La violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras ha empujado a miles de personas fuera de sus hogares para “salvar la vida”. El destino soñado es Estados Unidos por la esperanza de un futuro mejor pero no todos lo consiguen: unos 26.000 centroamericanos han desaparecido en esta peligrosa ruta.
El Triángulo Norte –formado por estos tres países– se ha convertido en los últimos años en una de las zonas más violentas del mundo en ausencia de un conflicto armado. El Salvador sirve de botón de muestra, con un número de homicidios similar al registrado durante la guerra civil.
Para Claudia Interiano, abogada salvadoreña que trabaja para la Fundación para la Justicia, con sede en México, “la violencia tiene que ver con el hilo histórico de impunidad” en estas naciones centroamericanas.
“Hay una historia de postguerra que no ha sido abordada desde los acuerdos de paz”, a lo que se suman las pandillas –maras– que nacen a partir de las deportaciones masivas de centroamericanos desde Estados Unidos, explica a periodistas.
Los tentáculos de las maras se extienden por toda la sociedad y afectan a la gran parte de la población. El colectivo más afectado son los niños y niñas de entre 13 y 18 años. Ellos están expuestos a reclutamientos forzosos y ellas a esclavitud sexual.
La violencia, además, se retroalimenta porque la única respuesta de los gobiernos es “militarizar nuevamente las calles”. “Esto es bien delicado porque es la estrategia que se utilizó para reprimir la revolución en los años 80”, recuerda Interiano. “No creo que esta sea la respuesta adecuada”, añade.
La estrategia de seguridad puesta en marcha por las autoridades sirve para llenar unas cárceles ya repletas de gente donde los menores, lejos de reincorporarse, encuentran las mismas redes criminales que les pusieron entre rejas.
La única opción para muchos es escapar. La opción lógica sería cambiar de lugar dentro del país, pero en estos países no es una opción real. Las pandillas ejercen tal control sobre el territorio que pueden saber rápidamente dónde está la persona perseguida.
Así, la mayoría se aventura más allá de las fronteras nacionales con un rumbo claro: Estados Unidos. “En El Salvador lo único que les espera es la amenaza de la muerte o en el caso de las mujeres ser esclavas sexuales”, cuenta Interiano.
Se trata de un viaje hacia lo desconocido porque, aunque las organizaciones regionales y las ONG se hacen eco de este drama, los gobiernos se empeñan en silenciar el creciente flujo migratorio y, sobre todo, sus causas.
“La mayor parte de la población no tiene información de lo que está pasando en la ruta migratoria. Hay algunos que sí, pero prefieren aceptar los riesgos porque tiene la esperanza de llegar a Estados Unidos y salvar la vida”, indica la activista.
“GRAVES VIOLACIONES DE DDHH”
Para alcanzar suelo estadounidense deben cruzar México. Aquí son especialmente vulnerables a “graves violaciones de los Derechos Humanos” por las múltiples organizaciones criminales que operan en la frontera con Estados Unidos.
La abogada llama la atención sobre las “desapariciones forzadas” de inmigrantes centroamericanos en México, algo de lo que nadie habla porque los países de origen se niegan a reconocer el problema y las instituciones mexicanas “están implicadas”, según denuncia.
Interiano asegura que, conforme a la información que maneja –procedente de testimonios, albergues, parroquias y hospitales porque “no hay estadísticas”–, unos 26.000 centroamericanos han desparecido en México “y la cantidad sigue creciendo cada día”.
A pesar de la magnitud del fenómeno “no se busca”. “Es una vergüenza el hecho de que no se esté investigando”, sostiene. Interiano señala que ni siquiera se indaga el paradero de estas personas porque “no se ve como un problema nacional”.
Fundación para la Justicia, que lleva actualmente 350 casos, está intentando “incidir” en México, donde ya ha logrado la participación de instituciones públicas, como la Procuraduría General de la República (PGR), y una comisión forense para localizar fosas comunes, identificar restos mortales y repatriarlos.
VUELTA ATRÁS
Los que sobreviven al periplo regional tampoco tienen el éxito garantizado. Cada vez hay más deportaciones de centroamericanos desde México y Estados Unidos, una información que los gobiernos del Triángulo Norte no ofrecen a sus ciudadanos.
A su regreso “no reciben ninguna atención especial”. “Hay un programa que se llama ‘Bienvenida’ en El Salvador y hay otros similares en Guatemala y Honduras. Una cosa muy maquillada (…), bastante floja” lamenta la abogada.
El problema radica en que “al regresar se pueden encontrar nada más y nada menos que con las mismas personas que les han amenazado”. “Por ejemplo, las mujeres que habían huido por las amenazas de violencia sexual tienen que enfrentarse otra vez a la misma situación”, recalca.
SOLUCIÓN REGIONAL
Interrogada sobre la posible solución a esta ola migratoria, Interiano ha señalado directamente a las causas, abogando por lanzar programas integrales con medidas de prevención –educación y empleo– y protección –“políticas de refugio”–.
Para la abogada el enfoque exclusivo de seguridad es un error. A este respecto, subraya que las propuestas de legalización de drogas, que muchos gobiernos –también centroamericanos– han puesto sobre la mesa como posible solución, no servirían para eliminar el negocio del tráfico de armas o de órganos humanos, que generan la misma violencia.
“Tiene que haber un abordaje regional”, con participación de los tres gobiernos y de un actor clave en este escenario: Estados Unidos, “que es quien pone los fondos y condiciona que se reprima la inmigración en vez de buscar un enfoque de prevención y apoyo”.
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