Fuentes de la la Fiscalía General de la República, FGR, dijeron que están a la espera de que el Juzgado Tercero de Instrucción de Salvador, fije la fecha de la audiencia preliminar contra la representante legal de la empresa italiana Astaldi, Ana Lucía Alfaro Alvarado, quien es imputada por el delito de evasión de impuestos en perjuicio de la hacienda pública por el monto de $9.088,29 que la empresa dejó de pagar en el 2012.
La apoderada legal de la empresa, la imputada en este caso por ser la responsable de cumplir con las obligaciones tributarias de la empresa, presentó la declaración del impuesto sobre la renta con información falsa.
Según la acusación fiscal, la empresa constructora no declaró renta gravada obtenida en 2012 por ingresos totales de $25,540,599.
La acusación formal fue presentada el 24 de enero pasado al Juzgado Tercero de Instrucción, que todavía no ha programada la audiencia preliminar en contra de Aguilar Alvarado.
La representante de Astaldi fungía como tal cuando se produjo el arreglo directo entre Astaldi y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) por $108.5 millones por la inconclusa construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral.
El pago de los $108.5 millones fue un arreglo mediante el cual el expresidente Mauricio Funes decidió favorecer a la Astaldi enviando un juicio por una cantidad mucho mayor que según el exmandatario hubiese perdido el país.
Al momento del arreglo, CEL le pagó como si la obra hubiese tenido el 50 % de avance cuando en realidad, según la misma supervisión de CEL, solo era de 29.28 %.
Parte de ese dinero obtenido en el arreglo no fue declarado al fisco salvadoreño por la constructora, por lo que adeudan poco más de nueve millones de dólares en impuestos, dice la acusación fiscal.
Fuentes del referido juzgado aseguraron que la entrega del informe financiero de los peritos está previsto para el 10 de abril y luego el juez definirá la fecha de la audiencia preliminar. Durante la audiencia preliminar se tendrá que valorar las pruebas de cargo y descargo en contra de la imputada y que serán definidas para un eventual juicio.
Según la Fiscalía, la representante de Astaldi utilizó como “medio para cometer el delito, la presentación de la declaración con información falsa”. Según la la acusación fiscal la empresa Astaldi no consignó la totalidad de los ingresos gravados obtenidos por la referida sociedad. Además consigna gastos y costos que no son deducibles del impuesto sobre la renta.
Por las irregularidades detectadas por la Corte de Cuentas en la ejecución del contrato, entre ellos el arreglo directo con Astaldi, están procesados el expresidente Mauricio Funes; el expresidente de la CEL, Leopoldo Samour; el representante de Astaldi, Mario Pieragostini, entre otros.
En el análisis financiero presentado por la FGR se encuentran ingresos por $45,807 que la sociedad los declaró como deducibles por pérdida de capital, aunque la ley no los considera deducibles del impuesto sobre la renta.
