La Procuraduría General intenta determinar si la empresa constructora utilizó a financistas suizos para el pago de comisiones a ejecutivos de Petrobras. El escándalo salpica a empresarios y compromete a Dilma.
La Justicia de Suiza tiene bajo su lupa a la empresa constructora brasileña Odebrecht -la mayor contratista del país- en el marco de una megainvestigación que sacude al poder político de Brasil y a un puñado de compañías acusadas de formar parte de una red de lavado de dinero y corrupción. La causa -conocida como Operación Lava Jato- tiene en jaque al gobierno de Dilma Rousseff por los escándalos en torno a contratos relacionados con Petrobras, el gigante del petróleo brasileño.
Ahora es la Procuraduría General de Suiza la que expandió su interés sobre la megaempresa constructora. Quiere saber si Odebrecht utilizó cuentas en los bancos helvéticos para pagar sobornos a ejecutivos de Petrobras para lograr contratos favorables a sus negocios, consignó el diario brasileño O Globo en su edición online de hoy.
“Subsidiarias de Odebrecht son sospechosas de usar cuentas suizas para hacer pagos de sobornos a ex ejecutivos de Petrobras, que también mantenían cuentas bancarias en Suiza”, señala el comunicado emitido por la Procuraduría del país europeo. El objetivo de estos pagos fue adquirir beneficiosos contratos de la empresa estatal brasileña.
Días atrás, el mismo diario brasileño había publicado que el Ministerio Público Federal tenía sospechas de que Odebrecht había pagado sobornos también al ex director internacional de Petrobras Néstor Cerveró, en 2008. Estos pagos se habrían realizado mediante cuentas que ambas partes poseerían en Suiza. Según O Globo, el pago fue hecho a la cuenta Forbal y ejecutado por Bernardo Freiburghaus, un financista suizo que actuaría bajo órdenes de la mayor contratista de Brasil.
Por esta causa permanecen detenidos desde el 19 de junio altos ejecutivos de Odebrecht, incluido su presidente, Marcelo Odebrecht. Ellos son: Márcio Farias y Rogério Araújo. En los últimos días se ha adjuntado documentación clave para la causa tendiente a solicitar al juez Sérgio Moro la prisión preventiva de los empresarios. Ese mismo día también se detuvo a Otavio Azevedo, presidente de la constructora Andrade Gutierrez, también envuelta en el escándalo de corrupción.
En ese mismo tiempo cuatro países de la región se mostraron preocupados por las múltiples actividades de Odebrecht en su territorio. En Ecuador, Perú y Panamá se comenzaron importantes auditorías a fin de determinar si los contratos adjudicados por la constructora fueron ganados de manera lícita o si medió el pago de comisiones.
En El Salvador, la Fiscalía General de la República inició investigaciones para confirmar que, aunque la firma no ha realizado negocios directos en el país, pudo haber intención de comisión de delito a través de negociaciones ilícitas y tráfico de influencias entre el entonces gobierno de Luiz Inacio “Lula” da Silva y el ex presidente Mauricio Funes.
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