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LA INDUSTRIA DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

Por Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra.- Lo que nació como aplicación extraterritorial de la Ley, en derivación universal del principio Real o de Defensa y de la Justicia Transicional, para evitar los Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, juristas como Almudena Bernabéu y Baltazar Garzón, lo han convertido en  industria transnacional la cual, aprovechándose de las víctimas de los conflictos internos, inicia persecuciones mundiales que deja en ganancia, millones de dólares, que se diluyen en honorarios consumidos desde las entidades locales, hasta la  controladora  (Holding) Center for Justice & Accountability (CJA), que litiga, sin relación aparente, en diferentes continentes; desde una perspectiva política manipula, para crear cambio en las leyes y litigar luego en base a estas que ya les son favorables. Las querellas de los Casos Hermanas Serrano Cruz, Jesuitas y Mozote, son casos, de este inconmensurable negocio.

En la página web de la CJA,  puede leerse la querella iniciada contra los Generales Eugenio Vides Casanova y José Guillermo García, en los Estados Unidos; pero no menciona, la condena en daños civiles por $ 53,000,000.00 que serán pagados por el Estado de El Salvador y que, será el CJA el encargado de administrar, cuando se haga la reclamación respectiva, en base a lo establecido por la Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.

En el Caso de las Hermanas Serrano Cruz, patrocinado por el IDHUCA, para que se pudiese ganar,  el Estado de El Salvador, por instrucciones de Mauricio Funes, ordeno aceptar los cargos, lo cual derivó en  condena contra el Estado de El Salvador por $ 33,000,000.00 que ya  el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha ido pagando, hasta con la reasignación de los recursos del impuesto a la seguridad, que pesa sobre la telefonía.

La querella en España, ha exigido como fianza, para asegurar la reparación de daños a los implicados en el Caso Jesuitas: $ 75,330,560.00 y, en caso de condenar al Coronel Inocente Orlando Montano, deberá pagarse, un mínimo de $ 3,766,528.00 en concepto de indemnización y, al no poder el acusado satisfacerlo, recaerá subsidiariamente, sobre el Estado de El Salvador.

CEJIL (Justicia y el Derecho Internacional),  es el operador latinoamericano de dicho negocio y, como centro físico y logístico de éste, para El Salvador, es la UCA, tanto que, Benjamín Cuellar pasa, de dirigir el IDHUCA, al Consejo Directivo del CEJIL. Las diferentes querellas: por las Hermanas Serrano Cruz, Casos Jesuitas, Mozote, Calabozo y más de 80 denuncias, son presentadas por querellantes relacionados con el IDHUCA y la  UCA. La Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía,  fue propuesta por Abogados relacionados con FESPAD y la UCA.

Usase  la presión de la Unión Europea o de la OEA y la ONU- que apoyan, a estas entidades – para crear legislación ad hoc, usando como bandera la justicia y a la víctima. Esta industria es tal, que no sería raro que varios Magistrados y políticos, que hoy se ven favorables a los Derechos Humanos y que, han favorecido la Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, al cesar en sus cargos, se incorporen a estas entidades, como lo ha hecho el Lic. David Morales, participando de este jugoso negocio.

Salvador Sánchez Cerén, favorece el trabajo de estas entidades, para cubrir la responsabilidad del FMLN, sobre los Crímenes de Lesa Humanidad, que este cometió.

Si no se está dentro de dicho negocio,  cualquier querella o Aviso  no prosperará,  pues carece de estructura política favorable, en detrimento de las verdaderas víctimas. La Justicia debe  alcanzar a todos y ser gratuita: no es válido buscarla con fines económicos, pues el Derecho busca la armonía social y, no fue concebido, en el seno de la  República Romana, para el enriquecimiento personal y la manipulación política.

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