El Observatorio de Derechos Humanos de la UCA dice que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) desmantelaron durante los años 2016-2018, seis agrupaciones supuestamente dedicadas al exterminio de pandilleros pero agrega que a pesar de ello, los grupos persisten solo que con una pequeña mejoría. Los informes fueron proporcionados por el Observatorio de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
En reiteradas ocasiones las autoridades han negado la existencia de esa clase de grupos de exterminio, integrados por policías y militares, que cobraron fuerza durante el gobierno de Mauricio Funes para asesinar a supuestos pandilleros.
“‘El ministro de Justicia y Seguridad Pública de ese entonces, Ricardo Perdomo, afirmó que dentro de las mismas pandillas existen pelotones entrenados con armas largas y poseen uniformes similares a los que son usados por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES)’. Negaba con ello la existencia de grupos de exterminio al atribuir los homicidios a los pandilleros”, dice el informe de la UCA
Las estadísticas del IDHUCA, basadas en monitoreos de cuatro periódicos nacionales, muestran que los 10 grupos de exterminio capturados por las autoridades están vinculados a 161 asesinatos. Todas las estructuras tienen en sus filas a policías y militares que se asociaron con personas civiles. “La mayoría de las víctimas pertenecían, según las autoridades, a pandillas”, agrega el instituto de Derechos Humanos de la UCA.
Según la publicación de la UCA, las cuatro estructuras detenidas en 2019 están ligadas a 57 asesinatos, el mayor número de víctimas de exterminio en los últimos cuatro años.
Señala el informe que “Continúan las ejecuciones extrajudiciales” aunque reconoce que ha habido una ligera mejoría pero no aporta estadísticas comprobables al respecto.
“Veníamos desde la negativa a finales del gobierno de Mauricio Funes, veníamos más o menos deteniendo cada año a dos grupos de exterminio. En 2019 se detuvo a cuatro: dos en la administración de Sánchez Cerén y dos en la de Nayib Bukele”, dijo ayer el sacerdote jesuita José María Tojeira, director del IDHUCA.
La institución agregó que es necesario que los policías tengan mejores salarios para evitar que participen en acciones ilegales: “La dignificación de la profesión es indispensable para el adecuado cumplimiento de los principios éticos y legales de la misma. Y el salario de prácticamente 425 dólares mensuales con el que inicia su trabajo un agente de la PNC no puede considerarse digno”.
El informe sobre derechos humanos también criticó la lentitud del sistema judicial para finalizar los procesos. Detalló que uno de los mayores problemas es la carga de trabajo que tienen los fiscales. “Los fiscales no dan abasto: son 160 casos por fiscal al año. Son números imposibles de realizar. Hay una enorme lentitud en los procesos, desatención a las víctimas”, dijo el director del IDHUCA.
Tojeira criticó que el sistema solo busque castigar a los culpables de delitos, pero olvida a las víctimas: “No se le da atención psicológica, proyectos de empleo, de reparación, etcétera”. Reprobó que el Estado no restituye los daños ocasionados a las personas que son capturadas por sospechas de su participación en ilícitos, pero que luego son dejadas en libertad por falta de pruebas.
El informe también mencionó deficiencias del Estado en la protección del agua, el medio ambiente, el derecho a la educación, la reforma de pensiones, el desplazamiento forzado, los crímenes de guerra, entre otros.
