Representantes de seis organizaciones de militares retirados afirmaron el viernes que “temen” que la “paz social” en El Salvador llegue a su final, si sus compañeros de armas son juzgados y condenados por crímenes de guerra a causa de la reciente nulidad de la Ley de Amnistía de 1993.
De acuerdo con el general retirado Jaime García, la ley “fue completamente beneficiosa para la sociedad” porque “permitió que los fusiles callaran” y “nos preocupa que vaya a comenzar una situación difícil que termine con la paz social” si los altos mandos involucrados en crímenes de guerra son juzgados y condenados.
“Comenzaríamos una cacería de brujas” porque “aquí hay muchos resentimientos por varías esquinas de nuestro país”, aseguró el dirigente del movimiento de militares retirados Causa Justa, que está compuesta por seis organizaciones.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró, el pasado 13 de julio, “inconstitucional” la Ley Amnistía que impedía reabrir, investigar o procesar crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra civil (1980-1992).
La decisión judicial se basó en el alegato de que esa amnistía “es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales y al derecho a la reparación integral de las víctimas”.
El general Carlos Cáceres señaló que “aceptamos el fallo, pero queremos y abogamos porque no vayan a meter presos a nuestros compañeros, que entonces eran los líderes” del Ejército.
La Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 es el “instrumento real y probado que permitió que hubiera paz y reconciliación en El Salvador” (…) “es la base fundamental para que este país esté con democracia”, añadió el general en retiro.
Ambos militares señalaron que los miembros de sus organizaciones abogan por la creación de una ley de amnistía que establezca mecanismos de “justicia restaurativa” y no punitiva.
“El Estado debe resarcir a estas víctimas que tuvieron mayores consecuencias, pero no por ello vamos a venir y a quitarles la libertad a las personas que participaron en esa guerra”, acotó García.
El militar se mostró a favor de la postura de que “es momento de las víctimas” del conflicto, entre los que cuenta a los líderes militares de los años de la guerra, porque “en ese momento, todos los salvadoreños fuimos víctimas”.
Entre las organizaciones que conforman Causa Justa se encuentra la Asociación de Jefes y Oficiales de la Policía de Hacienda, y la Asociación de Jefes y Oficiales de la Guardia Nacional, cuerpos de seguridad que fueron eliminados tras los Acuerdos de Paz (1992).
La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General supone que se puedan retomar o abrir procesos judiciales en los 32 casos de crímenes de guerra plasmados en el Informe de la Comisión de la Verdad de 1993 de las Naciones Unidas, atribuidos al Ejército y a la guerrilla.
La guerra civil enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), financiada por la Unión Soviética y sus países satélites, hoy en el poder como partido político, se saldó con unos 75.000 muertos y miles de desaparecidos.
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