El mandatario inscribió su candidatura junto a Félix Ulloa para las elecciones de 2027, en un proceso marcado por reformas constitucionales que habilitaron la reelección presidencial indefinida, acortaron su actual período de gobierno y unificaron las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. La estrategia permite que la popularidad del presidente se convierta en un activo electoral para Nuevas Ideas y sus candidatos a diputados
El presidente Nayib Bukele formalizó el jueves 19 de noviembre su solicitud de inscripción como candidato a la Presidencia de El Salvador por el partido Nuevas Ideas, con la intención de permanecer otros seis años en el Ejecutivo y extender su mandato hasta 2033. Lo acompañó el vicepresidente Félix Ulloa, quien aspira a continuar en el cargo como integrante de la misma fórmula presidencial.
La presentación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), realizada durante la última jornada del plazo establecido en el calendario electoral, constituye un nuevo capítulo de un proceso político que ha estado acompañado por profundas transformaciones constitucionales e institucionales, cuestionadas por organizaciones defensoras de la democracia y los derechos humanos.
Bukele busca un tercer período presidencial consecutivo después de que su partido, que controla ampliamente la Asamblea Legislativa, aprobara en julio de 2025 una reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección presidencial, amplió el período de gobierno de cinco a seis años y suprimió la segunda vuelta electoral.
Las reformas también adelantaron dos años el final del actual mandato presidencial, originalmente previsto para junio de 2029, y establecieron que las elecciones presidenciales, legislativas y municipales se realizaran simultáneamente el 28 de febrero de 2027.
Este cambio del calendario electoral tiene implicaciones políticas que van más allá de una reorganización administrativa. La unificación de los comicios permite que la figura presidencial concentre la atención de los votantes y que el respaldo popular de Bukele pueda trasladarse electoralmente a los candidatos de Nuevas Ideas que buscan ocupar los escaños legislativos.
Concentración del poder y desmantelamiento de los contrapesos democráticos
La candidatura presidencial de Bukele se produce en un escenario de debilitamiento de la democracia representativa salvadoreña, caracterizado por la concentración de poder en el Ejecutivo y la progresiva pérdida de autonomía de las instituciones llamadas a fiscalizarlo.

El sistema democrático de El Salvador está organizado constitucionalmente bajo el principio de separación de poderes. El Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial tienen atribuciones diferenciadas y mecanismos de control recíproco destinados a impedir que una sola autoridad concentre el poder del Estado.
Sin embargo, desde que Nuevas Ideas obtuvo la mayoría legislativa en 2021, se han producido cambios que han reducido considerablemente la capacidad de esos contrapesos.
Uno de los episodios más significativos ocurrió el 1 de mayo de 2021, cuando la nueva mayoría legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de la República, sustituyéndolos por funcionarios designados por la Asamblea dominada por el oficialismo.
La decisión fue cuestionada por organismos internacionales porque alteró la independencia de instituciones fundamentales para el funcionamiento democrático.
Posteriormente, una resolución de la Sala de lo Constitucional integrada por los nuevos magistrados abrió el camino para que Bukele compitiera por la reelección en 2024, pese a las prohibiciones que contenía la Constitución antes de las reformas posteriores.
La cooptación institucional también ha alcanzado a otras instancias del Estado. La Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y los organismos de control han sido objeto de cuestionamientos por su independencia y capacidad para investigar actuaciones de funcionarios del Ejecutivo.
La organización Freedom House, en su informe Freedom in the World 2026, clasificó a El Salvador como un país parcialmente libre, con una puntuación de 42 sobre 100. En su evaluación señaló que el Ejecutivo ha concentrado el control sobre la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial y las instituciones de supervisión.
Por su parte, el informe BTI 2026, de la Fundación Bertelsmann, sostiene que los contrapesos democráticos han sido sistemáticamente debilitados desde dentro del sistema institucional. También señala que el oficialismo ha logrado un control prácticamente total de la Asamblea Legislativa y que las leyes se han aprobado con escaso o ningún debate.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también manifestó preocupación por las reformas constitucionales de julio de 2025. El organismo advirtió que la reelección presidencial indefinida y los cambios aprobados mediante un procedimiento acelerado, sin suficiente deliberación legislativa ni consulta pública, representan un grave retroceso para la democracia y el Estado de derecho.
El resultado es un sistema en el que la separación formal de poderes continúa existiendo en la Constitución, pero sus mecanismos efectivos de vigilancia, fiscalización y equilibrio han perdido capacidad de actuación frente al poder presidencial.
La Asamblea Legislativa, de órgano fiscalizador a respaldo político del Ejecutivo
Uno de los principales efectos de la concentración institucional se observa en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa.
La Constitución establece que los diputados representan a la población, tienen la responsabilidad de legislar, fiscalizar la actuación del Gobierno, aprobar el presupuesto nacional y ejercer controles sobre los demás órganos del Estado.
