A ocho meses de haber tomado posesión como presidente de la República, Nayib Bukele encara su primera gran crisis política.
El mandatario mantiene un enfrentamiento con la Asamblea Legislativa después que los diputados se negaran a aprobar un préstamo por 109 millones de dólares para financiar su estrategia de seguridad.
La tensión aumentó el domingo, cuando Bukele desafió a los legisladores al irrumpir, acompañado por oficiales de la policía y militares en el Salón Azul del Palacio Legislativo, se sentó en la silla del presidente del Congreso y ordenó el inicio de la sesión, amparado, dijo, por un derecho divino.
Tras hacer una oración dejó la cámara para saludar a sus seguidores. El mandatario llamó a una insurrección popular, mientras la oposición exigió la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) para frenar lo que han considerado un “autogolpe de Estado”, al estilo de un Serranazo, en Guatemala, o un Fujimorazo en el Perú.
La crisis comenzó el viernes, cuando el mandatario exigió a la Asamblea Nacional a que sesionara el domingo, para votar por el desembolso de los fondos, un financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que serían utilizados para equipar a la Policía y el Ejército dentro del plan de Bukele para enfrentar la violencia.
Entre los equipos a adquirir hay helicópteros y un buque valorado en 26 millones de dólares. Además, según fuentes de oposición, unos $25 millones serían utilizados para realizar compras a un grupo se seguridad mexicano, el mismo que llevó de viaje en jet privado al funcionario de las cárceles del gobierno de Bukele, Osiris Luna, con cámaras, equipos de vigilancia y otros pertrechos.
“Si los diputados no asisten, vamos a utilizar nuestros poderes constitucionales para hacer cumplir la Constitución”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter, la red social desde la que anuncia sus decisiones ejecutivas.
A la sesión solo asistieron 28 de los 84 diputados, sus aliados. Bukele se amparó el artículo 167 de la Constitución, pero los diputados dijeron que no había motivos para invocar ese precepto constitucional, que prevé la convocatoria a sesiones extraordinarias del Legislativo en caso de emergencias nacionales. Un préstamo y su discusión, no su aprobación de facto, no es emergencia, según varias ONG´s, analistas y expertos constitucionalistas.
Pero al mandatario le fue peor de lo que podría haber calculado, perdió el apoyo del dueño de la silla que usurpó, el presidente del Congreso, Mario Ponce, un férreo aliado y hasta vocero de los intereses de Bukele, quien no asistió a la Asamblea Legislativa, como lo había ordenado Bukele.
El mandatario ha llamado a una insurrección popular, apelando al derecho constitucional, y exigió la lealtad al Ejército, que lo apoya de manera absoluta. René Merino, ministro de la Defensa Nacional, emplazó a los militares a “obedecer al presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada en todas las ocasiones y riesgos, aún a costa de nuestras vidas”.
Bukele ordenó a sus simpatizantes a desplazarse hasta la sede del Legislativo y el despliegue de militares y policías, en un intento de presionar a los diputados para que aprueben los fondos. El mandatario gobierna con una Asamblea controlada por la oposición de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, nacido de la vieja guerrilla, a la que perteneció Bukele por varios años y quien le dió proyección nacional para que llegara a la presidencia de la República.
Nayib Bukele tomó el poder en primera vuelta en las elecciones de febrero de ese año con el 53,1% de los votos emitidos de un total de 2,733,178, menos del 50% de un padrón de 5,268,411. El apoyo popular que ha usado para impulsar un gobierno mediático.
Bukele ha desarrollado desde entonces una línea de gobierno populista y con tintes autoritarios, gobernando a golpes de tuits y enfrentándose a los otros poderes del Estado.
“Nuestro país es como un niño enfermo. Nos toca ahora a todos tomar la medicina amarga, nos toca ahora a todos sufrir un poco, tener un poco de dolor, asumir nuestra responsabilidad y sí habrá momentos duros, pero tomaremos decisiones con valentía y espero que me acompañen a defender esas decisiones”, advirtió en su toma de posesión.
La decisión de Bukele de invocar el “derecho a la insurrección” fue criticada el domingo por organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a las partes a dialogar y pidió respeto a las instituciones democráticas y el respeto a las leyes, incluyendo la independencia de los poderes del Estado, informó la agencia Reuters. En la misma línea se pronunció la Delegación de la Unión Europea en San Salvador, que a través de un comunicado pidió que la crisis se resuelva “de forma satisfactoria y pacífica”.
La tensión se mantiene en el país mientras diputados opositores hicieron un llamado a la OEA para que intervenga en la crisis y active los mecanismos establecidos en la Carta Democrática Interamericana frente a lo que han denominado como un “autogolpe”.
