Por Mauricio Eduardo Colorado.-
Se dice que las crisis son muy útiles porque de allí nacen grandes soluciones. La Fiscalía General de la República está dando muestras de querer enderezar el torcido rumbo que llevaba el país en un sinfín de casos. Institucionalmente el hecho que el anterior Fiscal General de la República se encuentre detenido por actos de corrupción, nos está mandando un mensaje de la gravedad de lo que ocurre en nuestro país.
El hecho de que un ex presidente de la república haya sido objeto de allanamiento de sus viviendas es también una señal que significa la gravedad del estado de salud de la nación. Y tomando en cuenta lo que era el titular de la mansión presidencial antes de llegar al cargo, y lo que es ahora que salió de allí, nos deja sin lugar a dudas que el ordenamiento legal para controlar los puestos de poder político de El Salvador, es deficiente.
Todo comenzó cuando la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia reveló que las cuentas de algunos ex funcionarios no correspondían a la lógica contable, porque el capital declarado cuando recibieron el cargo, no correspondía al momento de que lo entregaron. En unos casos se observaban diferencias injustificables de 700.000.00 dólares, y en otro de más de 7 millones. A esto se le suma el agravante de que los titulares presentaban al terminar funciones, finiquitos extendidos por la Corte de Cuentas, como para justificar que no había cuestionamientos.
Posteriormente se evidenció, que la Corte de Cuentas, es una institución de nombre, que no cumple su finalidad. Dicha institución ha sido utilizada como instrumento político para amedrentar funcionarios y como coto de caza para manipular o colocar parientes en puestos de activistas políticos a partidos políticos que de alguna u otra forma reciben beneficios por medio del silencio oficial en algunos casos, o la publicidad de determinados hechos, en otros. Sin embargo, de una forma u otra, se ha llegado a este momento en que ya sea por “equivocación” de la Asamblea Legislativa, o por “malas” negociaciones entre los partidos políticos, tenemos un Fiscal que, con el riesgo que su valiente actitud le acarrea, ha iniciado un trabajo difícil, pero necesario para evitar el colapso del estado, y convertirlo en un estado fallido.
La muestra de rectitud en este sector de la administración de justicia, ha dado como resultados que políticos de trayectoria dudosa, aparezcan ahora como funcionarios honorables y cumplidores de la ley. Nuestro país tiene un largo camino que recorrer para llegar a un punto en que se descarte la corrupción como mal endémico. El órgano judicial tiene ya algunos casos en los que la justicia ha sido cuestionada y ha logrado rectificar el rumbo, a costa de la destitución de jueces y auxiliares de los tribunales. El señor Fiscal General debe extremar sus medidas de seguridad personal porque aunque ponga su fé en el Altísimo, no debe olvidar que “A dios Rogando y con el mazo dando”.
Los enemigos gratuitos que el cargo genera son innumerables, y con el desarrollo de la criminalidad hasta los niveles que estamos, todo el mundo es un blanco fácil, y quienes han hecho de su vida una profesión del crimen, se sienten protegidos y blindados contra las acciones de la ley. Los ciudadanos agotados por los que nos tienen postrados ante la delincuencia celebramos el accionar del actual Fiscal General, y le agradecemos su valiente posición en defensa de la sociedad salvadoreña.
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