Sin embargo, la actual configuración legislativa ha reducido el espacio para la deliberación política y el debate plural.
Nuevas Ideas y sus aliados controlan 57 de los 60 escaños de la Asamblea Legislativa, una mayoría que les permite aprobar reformas constitucionales, leyes y decisiones de importancia nacional sin necesitar acuerdos con las fuerzas opositoras.
El informe BTI 2026 señala que las iniciativas del oficialismo se han aprobado frecuentemente con escasa deliberación y que el predominio legislativo de Nuevas Ideas ha reducido la posibilidad de ejercer controles efectivos sobre el Gobierno.
En la práctica, la disciplina partidaria y el respaldo mayoritario a las decisiones del Ejecutivo han convertido a la Asamblea en un espacio donde las propuestas gubernamentales encuentran pocas resistencias institucionales.
Los cuestionamientos no se limitan a la aprobación de leyes. También alcanzan la ausencia de una fiscalización legislativa independiente sobre decisiones gubernamentales, contratos públicos, uso de recursos estatales y políticas de seguridad.
En una democracia representativa, un diputado no está llamado a limitarse a levantar la mano cuando su partido o el presidente lo ordenan. Su responsabilidad es representar a la ciudadanía, debatir las iniciativas, examinar sus consecuencias, proponer modificaciones y exigir cuentas a los funcionarios públicos.
La mayoría legislativa oficialista, por el contrario, ha permitido que el Ejecutivo encuentre un respaldo político prácticamente automático para sus principales decisiones.
La elección de 2027 representa, por ello, una oportunidad para el oficialismo de mantener o ampliar esa mayoría, aprovechando el arrastre electoral de Bukele y la atención que genera su candidatura presidencial.
El adelanto de las elecciones y la estrategia del arrastre presidencial
La decisión de adelantar las elecciones presidenciales y hacerlas coincidir con las legislativas y municipales constituye uno de los elementos centrales de la estrategia electoral de Nuevas Ideas.
Antes de la reforma constitucional de julio de 2025, las elecciones presidenciales estaban previstas para 2029, mientras que las legislativas y municipales correspondían a 2027.
La modificación acortó el actual mandato presidencial en dos años y unificó las tres elecciones en una sola jornada.
La Asamblea Legislativa justificó el cambio señalando que permitiría reducir costos, simplificar los procesos electorales y evitar que los ciudadanos fueran convocados a las urnas en diferentes momentos.
No obstante, la misma documentación legislativa dejó constancia de otro efecto político esperado: que el electorado pueda premiar o castigar al presidente mediante la cantidad de diputados que respalden su proyecto de Gobierno.
Este planteamiento evidencia la estrecha relación que el oficialismo estableció entre la continuidad presidencial y la composición de la Asamblea Legislativa.
La estrategia tiene una consecuencia electoral evidente: al celebrarse simultáneamente las elecciones presidenciales y legislativas, Bukele se convierte en la principal figura de la contienda, mientras que los candidatos a diputados de Nuevas Ideas pueden beneficiarse de su popularidad y de la identificación de los votantes con el mandatario.
En lugar de que los aspirantes a diputados deban construir individualmente una propuesta legislativa, explicar sus posiciones y convencer a los ciudadanos sobre sus capacidades de representación, la candidatura presidencial puede convertirse en el principal elemento de movilización electoral del partido.
La consecuencia potencial es que la Asamblea resultante reproduzca la actual relación de subordinación política al Ejecutivo, en lugar de recuperar su función constitucional de contrapeso.
El propio Bukele hizo un llamado a sus simpatizantes durante la presentación de su candidatura: «Los ganadores no salen de las encuestas. Nadie gana con encuestas. Necesitamos salir a votar».
También afirmó: «Haremos historia, otra vez», mientras sus seguidores coreaban consignas para respaldar otros seis años de Gobierno.
La convocatoria presidencial se convierte así en el principal instrumento de movilización de la maquinaria electoral oficialista.
Reelección indefinida y debilitamiento de las garantías constitucionales
La reforma de julio de 2025 no se limitó a modificar el calendario electoral. También eliminó las restricciones constitucionales que impedían la reelección presidencial indefinida.
La decisión fue aprobada con 57 votos de la Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, y ratificada en la misma jornada.
Además, se eliminó la segunda vuelta electoral, de manera que el candidato presidencial que obtenga más votos en la primera jornada será declarado ganador, independientemente de que alcance o no la mayoría absoluta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó tanto el contenido como el procedimiento de aprobación de estas reformas.
La CIDH recordó que las limitaciones a la reelección presidencial cumplen una función institucional: evitar la concentración prolongada del poder y garantizar condiciones de competencia política.
La posibilidad de que un presidente permanezca indefinidamente en el cargo modifica sustancialmente las reglas de alternancia y aumenta la importancia de contar con instituciones independientes capaces de controlar el ejercicio del poder.
