiciales, fiscales y del Ejecutivo, incluido el despacho de la primera dama.
Al ser consultado posteriormente sobre esa instancia, el presidente confirmó que existe una revisión de casos y describió el mecanismo como una vía distinta de los procedimientos ordinarios de jueces y de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, no presentó públicamente un reglamento completo, los nombres de todos sus integrantes, los plazos de evaluación ni las bases jurídicas detalladas para ejecutar las eventuales liberaciones.
Este punto resulta central para determinar cómo se garantizarán la legalidad de las decisiones, la revisión individual de las pruebas y el derecho de las personas afectadas a conocer y cuestionar las resoluciones que se adopten.
Más de 93,000 detenciones bajo el régimen de excepción
La iniciativa se anuncia después de más de cuatro años de aplicación del régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas. Las cifras oficiales citadas por las autoridades superaban las 93,000 detenciones hasta septiembre de 2026, aunque ese total incluye a personas acusadas de pertenecer a esas organizaciones o de colaborar con ellas.
La medida extraordinaria ha sido defendida por el Gobierno como el principal instrumento para reducir la violencia criminal. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos han denunciado capturas arbitrarias, malos tratos y muertes bajo custodia estatal.
La existencia de personas que pudieron ser detenidas injustamente constituye una cuestión distinta de la propuesta de conceder libertad condicional a quienes el propio Gobierno considera culpables de algún grado de colaboración. Por ello, la revisión de expedientes deberá permitir diferenciar entre quienes podrían recibir un beneficio penitenciario y quienes sostienen que nunca debieron ser encarcelados.
En el plano político, el anuncio también ha provocado cuestionamientos de ARENA y Vamos, que han reclamado explicaciones sobre los criterios de selección y han insistido en que deben resolverse los casos de personas que aseguran haber sido detenidas sin pruebas suficientes. El debate enfrenta, así, la propuesta gubernamental de flexibilizar determinadas condenas con las exigencias de debido proceso y transparencia en la revisión de las detenciones.
La libertad condicional no implica el fin del régimen
Bukele ha mantenido que el régimen de excepción continuará vigente mientras considere que persisten amenazas de las pandillas. La Asamblea Legislativa aprobó en septiembre la prórroga número 55, que extiende la medida hasta el 27 de octubre de 2026.
La eventual liberación anticipada de una parte de los reclusos no supone, por sí misma, el levantamiento de ese régimen ni un cambio general de la política de seguridad. Se trata de dos decisiones diferentes: una relacionada con la continuidad de las facultades extraordinarias del Estado y otra con la situación penitenciaria de personas concretas.
Tampoco se ha anunciado que todos los beneficiarios vayan a quedar libres sin restricciones. El presidente ha hablado de monitoreo y de condiciones, pero aún falta conocer cómo funcionaría esa supervisión, qué obligaciones tendrían los liberados, qué ocurriría ante un incumplimiento y qué mecanismos permitirían impugnar una decisión.
Las preguntas pendientes
La confirmación presidencial establece que la propuesta está siendo evaluada, pero no permite asegurar que las excarcelaciones comenzarán de inmediato ni que exactamente la mitad de los presos por colaboración con pandillas saldrá de prisión.
Para determinar el alcance real del plan, el Gobierno deberá precisar los criterios de elegibilidad, la autoridad responsable de aprobar cada caso, la base legal de las decisiones, los mecanismos de vigilancia y las garantías de revisión judicial.
También será necesario conocer si el mecanismo distinguirá expresamente entre personas con condena firme, procesados y detenidos cuya situación judicial aún no se ha resuelto, dado que esas categorías no son equivalentes.
Por ahora, el dato confirmado es que Bukele ha anunciado la intención de ofrecer libertad anticipada y condicional a una parte de los presos acusados de colaborar con pandillas, con una posible cobertura cercana al 50 % de esa población. La cantidad definitiva de beneficiarios y la fecha de las primeras excarcelaciones siguen sin estar establecidas públicamente.
