Activistas emplean violencia contra mina San Rafael en Guatemala

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La falta de una sentencia de la Corte de lo Constitucional de Guatemala está favoreciendo que los activistas sociales de la zona minera de Santa Rosa y otros lugares del país, se convierta en lugar de violencia de imprevisibles resultados para economía y el orden social de ese país centroamericano.

Las manifestaciones del pasado miércoles, cuando un grupo de violentos liderados por reconocidos activistas es prueba de ello. Prensa Libre, uno de los más importantes medios periodísticos guatemaltecos, hizo una importante crónica de los motivos y razones que si no son modulados por la CC  podría acarrear graves consecuencias de carácter económico social a Guatemala. Por lo general el dilema de las sentencias constitucional es decidir los valores entre derechos subjetivos y derechos objetivos.

La retención del británico David Howe, gerente de país de Tahoe Resources y vicepresidente de Operaciones, así como de Camilo Medina, gerente de Relacionamiento de la minera, no es la primera de las señales pero sí una de las más graves. Los empresarios se dirigían a realizar labores de responsabilidad social,  tal como lo establecen las leyes del país y las modernas conductas del manejo empresarial.  El hecho se produjo cuando un grupo armado de pobladores les bloqueó el paso y le pinchó los neumáticos, según lo informó Andrés Dávila, vocero de la  Minera San Rafael.

Ambos ejecutivos viajaban por la zona donde fueron  interceptados  reunirse con un grupo de cafetaleros con quienes se encuentran impulsando proyectos comunitarios.

Los pobladores no dejaban pasar a los ejecutivos, con el argumento de que están en desacuerdo con la mina y con la presencia de sus personeros, porque por orden judicial “no debe estar operando”, dijo Quelbin Jiménez, abogado del Parlamento Xinca.

La Embajada del Reino Unido  dijo que dio “asistencia consular a un ciudadano británico en Guatemala”,  refiriéndose a Howe,  y además  se puso  en contacto con  autoridades locales, dijo   Eduardo Smith, oficial de prensa.

La Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría de Derechos Humanos mediaron para que fueran liberados los cautivos.

“La retención de personas solo agudiza  la situación de la empresa y de quienes están generando fuentes de trabajo” , expresó Alfredo Gálvez, vocero de la Gremial de Industrias Extractivas, quien resaltó que la falta de  una sentencia de la CC agudiza la tensión en la región.

Indicó que  Honduras, México y Nicaragua están ofreciendo  más  seguridad ciudadana y certeza  jurídica para ese sector de la economía, por lo que peligra la inversión en el país. Aunque Guatemala tiene potencial, “mientras  el Estado no cumpla con su deber  se  va a seguir siendo un país pobre”, agregó Gálvez.

En el sector minero el efecto es que se está regresando a los niveles del 2004, cuando esa actividad solo aportaba al año unos Q200 millones a la economía, señaló Gálvez, al explicar  que  casi solo van quedando licencias de materiales de construcción.

El Escobal, donde está instalada la mina San Rafael, representa uno de los depósitos de plata más grandes del mundo, porque tiene reservas calculadas en 367 millones de onzas de ese metal precioso, explicó Gálvez.

A la mina Marlin, en San Marcos, que cerró producción el año pasado, se le habían estimado reservas por  2.5 millones de onzas de oro y 300 millones  de plata, agregó Gálvez, quien es gerente de Goldcorp Guatemala,  propietaria de ese proyecto.

“Esperamos que no pase lo que sucedió en la mina Marlin, que decidió no ampliar su inversión y se va del país porque no se da seguridad”, agregó.

Antes de que se produjera esa retención ayer, el presidente Jimmy Morales expuso en una actividad de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham)  que, “a pesar de  decisiones que se han tomado en algunas Cortes”, el producto interno bruto (PIB) creció  2.8%  el año pasado, pero que si “tan solo le sumáramos el 0.6% que representa la mina San Rafael, estaríamos llegando al 3.5%”

Por tercera ocasión en la semana, sectores presentaron un memorial pidiendo a la Corte Constitucional que resuelva los amparos sobre el caso, cuya vista pública se efectuó en octubre del 2017. Ayer, los proveedores de la mina San Rafael presentaron un  memorial  que, según el representante Álvaro Zebadúa, es para pedirles una explicación a los magistrados y que emitan un fallo en ese caso. La mina está suspendida desde el  5 de julio del 2017.

El abogado del Parlamento Xinca, Quelbin Jiménez, también explicó que la población ya les había advertido a los personeros de la mina que no quieren que ingresen en sus comunidades, pero negó que se les haya agredido o que  se usó violencia. En la zona donde opera la mina San Rafael existe poca evidencia de que hayan vestigios de la cultura Xinca.

Los ejecutivos de San Rafael calificaron los atropellos de este jueves como una violación a las garantías constitucionales.

Los revoltosos, cuyos líderes no pertenecen al área geográfica donde opera la mina San Rafael, aseguran que es la empresa la que los provoca al tratar de pasar por sus territorios.

“Están pidiendo  que todos los vehículos de los personeros de la empresa dejen de circular en esos territorios”, dijo Jiménez. No obstante, evitó referirse al derecho constitucional de locomoción.  Recordó que  hay una resolución  judicial que suspendió las operaciones de la mina.

Con la mediación de la PDH se firmó un acta ayer en la cual ambas partes asumieron compromisos, agregó el abogado.

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