Juez quita calidad de “testigos criteriados” y ordena procesar a fiscales y empleados que mintieron en caso ‘Corruptela’

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La Jueza Séptima de Paz de Salvador ordenó que cuatro fiscales auxiliares y dos empleados de la Fiscalía General de la República (FGR) dejen de figurar como testigos criteriados en el llamado “caso Corruptela” y que continúen en calidad de imputados, tras confesar que mintieron y falsearon hechos, por órdenes del ex fiscal Douglas Meléndez.

La confesión judicial de estos fiscales y empleados administrativos de la FGR, de que se prestaron para actuar como testigos criteriados, mintiendo y falseando hechos para “construir” un caso penal, se ha convertido en el mayor reto que Raul Melara pueda enfrentar en los dos años y medios que le quedan como Fiscal General de la República, si no se dieran las condiciones para validar una reelección.

Con esa evidencia ha quedado claro que existen grupos de Poder al interior de la FGR a quienes el Fiscal Melara ha calificado como “manzanas podridas”, que no han sido controlados y que la mantienen sumida en una atolladero.

Los fiscales y empleados que renunciaron a la calidad de testigos criteriados, expusieron detalladamente, tanto en la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) como en dicho tribunal, la forma en que fueron amenazados y hasta “torturados” por un grupo élite de la FGR .

Según estos, las órdenes del ex fiscal Douglas Meléndez, eran mantener procesados al empresario Enrique Rais, al ex fiscal Luis Martínez y al expresidente Mauricio Funes.

Rais se ha visto obligado a residir en el extranjero, Martínez está siendo sometido a tratos inconstitucionales en el sector nueve de “Mariona” y Funes se encuentra asilado en Nicaragua. Otras 30 personas se encuentran procesadas en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, unas con detención provisional y otras con medidas cautelares y fianzas desorbitantes.

Las declaraciones en sede judicial de los fiscales y empleados administrativos se han convertido en una “Caja de Pandora”; en la medida que el nuevo fiscal Melara profundice en las investigaciones se irá dando cuenta de que las denuncias del mal proceder de algunos fiscales, comenzando por Meléndez, no eran invenciones de las víctimas o sus defensores, sino que tenían mucho de verdad.

También ha quedado demostrado que el uso inadecuado y abusivo de los famosos testigos criteriados, la utilización de escuchas telefónicas de manera ilegal, el evidente sesgo de las investigaciones a personas que “deben” ser destruidas política, social y empresarialmente, han sido costumbre reciente en el ente investigador del Estado y eso debe terminar.

Según expertos, el Fiscal General debería ordenar, de manera transparente, una auditoría urgente en la forma que se iniciaron casos como el llamado Rais-Martínez, Gumarsal y Chepe Diablo y como corresponde en derecho, a partir de los resultados, establecer si se han violado derechos constitucionales de los ciudadanos como la presunción de inocencia y su derecho a un debido proceso y a la justicia.

“No hay derecho, ni es justo, que el empresario Enrique Rais sea estigmatizado y tenga que que residir fuera del país, en desmedro de sus actividades familiares, empresariales y productivas; no es justo que con artimañas para beneficiar a sus competidores como MOLSA y Agro Petróleos de ALBA, le hayan quitado su patrimonio a los dueños de Gumarsal; no es justo que quienes se han aprovechado del Estado durante los últimos años, estén preparando maletas para evadir la ley y finalmente, no es justo que una Fiscalía destinada a ser garante de los intereses del Estado y de la sociedad, sea tenida como un árbol con tantas “manzanas podridas””, explicó uno de los abogados del empresario Enrique Rais que pidió el anonimato.

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