El plazo de instrucción, ampliado de seis meses a un año, en el caso Rais-Martínez, venció el pasado 30 de septiembre de 2017 sin que ni la Fiscalía General de la República ni la parte querellante, representada por la licenciada Bertha Deleón, aportaran las pruebas ofrecidas al tribunal que conoce del caso, informaron los abogados de la defensa José David Campos Ventura y Hernán Cortez.
Hernán Cortez explicó, que el artículo 355 del Código Procesal Penal establece que “el fiscal y el querellante, podrán proponer hasta cinco días después de concluida la instrucción” la acusación, el sobreseimiento definitivo o provisional lo que no hizo la fiscalía ni la querellante Bertha Deleón en representación de Claudia Herrara.
El abogado José David Campos Ventura, por su parte, aseguró que el plazo para acusar formalmente a su patrocinado ya caducó, por lo que junto con el abogado Hernán Cortez, solicitaron este día que el Juez 8° de Instrucción, Mario Mira Montes, declare “abandono de la querella, en este caso la abogado Bertha Deleón en representación de Claudia Herrera, por falta de acusación en el término de ley”.
En estos casos el citado artículo del Código Procesal Penal manda al juez del caso a llamar al fiscal superior, en este proceso es el licenciado Will Walter Ruiz Ponce en su calidad de jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, quien dispone de tres días para presentar el dictamen de acusación extemporáneamente.
El abogado Hernán Cortez destacó que “el nuevo retraso se suma a otros que ha tenido la Fiscalía en este proceso” y trajo a la memoria que en marzo del presente año la representación fiscal pidió al juéz Mira que prorrogara por seis meses del señalado en la etapa de instrucción alegando que necesitaban otros seis meses para reunir pruebas.
Además de la situación que produce el abandono de la querella, los abogados de Rais insisten en que el juicio contra su cliente desde un principio adolece de nulidad debido a la utilización de pruebas, según ellos obtenidas por medios ilícitos afectando el principio de legalidad de la prueba.
La ley estipula que carecen de valor aquello elementos de prueba obtenidos en virtud de una información originada en un procedimiento o medio ilícito.