En el caso salvadoreño, estas transformaciones se producen en un contexto donde el oficialismo mantiene el control de la Asamblea Legislativa y donde la independencia de la justicia y los organismos fiscalizadores ha sido cuestionada por diferentes organizaciones internacionales.
Félix Ulloa: un vicepresidente con presencia internacional y escasa visibilidad en la gestión interna
La candidatura de Bukele vuelve a incluir a Félix Ulloa como compañero de fórmula para la Vicepresidencia de la República.
La presencia de Ulloa en la fórmula oficialista plantea también interrogantes sobre el papel que ha desempeñado durante su actual gestión y su participación en los asuntos internos del país.
Aunque constitucionalmente es el segundo funcionario de mayor jerarquía del Ejecutivo, su actividad pública ha estado marcada por misiones internacionales, reuniones diplomáticas, participación en foros y actividades de promoción de la imagen gubernamental en el extranjero.
De acuerdo con una investigación publicada por El Diario de Hoy el 3 de septiembre de 2025, Ulloa realizó 15 viajes a 11 países entre junio de 2024 y mayo de 2025, según la memoria de labores de la Vicepresidencia.
El periódico señaló que no se había proporcionado información completa sobre los costos de las misiones oficiales.
Entre sus actividades internacionales se encuentran delegaciones presidenciales, reuniones con autoridades extranjeras, participación en congresos y foros, así como presentaciones sobre los resultados de la administración Bukele.
En marzo de 2026, por ejemplo, participó en una misión oficial en República Dominicana y posteriormente desarrolló actividades en Europa para promover las relaciones diplomáticas, la cooperación y la imagen de El Salvador como destino de inversiones.
En abril intervino en el Antalya Diplomacy Forum, en Turquía, donde presentó la posición salvadoreña sobre integración regional y cooperación internacional.
La propia Presidencia reconoce que Bukele le ha delegado responsabilidades relacionadas con la integración centroamericana, el Plan Trifinio, el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública y el proyecto de reformas constitucionales.
Estas funciones explican parte de su agenda internacional, aunque no eliminan la necesidad de examinar su desempeño como segundo funcionario del Ejecutivo y su participación en los asuntos nacionales.
Su presencia pública ha estado mucho más asociada a la representación internacional y a la promoción de los resultados que el Gobierno atribuye a Bukele que a la conducción visible de políticas internas.
En ese sentido, Ulloa ha terminado proyectando la imagen de un funcionario viajero y representante de la narrativa gubernamental en el exterior, mientras la gestión política y las principales decisiones del Ejecutivo permanecen concentradas en la figura presidencial.
Su continuidad en la fórmula para 2027 abre nuevamente el debate sobre la utilidad institucional de una Vicepresidencia cuya actividad pública se concentra principalmente en funciones diplomáticas y de representación.
Bukele promete democracia mientras los organismos internacionales advierten sobre el debilitamiento institucional
Durante su presentación ante el TSE, Bukele defendió las condiciones democráticas del país y afirmó que existen 11 partidos políticos habilitados para participar en los próximos comicios.
También aseguró que los observadores internacionales tendrán las puertas abiertas para verificar el desarrollo del proceso electoral.
«En este país sí hay democracia, hay 11 partidos y todos pueden participar», manifestó.
Sin embargo, la existencia de varios partidos políticos y la celebración periódica de elecciones no son, por sí solas, suficientes para garantizar una democracia representativa.
Una democracia moderna requiere competencia electoral, libertad de expresión, independencia judicial, transparencia, respeto a los derechos fundamentales y, sobre todo, instituciones con capacidad real para limitar el poder de quienes gobiernan.
La observación electoral puede verificar aspectos técnicos de los comicios, pero el funcionamiento democrático también depende de las condiciones institucionales y políticas en que se desarrolla la competencia.
En El Salvador, las advertencias de la CIDH, Freedom House y la Fundación Bertelsmann apuntan precisamente a ese problema: la concentración de poder y el debilitamiento de los mecanismos de control.
La inscripción de Bukele para un tercer período consecutivo no representa únicamente una nueva candidatura presidencial. Es también la continuidad de un proyecto político que ha modificado las reglas constitucionales, reducido los contrapesos institucionales y colocado a la Asamblea Legislativa y a otras instancias del Estado bajo una influencia determinante del oficialismo.
La elección de 2027 será, por tanto, una prueba para el sistema político salvadoreño. No solamente se decidirá quién ocupará la Presidencia durante los próximos seis años, sino también si la ciudadanía mantiene una Asamblea Legislativa dominada por diputados que han mostrado escasa independencia frente al Ejecutivo o si se recupera la función de fiscalización, deliberación y control que corresponde al órgano legislativo en una democracia representativa.
La democracia no consiste únicamente en votar periódicamente ni en permitir que un gobernante permanezca en el poder mientras conserve popularidad. También exige límites constitucionales, separación efectiva de poderes y funcionarios capaces de ejercer sus atribuciones sin subordinación a la voluntad presidencial.