La fuerte presión de activistas de los derechos de la población homosexual en Costa Rica ha ido dando resultados pequeños, avances progresivos, pero ninguno como el de este martes, al hacerse público el fallo de un juzgado que reconoce como unión de hecho a una pareja de dos hombres. Cristian Zamora y Gerald Castro son, por tanto, los primeros jóvenes en Centroamérica en recibir reconocimiento estatal como pareja, de acuerdo con la resolución de un juez de familia que se basó en un resquicio legal de una ley sobre juventud.
La noticia fue recibida con algarabía por los grupos de activistas y la parte de la población que simpatiza con un tema de importancia creciente en la discusión política, pese a la fuerte oposición de la influyente Iglesia Católica y de los compasivos y activos grupos cristianos evangélicos. Ha caído como agua de mayo para el movimiento que se viene abriendo paso y que este mismo año logró que la Caja Costarricense del Seguro Social (entidad estatal autónoma que rige el sistema de sanidad pública) emitiera el primer seguro familiar a la pareja de un homosexual.
El Gobierno de Luis Guillermo Solís (centroizquierda) ha establecido también decretos para ordenar el otorgamiento de licencias por enfermedad de la pareja del mismo sexo, y los colegios profesionales poco a poco van entregándoles carné familiar. Los pasos han ido más allá de la iza de la bandera de la diversidad sexual, un gesto polémico que llevó tantas loas como críticas al presidente Solís, quien celebró el fallo judicial favorable a Cristian y Gerald.
Este fallo judicial se vale de un artículo contenido en la ley de la Persona Joven, reformada en el año 2013 sin que se advirtiera el camino que se abría para parejas del mismo sexo, mientras el proyecto de la ley específica para darles validez legal está trabado entre intensas presiones en sede legislativa. Un bloque de cuatro legisladores evangélicos llevan la bandera conservadora que también defienden, con más o menos fuerza, otros diputados contra el reconocimiento de las uniones del mismo sexo, el matrimonio entre ellas, la fertilización in vitro (FIV), el aborto o cualquier otro tema sensible para el dogma de la moral cristiana. Costa Rica, además, es un país confesional católico, pese a intentos de aprobar una reforma constitucional que le dé carácter laico.
Un resquicio legal
En medio de esa discusión política, mediática y desde los púlpitos, algunos han tomado caminos alternativos y silenciosos. Ese fue el caso de Cristian y Gerald, cuyo abogado, Luis Álvarez, definió el caso como un hito en el país. “El caso surgió porque ellos no pudieron acceder a un crédito como pareja. Hubo discriminación y desde entonces se inició esta lucha, que hoy concluye con el reconocimiento de garantías patrimoniales y en salud”, dijo el abogado a los medios de comunicación.
La pareja, que lleva 12 años conviviendo, podrá acceder por fin a créditos mancomunados, heredar entre sí y tener derecho a custodia hospitalaria y de bienes, como cualquier otra unión civil, pese a la opinión del obispo católico Francisco Ulloa, de la diócesis de Cartago (este de San José). “Las uniones de hecho no deberían tener nunca los mismos derechos que una pareja tradicional”, dijo a la prensa local.
Estos derechos, sin embargo, no son extensibles a todas las parejas no heterosexuales, pues depende de fallos judiciales en otros juzgados y de apelaciones que sectores opositores ya han anunciado, aunque el abogado Álvarez aseguró al diario digital ameliarueda.com que esta resolución no es apelable.
