Jueces y magistrados en materia penal pidieron a la Corte Suprema de Justicia que interceda ante el presidente Bukele para que se garantice el debido proceso en el país.
Tanto los jueces como los magistrados en materia penal dirigieron al presidente de la CSJ una carta en la que explican los atrasos que está produciendo la aplicación de una emergencia decretada en las cárceles como parte del Plan Recuperación Territorial.
los justiciadores aseguran que han tenido que suspender más de 300 diligencias judiciales, lo que podría violar derechos fundamentales.
Los jueces, que se reunieron de emergencia, le plantearon sus reclamos en una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda. En el escrito le pidieron que “interceda ante las autoridades correspondientes” para encontrar una solución a la problemática.
De acuerdo con los jueces y magistrados, la declaratoria de emergencia en los centros penitenciarios (que implica encierro total en las celdas, suspensión de visitas y bloqueo de comunicaciones) se mantiene a pesar de que algunos jueces de Vigilancia Penitenciaria solo han avalado la medida parcialmente. Contrario a lo que establece el artículo 24 de la Ley Penitenciaria.
La jueza Segunda de Vigilancia Penitenciaria revirtió la emergencia en Cárcel de Mujeres por considerar que la Dirección General de Centros Penales no le pudo justificar la suspensión de derechos de las internas en ese centro de reclusión.
Además, los jueces consideran que la emergencia en las prisiones no deben exceder el límite máximo de 15 días. Sin embargo, el Gobierno ha planteado que la medida es de tipo indefinido.
Esas dos condiciones hacen que la declaratoria, de acuerdo con el escrito de los jueces y magistrados, pueda considerarse ilegal.
Otro de los reclamos de los impartidores de justicia es que “no se ha diferenciado el estado de emergencia entre los reos comunes y los vinculados a crimen organizado, ni tampoco entre los distintos centros penales con diferente clasificación en el tratamiento penitenciario, lo que puede originar violaciones a derechos fundamentales en forma indiscriminada”.
El 21 de junio pasado, la Dirección General de Centros Penales anunció que había decidido decretar el estado de emergencia en todos los centros penitenciarios del país como parte del Plan Control Territorial anunciado por el presidente Nayib Bukele.
Con la medida, según las autoridades, se busca evitar que los cabecillas de pandillas recluidos en las prisiones pueden ordenar crímenes, como extorsiones y homicidios de particulares y de policías y militares
La Dirección de Seguridad Judicial de la CSJ da cuenta, según los jueces, que entre el 21 de junio y el 2 de julio de 2019 se han frustrado 369 diligencias judiciales (juicios, audiencias preliminares, anticipos de pruebas y otras). Un bloqueo que ha afectado a 504 reos.
Además de esas afectaciones, los jueces explican que también se han visto suspendidas las audiencias virtuales que realizan por videoconferencia “por denegatorias de extraer a los internos de los recintos y conducirlos a las salas correspondientes”.
