Denuncia Pública de Plan Maquiavélico – Campo Pagado

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YO, ENRIQUE RAIS, denuncio que durante los últimos 2 años me he visto sometido a una persecución penal  ilegal, fabricada y arbitraria por parte del Fiscal General de la República, sin explicación alguna a excepción de los oscuros intereses económicos del Señor Salume.  Como consecuencia de esos oscuros intereses económicos pretende tomar el control del negocio de los desechos sólidos.

Siempre he manifestado que ese es el trasfondo del caso penal que han fabricado en mi contra, para librarme una orden de detención ilegal y así impedirme a  participar en la negociación de los nuevos contratos de disposición final de la basura con las alcaldías, hoy finalmente ha quedado totalmente al descubierto.   Por tanto DENUNCIO PÚBLICAMENTE:

Al Señor SALUME: Propietario del Botadero en el Puerto de La Libertad; al Alcalde de Santa Tecla, Roberto D’aubuisson y al Fiscal General, Douglas Meléndez, quienes se han coludido para construir este Plan Maquiavélico que han puesto en marcha, para quedarse en su totalidad con el negocio del tratamiento, manejo y disposición final de los desechos sólidos, contrato ya firmado, cediendo todos los equipos, camiones recolectores y todo la maquinaria de la  que era propietaria la alcaldia de Santa Tecla pagándoles además la seguridad por medio del CAM, para que cuiden estos equipos ahora propiedad de la empresa Colombiana, Ahora La alcaldía pagará a dicha empresa por utilizar lo que antes era la propiedad de la Alcaldía De Santa Tecla .

Lo primero que hacen es fabricarme un caso penal, en el que me acusan de los delitos de Cohecho Activo, Falsedad Ideológica y Fraude Procesal; y para establecer los cargos penales en mi contra, hacen valer pruebas falsas, sobre intervenciones telefónicas en las que ha sido declarado y reconocido judicialmente que jamás existió autorización judicial con respecto a mi persona; en la cual después de toda la exhaustiva investigación y comprobación de mis abogados, la Fiscalía a través de la Agente Fiscal a cargo, Mayra Raquel Guerra de Quintanilla ha reconocido que el número de teléfono con el que supuestamente me vincularon en la acción penal es de otra persona y que no existe registro de la supuesta llamada de los hechos acusados. Sin embargo, esas pruebas que son falsas y que constituyen fraude procesal, me mantienen con una detención ilegal que me imposibilita ejercer plenamente mi defensa material, y ¿por qué? Precisamente porque el fin siempre fue que yo no participara en la negociación de los nuevos contratos con las Alcaldías, que representan una suma millonaria de dinero.

Este Plan Maléfico quedó totalmente, descubierto cuando esta semana el Alcalde D’Aubuisson informó de la privatización de los servicios públicos de recolección y disposición final de la basura. Y es que el Alcalde de Santa Tecla, con insistencia manifestó que el problema con el contrato de MIDES, es que no les permitía realizar reciclado y reutilización de la basura; sin embargo, acaba de firmar un acuerdo para entregar el control total de la basura que se genera en el municipio por VEINTIÚN AÑOS, con lo que además de dejar a cientos de familia sin el sustento diario, empeñó a (7) SIETE FUTURAS ADMINISTRACIONESel destino financiero de Santa Tecla, al grado que ha entregado hasta los camiones recolectores a la nueva Sociedad y ahora la municipalidad va a pagar por la recolección y uso de su propia flota vehicular. Pregunto Señor Fiscal ¿Esto no debería estar siendo investigado de su parte, son fondos públicos y son bienes municipales, que se están poniendo en manos privadas? ¿No es esto el más descarado caso de corrupcion de un funcionario publico? desde ya que sea esto una verdadera  “ Noticia Criminis “

Y para poder completar su fin, el Alcalde de Santa Tecla, crea una situación de impago por los servicios de disposición final de desechos que le presta MIDES y así encuentra una excusa para depositar la basura en el Botadero del Puerto de La Libertad, del Señor SALUME, que NO TIENE PERMISO AMBIENTAL DE FUNCIONAMIENTO. Pero a pesar que se está cometiendo el delito de CONTAMINACIÓN AMBIENTALAGRAVADA, eso no le preocupa al Fiscal General, que también dejará sin investigación este hecho lamentable que afecta la salud de las familias que residen en las comunidades vecinas al Botadero.

