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CC suspende decisión del Gobierno chapín para finalizar acuerdo de Cicig

El fallo de la Corte establece que las autoridades denunciadas son “el Presidente de la República de Guatemala, Vicepresidente de la República de Guatemala, Congreso de la República de Guatemala, Ministra de Relaciones Exteriores; Ministro de Gobernación; Ministro de la Defensa Nacional; Consejo Nacional de Seguridad de Guatemala; Procurador General de la Nación; Fiscal General y Jefa del Ministerio Público.

A esas instituciones, la CC les exhorta a que en el ámbito de sus competencias instruyan a funcionarios y empleados de esas dependencias a su cargo para que faciliten el debido funcionamieno de la Cicig.

El fallo fue aprobado por la mayoría de quienes integran el Tribunal. La magistrada presidenta, Dina Josefina Ochoa Escribá, presentó voto razonado disidente, detalla el comunicado de la CC. Emitieron voto a favor Gloria Porras, Boanerge Mejía, Francisco de Mata Vela, contra quienes la Procuraduría General de la Nación pidió un proceso de antejuicio, y Neftalí Aldana.

Los amparos que conoció y resolvió la CC fueron planteados por los ciudadanos Manfredo Roberto Marroquín, Marco Vinicio Mejía Dávila, Miriam Catarina Roquel Chávez, Helen Beatriz Mack Chang, Rodilio Barbelí García Orozco, Roselín Eunice García Bautista, Rodilio Alberto García Bautista y Mauricio Rodbelí García Bautista.

El amparo se hizo público público a través de un comunicado a las 5 horas de este miércoles. Los magistrados sesionaron para discutir este asunto desde las 20.45 horas del martes.

Antecedente

El martes último, el tribunal dio trámite a ocho de nueve amparos presentados en única instancia y dio tres horas a la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y al Congreso para que entregaran informes circunstanciados. Las acciones fueron presentadas dos por el abogado Alfonso Carrillo, Acción Ciudadana, el procurador de los Derechos Humanos, Marco Vinicio Mejía Dávila, Carlos Bezares, Helen Mack y otro que se desconoce quien lo presentó. Además, el abogado Alejandro Balsells presentó una acción de inconstitucionalidad.

La decisión del presidente Jimmy Morales de dar por terminado de manera unilateral con la Organización de las Naciones Unidas se hizo oficial el martes último mediante un acuerdo gubernativo publicado en el diario oficial. Un día antes lo hizo público la canciller Sandra Jovel en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.000000000000000

Cabe recordar que los tres magistrados Boanerge Mejía, Gloria Porras, José de Mata Vela fueron denunciados por el procurador general de la Nación, Jorge Luis Donado, y la solicitud está en la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados deberán decidir si le dan trámite, con lo cual pasaría al Congreso, o lo rechazan.

Los amparos

El primero de ellos fue presentado por el abogado Alfonso Carrillo, en contra de la decisión presidencial de dar por terminado el acuerdo con ONU respecto a la creación de la Cicig.

El abogado indicó que la Cicig fue constituida a través de un tratado internacional en materia de derechos humanos, denominado “acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala para el Establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)”, decisión que el Congreso aprobó.

Por aparte, el Estado de Guatemala asumió la obligación, de conformidad con el acuerdo de la Cicig y con el artículo 149 de la Constitución Política, de acatar ciertos deberes y facilitar el funcionamiento de la Comisión dentro del territorio nacional.

Edie Cux, abogado de Acción Ciudadana (AC), presentó ante la CC en horas de la noche del lunes un amparo en el que demanda la destitución de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y que se le certifique lo conducente al presidente Jimmy Morales después del anuncio de poner fin unilateralmente al acuerdo de creación de la Cicig.

Cux agregó que se incumplen normas de derfecho internacional para la terminación.  Además, que la decisión del presidente es autoritaria y fuera del marco legal vigente, con el objetivo de que la CC declare su improcedencia y anule lo actuado.

“En una actitud de flagrante desobediencia y violación de las leyes del país, el presidente ha dado por terminado el acuerdo de creación de la Cicig. Es deber de las instituciones garantes del estado de Derecho en el país restablecer el orden legal y tomar las acciones legales correspondientes contra los infractores, incluyendo el presidente y los miembros de su Gabinete”, señaló Cux.

Tercer amparo

Horas después, siempre el mismo lunes, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, presentó otro amparo.

