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Las redes sociales: el riesgo lo aumentamos nosotros

La Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC) está investigando a Facebook por vender información del perfil de unos 50 millones de usuarios a una empresa de análisis de datos vinculada a la campaña electoral del ahora presidente Donald Trump. DW habló sobre el tema con el abogado especializado Pedro Vaca Villarreal, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con sede en Bogotá, Colombia.

¿Se está vendiendo la “democracia digital” al mejor postor o hemos olvidado que Facebook es una empresa con fines de lucro?

Pedro Vaca Villarreal: La democracia ha aumentado exponencialmente en internet, si se comparan con las elecciones de cuando no existían las redes sociales. A pesar de los problemas, las ventajas son mayores que las desventajas. Estamos en una etapa de adaptación, de aprendizaje.

Pero lo que estamos viendo es que empresas como Facebook, Google y Twitter resultan influyendo el debate político y hasta las decisiones electorales…

La consecuencia de esto no es poner en cintura la libertad de expresión, sino a los candidatos y sus campañas que tienen que ser mucho más transparentes en todas sus operaciones, incluyendo aquellas en redes sociales. Los candidatos a campañas políticas en América Latina tendrán que ponerse en cintura sobre la compra de información, la siembra de contenidos falsos o el contrato a terceros para acciones que influyan en el debate público. La transparencia no solo tiene que ser análoga sino digital.

Los candidatos pueden aparecer limpios, pero utilizan plataformas que permiten la difusión de mentiras sobre sus contendores. Usted habla de “transparencia activa”. ¿En qué consiste?

También las plataformas de redes sociales tendrían que rendir un informe de transparencia. Conocer los flujos de dinero recibidos por Facebook, durante una campaña electoral, es tan importante como revelar los gastos en publicidad de los partidos en contienda.

¿Cómo esperar transparencia financiera si empresas como Facebook y Google tienen sus sedes en Irlanda, que les permite operar casi sin ni siquiera exigirles el pago de impuestos?

La gobernanza y jurisdicción de internet son temas clave, pero aún no están resueltos. Usamos redes como Facebook que adolecen de la jurisdicción de un país específico. No todos los países poseen el poder para enfrentar jurídicamente a estas plataformas. La gobernanza de las redes podría ser asumida por Naciones Unidas, por ejemplo.

El Parlamento Europeo ha citado a Zuckerberg a aclarar su negocio con nuestros datos, pero el ministro de Irlanda busca frenar la iniciativa.

Si la UE no logra poner en cintura a estas empresas, menos lo van a lograr países solos…

Repito. Al único al que NO hay que poner en cintura es al ciudadano. La libertad de expresión puede terminar siendo restringida si la regulación de las plataformas de redes sociales se excede. A los que se tiene que poner en cintura es a los partidos y candidatos, que tienen que someterse al escrutinio público. Los usuarios tienen que saber cuáles son los contenidos pagados por un político o un partido.

En Argentina, Colombia, México ha habido funestas experiencias de “hackeo” de datos para dañar a contrincantes políticos, jueces, periodistas y líderes sociales. ¿Es este un nuevo nivel de una guerra política con armas digitales?

Esto supera lo político. La privacidad es uno de los grandes desafíos actuales de la democracia. La información de los usuarios, de los políticos y de los asuntos públicos es vulnerable. Esto puede cambiar el rumbo de las elecciones democráticas y afectar la garantía de derechos.

Hay Gobiernos occidentales que compran software de hackeo a empresas occidentales. El tema es tan sensible que Naciones Unidas creó una relatoría para la privacidad de la información.

¿Subestiman el ciudadano – y algunos Estados – el poder de la información que ellos mismos publican?

Desde la vida de un adolescente hasta los hilos conductores de un país pueden terminar en manos de terceros. La paradoja es que andamos con acceso permanente a internet, que nos facilita muchas cosas, pero somos “analfabetos mediáticos” en lo que eso implica: muchos dejan huellas de todo su camino porque van con su GPS activado, y se quejan de “noticias falsas” pero no saben identificarlas. Se masificó internet, pero no una guía de su uso consciente y responsable. Ojalá los ministerios de educación estén diseñando programas de instrucción.

¿Cuál es la importancia de medir el efecto de lo que publicamos?

La extracción de data, la parametrización comercial, política y social pueden llevar a casos extremos de discriminación laboral. El almacenamiento de información puede ir en contravía del ejercicio de los derechos de las personas. Ni las plataformas de redes sociales deben poder usar la información de los usuarios para permitir la discriminación ni nosotros debiéramos publicar nada que luego vulnere nuestros derechos. Un adolescente que sube una foto en la que se le ve fumando marihuana durante una fiesta, puede sufrir las consecuencias de ese acto 10 años después, cuando se le niegue un empleo o sea despedido por ello.

*Pedro Vaca Villarreal, abogado, director ejecutivo de la FLIP
Magíster en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene experiencia en la asesoría y representación de víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos en jurisdicciones penal, constitucional y ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ha participado y estudiado las investigaciones sobre garantías para el ejercicio del periodismo, la libertad de pensamiento, expresión, opinión y los derechos de acceso a la información pública y la transparencia judicial.

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