Por estos motivos, me fabricaron un caso penal, que ha sido desbaratado en todas sus pruebas falsas; y ahora ante la imposibilidad de seguir sosteniendo esa mentira, crean una noticia a través de la relación del Señor SALUME, con la Embajada de Estados Unidos de América; utilizando la misma Fundación que emplean para atacar a los competidores que quiere apartar del mercado y los mismos medios periodísticos impresos y digitales que responden a los intereses mezquinos y desleales del Señor SALUME; crean una noticia con el objetivo de lograr que se me incluya en la lista de sancionados en aplicación de la “Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos –Magnitsky Act-”

Al revisar la forma en que están procediendo contra mi persona, queda claro que se están utilizando la misma estrategia que les funcionó por corto tiempo  en perjuicio de Adán Salazar y de Gumarsal, a quien por medio de presiones efectuadas por una línea de acción de un pseudo periodista, que es capaz de destruir el honor y la vida de cualquier persona por dinero; y que se mueve en esferas diplomáticas; que es el mismo periodista que tiene por encargo atacarme y difamarme. Y es que al Señor Salazar, lo incluyen en la lista de Nacionales y Personas Especialmente Designadas de acuerdo a la Ley contra los cabecillas de carteles (Kingpin Act) y posteriormente al descubrir que todo era una falsa noticia fue retirado de esa lista, no obstante es procesado penalmente y aplicado sobre sus empresas la Inconstitucional ley de  Extinción de Dominio, especialmente sobre GUMARSAL, por haberse metido a competir en el mercado de las harinas, como una sana competencia contra el Señor Salume .

Precisamente, el objetivo de los señalamientos falsos con los que pretenden que mi persona sea sancionado por la Ley Magnitsky, tiene como meta, que las noticias creadas, sean retomadas fielmente por el Fiscal General, para iniciar un proceso de Extinción de Dominio y así arrebatarme la propiedad de MIDES, ponerlo en administración del CONAB, y de esa manera lograr el control total del negocio del manejo, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos; ya que el Señor SALUME, con su botadero a cielo abierto no puede cumplir de ninguna forma, con la demanda de gestión de la basura de las municipalidades que deben renovar contratos en el año 2019. Así estarían cerrando el ciclo de una CONFISCACIÓN DE MI EMPRESA DISFRAZADO EN LA APARIENCIA DE UN PROCESO LEGAL.

Yo, jamás me daré por vencido,  pelearé hasta mi muerte por defender la verdad y la justicia y les recuerdo que en los Estados Unidos de América, no hay delito más grave que mentir a una autoridad pública. Es una mentira tan evidente pues, YO NO SOY, NI HE SIDO FUNCIONARIO PÚBLICO, NO HE ADMINISTRADO FONDOS PÚBLICOS, NO HE COMETIDO VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS, POR EL CONTRARIO SOY VÍCTIMA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS; tampoco soy socio accionista, ni tengo relación comercial, empresarial, acuerdos de negocio, financiamientos, en mi carácter personal, por parte de MIDES, S.E.M. DE C.V., o cualquiera de mis otras empresas, con JOSÉ LUIS MERINO, y se me pretende vincular a él, solamente para poderme aplicar una ley, que de lo contrario no podrían utilizar en mi contra.

Finalmente, ratifico que he contratado abogados en Washington para que preparen y presenten en los próximos días denuncia  por violación de Derechos Humanos cometidos contra mi persona, por el Fiscal General, Douglas Meléndez, por intervención ilegal de mis telecomunicaciones, fabricación de casos penales y abuso de autoridad para continuar una persecución penal arbitraria para dañarme. Sólo le recuerdo Señor Fiscal, que le quedan 153 dias de poder, pero la verdad tarde o temprano sale a la luz. Y sobre los hechos que usted ha juzgado, también será juzgado.

Enrique Rais

Por medio de Lic. Rafael Hernán Cortez

Apoderado General Judicial