“El acuerdo que dio vida a la Cicig es en materia de derechos humanos y vemos con preocupación cómo parece más un mecanismo de autoprotección a él -Jimmy Morales- y a su grupo aliado político y económico. No podemos permanecer como espectadores ante este otro golpe al estado de Derecho”, dijo Rodas.

Un cuarto amparo fue interpuesto este martes por Marco Vinicio Mejía Dávila  ante la CC en contra del presidente.

Mejía Dávila ha manifestado que fue profesor universitario de Morales y que, de ser su alumno de nuevo, lo reprobaría del curso de Derecho Constitucional.

El abogado indicó que la acción presentada se debe a que la disposición del mandatario es ilegal, debido a que el acuerdo de creación de Cicig fue aprobado por el Congreso a través de Decreto 35-2007 y con el voto favorable de más de las dos terceras partes de diputados. Por lo que solo este organismo puede derogarlo.

El profesional también argumenta que el convenio entre Guatemala y Naciones Unidas no estipula nada sobre su denuncia, retiro o suspensión, por lo que estará en vigor hasta septiembre de 2019 cuando finalice el mandato acordado, como lo ha anunciado el secretario general de la ONU.

El quinto amparo fue presentado por el abogado Carlos Bezares y Aníbal García, como integrantes del grupo político Libre. El amparo es en contra del acuerdo gubernativo 2-2019, en el cual el Ejecutivo oficializa el fin del acuerdo de Cicig.

“El acuerdo es violatorio de las normas internacionales de derecho público, no se respetó el procedimiento de denuncia de tratados contenido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, asimismo irrespeta el artículo 149 constitucional y el propio procedimiento que debería de tener la política exterior guatemalteca”, dijo Bezares.

El profesional agregó que “si bien es cierto el presidente tiene la facultad constitucional, esta está limitada dentro de la misma Constitución y tuvo que haberle pedido al Congreso autorización para depositar la denuncia”.

Acción de inconstitucionalidad

En horas de la noche de este martes, el abogado Alejandro Balsells se presentó a la CCpara presentar una acción de inconstitucionalidad contra la decisión del presidente Jimmy Morales de finalizar el mandato de la Cicig, y que además, se publicó hoy en el diario oficial.

“Es una situación muy triste y preocupante la que está sucediendo en Guatemala”, dijo el abogado a Guatevisión a su salida de la sede de la Corte.

Denuncia penal

Mientras tanto, el partido político Winaq presentó una denuncia penal en contra de Morales y los ministros de Gobernación, Enrique Degenhart, y de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, por las acciones emprendidas en contra de la Cicig.

Mientras los dirigentes y simpatizantes participaban en una conferencia de prensa, el abogado particular Raúl Antonio Marroquín les gritó que eran “izquierdistas”. Eso desató un intercambio de palabras de las personas ahí reunidas y el abogado, que explicó que llegaba a una diligencia privada, pero le molestó ver a las personas poniendo la acción en contra de los funcionarios. El incidente no pasó a más.

La acción penal se presentó en la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público, misma que decidirá a que fiscalía será enviada.

Accionan contra el MP

El abogado Raúl Falla presentó una denuncia penal en contra de María Consuelo Porras, fiscal General, y un grupo de fiscales por considerar que pertenecen a un grupo delictivo.

“Comparecemos para promover denuncia penal en contra de un grupo delictivo organizado u organización criminal, integrado por la fiscal general, María Consuelo Porras y los fiscales Stuardo Campo Aguilar, Henry Tesen Valle, Mike Eltón Ordoñez Puac”, señala Falla.

Todos son denunciados por los delitos de: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, violación a la constitución, resoluciones violatorias a la constitución, sedición, traición, asociación ilícita y conspiración.

La denuncia se trasladada a una fiscalía luego de que la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público analice si llena los requisitos establecidos.

También fue denunciado el procurador general de la Nación, Jorge Luis Donado, la acción fue presentada por la Alianza por las Reformas, por los delitos de usurpación de atribuciones, obstaculización a la acción penal, violación a la Constitución y abuso de autoridad.

Los denunciantes consideran que Donado tomó atribuciones que no le corresponden al denunciar a tres magistrados titulares de la CC: Boanerge Mejía, Gloria Porras y Francisco de Mata Vela. Se desconoce que fiscalía conocerá la denuncia.

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