El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, dijo este lunes que el proyecto de impuesto o contribución a los usuarios de la telefonía no es un planteamiento improvisado y que los salvadoreños debemos contribuir a la disminución de la violencia de las pandillas en el país.
Sánchez Cerén convocó a una conferencia a la que no se invitó a los medios que le son críticos como es el caso de diariolatino.net.
Lo contrario de lo que la población esperaba, el mandatario trató de justificar por todos los medios la necesidad de que hayan “entendimientos” para que la ley sea aprobada en la Asamblea Legislativa. Sin embargo dejó claro que la propuesta del gobierno podría experimentar algunas modificaciones.
“Quiero hacer un llamado a ‘todos esos’ que han hecho propuestas, que estamos dispuestos a modificar este proyecto en aras de entendimientos”, expresó Sánchez Cerén
El mandatario dijo que para aplicar el plan El Salvador Seguro necesitan 2,100 millones de dólares, ya que este año han invertido 22 millones en la compra de chalecos para los policías, vehículos nuevos y fusiles
La propuesta de un nuevo impuesto o contribución no ha tenido eco en algunas de las fracciones de la Asamblea Legislativa ni en otros sectores de la población entre ellos el sector privado, el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele y la Iglesia.
Paralelamente el gobierno decidió a través de la Súper Intendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET, una medida contra las empresas telefónicas para obligarlas reducir hasta en un 13% de manera forzada.
Según el gobierno la segunda medida anularía el impacto del impuesto en los usuarios.
Roberto Lorenzana, Secretario Técnico de la presidencia, dijo que se trataba de dos cosas que se complementarán a modo de que el pueblo salvadoreño no salga afectado por la contribución.
“Son dos cosas complementarias” reiteró Lorenzana. “Nosotros (el 13%) no podríamos legalmente quitárselo (dinero de reducción) a las empresas telefónicas, simplemente hay que hacer una reducción, lo que estamos diciendo es que prácticamente se equilibra, el pueblo salvadoreño no saldría afectado”, apuntó el Secretario Técnico.
Lorenzana trató de explicar que se trata de quitar a las empresas telefónicas “una ganancia que no merecen”.
El proyecto para pagar un impuesto o contribución para el combate de la delincuencia detalla que un 10 % de las facturas de telefonía y telecomunicaciones sería cobrado a los usuarios, según la iniciativa, las telefónicas obtienen ganancias de más de $1,000 millones anualmente, por lo que el gobierno ha considerado que así serían obtenidos los fondos. Según Lorenzana con lo que dejarían de pagar los usuarios “quedarían tablas”.
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