“Este decreto es totalmente inconstitucional. Yo no voy a ser cómplice de la Asamblea Legislativa. Ellos tienen que hacer su trabajo, así que nosotros vamos a devolver este decreto vetado”, aseguró el presidente de la República, Nayib Bukele, en una conferencia de prensa el jueves.
Bukele aseguró que su decisión de vetar por “inconstitucional” la reforma a la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior, aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa obedece a que, según su criterio, se trata de un “adefesio” además de calificarla de “inconstitucional”.
En la nota enviada a la Asamblea Legislativa, el mandatario explica tres razones para emitir el veto: no permite el voto de alcaldes, impide la postulación de candidaturas de salvadoreños en el exterior y viola el derecho real del sufragio por el sistema de voto postal, algo que dijo, va en contra de la sentencia emitida en 2016 por la Sala de lo Constitucional.
La sentencia de la Sala de lo Constitucional a la que se refiere el presidente Bukele exige que el voto desde el exterior debía estar implementado de forma progresiva a más tardar en los comicios de 2021, “es decir no es progresiva después de 2021, sino progresiva hasta 2021”, aseguró Bukele.
El presidente de la República hizo un llamado a los diputados a crear un nuevo decreto que incluya los elementos solicitados por la Sala de lo Constitucional y aseguró que de ser así sería sancionado el mismo día que fuera recibido en la Casa Presidencial, además de mencionar que apoyaría que se realizara por la vía postal aún y cuando en la propuesta enviada por el Ejecutivo se contempla el voto electrónico.
Los magistrados han explicado en diversas entrevistas y programas de opinión de la “irrealidad financiera” de la aplicación del voto en el exterior debido a que no existe el presupuesto necesario, ni la financiación para preparar e implementar el voto electrónico, además, técnicamente no es viable el poder auditar la veracidad de ese tipo de voto.
La presidenta del TSE, Dora Martínez de Barahona, sostuvo ante periodistas que el uso de tecnología facilita el derecho al sufragio de la ciudadanía, sin embargo, se debe tomar en cuenta “la planificación, organización” para implementarse y “el tiempo para ello”. “Así mismo, contar con las disponibilidades presupuestarias y las proyecciones del órgano electoral para el proceso 2021, que ya está en marcha”.
Para el magistrado Noel Orellana, se necesita un estudio “muy responsable” para determinar, no solo la credibilidad de la modalidad de votación sino las condiciones y el tiempo disponibles. “Ya no es cuestión de conveniencia o no, se tienen que valorar aspectos de tiempo pero principalmente aspectos relacionados al financiamiento”, aclaró.
El magistrado Rubén Meléndez ve necesario un estudio para evaluar la modalidad electrónica, ya sea urnas electrónicas o voto por internet las que, aclaró, son cosas diferentes. “Uno de los temas a analizar es el tema presupuestario. Lo podemos llevar a cabo con el factor tiempo y, dos, el factor económico”, aseguró.
Por su parte, El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, tildó la semana pasada de “complicado” la posible adición de $20 millones para el voto en el exterior al presupuesto electoral, pero aclaró que podrían intentar un “esfuerzo” para determinar de donde podrían surgir los fondos, que no existen en el actual Presupuesto General de la Nación.
“No quisiera que se tuviera una preocupación latente sobre si existen los recursos o no existen, para el ejercicio 2020 vamos a hacer los esfuerzos”, dijo Fuentes a periodistas.
De otra manera, el ministro de Gobernación, Mario Durán, sostuvo en una entrevista televisada que “cueste lo que cueste” se tiene que implementar “un voto que facilite la democracia” y que “amplíe el sufragio a los hermanos en el exterior”, pero no dijo de dónde saldrían los fondos para hacerlo.
