Resolución de la IAIP contra Fiscal Melara vulnera el principio de inocencia

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Por Eduardo Vázquez Bécker.-

“El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) admitió una denuncia presentada por la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), en contra del Fiscal General de la República, Raúl Melara, por desobedecer una resolución en la que se le ordenó hacer públicos listados de personas que no han pagado multas impuestas por la Corte de Cuentas de la República”. LPG/17-10-2020

Según esa organización, Melara habría cometido “una infracción muy grave” a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), por no haber proporcionado información reservada y, caso de ser encontrado culpable, podría ser sancionado con el pago de una multa entre 20 y 40 salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicio. La infracción mencionada consistiría en no proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto de Acceso a la Información IAIP.

La información “exigida” a la FGR se refiere al numero de referencia de los expedientes de la Unidad de Juicios de Cuentas y Multas en las cuales son incorporadas dichas sentencias de la Corte de Cuentas de la República (CCR), de los años 2015 al 2018, a lo cual la fiscalía se negó a acceder con la razonable explicación de que, dicha información, la que está en poder de la FGR, es de carácter confidencial, pues los nombres de los servidores públicos encajan en dicha categoría. Si la fiscalía accediera a revelar información de esa naturaleza estaría exponiendo a muchas personas a ser objeto de acciones delictivas más graves que la retardación en el pago de cualquier multa.

La Fiscalía General de la República (FGR) está obligada a garantizar la aplicación de los principios de veracidad, discrecionalidad, lealtad, buena fe y probidad procesal, situaciones que solo son posibles en el marco de una estricta reserva, tal como se lo mandata la Constitución de la República.

Se mira a todas luces que la acción contra el fiscal Melara lleva otras intenciones como la de atacar su gestión y evitar cualquier intención de reelegirse, cosa que no se la recomendaríamos de ninguna manera, no porque no tenga el derecho de hacerlo, sino porque tendría que ser ciego para no ver la gran cantidad de obstáculos que tendrá que sortear para ello.

Si lo que desean esas organizaciones, es hacer públicos los nombres de las empresas o de sus representantes, para señalarlos como deudores morosos del Estado, sin saber si estos han agotado sus recursos legales, están exponiéndoles y haciéndoles presa fácil del crimen organizado, además de atentar contra su derecho a ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia pasada en cosa juzgada, tal como lo establece la ley.

Si lo que pretenden es “arrinconar” al fiscal Melara para disuadirlo de que se reelija en el cargo, también les decimos que no pierdan su tempo porque no creemos que esa idea esté en la agenda del fiscal; cosa que, como ya hemos dicho, no le recomendaríamos porque entre los problemas que tendría que sortear, ocupa un lugar preponderante, su ofrecimiento de depurar la nómina de los fiscales que él mismo llamó “manzanas podridas”, lo cual todavía no vemos muy claro.

Si, en tercer término, Tracoda o lo que esté detrás de ella, lo que desea es información para investigar posibles delitos, les recordamos que ese trabajo corresponde a la FGR; además, basta con acceder a la pagina web de la CCR para informarse de los datos que buscan.

Las organizaciones o fundaciones que están habilitadas para buscar la tutela de intereses supraindividuales —difusos o colectivos—, pueden hacerlo cuando la finalidad de su acto de constitución sea la de atender la protección de éstos ante el abuso o desborde de las autoridades, siempre y cuando no insistan en sobrepasar las autoridades competentes y respeten el marco de la ley.

La Fiscalía está en el deber de responder por la legalidad del Estado pero especialmente por la de sus acciones, y la divulgación de informes como los que le ha solicitado Tracoda, avalada por el IAIP, podría ser causa de delito. Lo que se impone en estos casos es una respuesta inteligentemente razonada para no entrar en conflicto con el derecho ciudadano a pedir y a recibir información.

La FGR está en todo su derecho de abstenerse de proporcionar información siempre que con esta decisión, resguarde mejores derechos de terceros que no hayan agotado los recursos que les franquea la ley.

En resumen, pedirle a la Fiscalía que libere información reservada, de personas que puedan estar dentro de esa categoría, es pedirle que transgreda la ley y que vulnere el Principio de Inocencia que la constitución les confiere.

Finalmente, ninguna organización, asociación o fundación, puede arrogarse la facultad de investigar hechos o circunstancias que puedan derivar en delito. Según el Art. 193 de la Constitución, corresponde al Fiscal General de la República: “Dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil, y en particular de los hechos criminales que han de someterse a la jurisdicción penal”.

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