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Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.

Guatemala: Empresarios piden bienes robados por corrupción gubernamental

GUATEMALA (Agencias/DL) — El empresariado guatemalteco pidió el jueves al presidente Otto Pérez Molina que antes de dejar su mandato restituya los bienes sustraídos por funcionarios mediante hechos de corrupción.

“Que el presidente deje el cargo dentro de un día, dentro de un mes o el 14 de enero (de 2016, fecha en que termina su mandato), que con claridad se restituyan los bienes y los fondos sustraídos”, dijo en conferencia de prensa Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.

Los empresarios llamaron a las autoridades a que cuanto antes apliquen la ley de extinción de dominio a los funcionarios, ex funcionarios y particulares que están siendo investigados y procesados por hechos de corrupción y que “no puedan explicar la procedencia legal de sus capitales y propiedades”.

“La institucionalidad del país no está vinculada a la permanencia en su cargo de quien ejerce las funciones de la presidencia de la república”, agregó.

Guatemala vive una crisis política e institucional desde el 16 de abril cuando la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad desarticularon una red de defraudación millonaria al fisco, liderada supuestamente por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, que aunque negó su participación debió renunciar al cargo.

La Fiscalía y la Comisión, un ente de Naciones Unidas que investiga cuerpos ilegales y del crimen organizado incrustados en el Estado guatemalteco, revelaron que empresarios pagaban sobornos a funcionarios y particulares para evadir impuestos al fisco.

“Cualquier empresario que esté involucrado en hechos de corrupción es un delincuente”, dijo Briz y agregó que “eso daña la institucionalidad del país, la democracia, la economía, los temas sociales”.

Las autoridades también investigaron y descubrieron un fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social donde se adjudicó un contrato a una empresa a cambio de sobornos. La empresa Droguería Pisa de Guatemala proveyó 2,5 millones de dosis de servicios médicos para pacientes renales sin contar con la licencia sanitaria y de salud correspondientes.

Al menos 13 pacientes renales han fallecido desde que Pisa comenzó a proveer el servicio médico, supuestamente por falta de higiene en los servicios.

Hasta ahora 17 personas fueron enviadas a prisión por este fraude, entre ellos el presidente del Seguro Social y ex secretario privado de Pérez Molina, el titular del Banco de Guatemala y un empresario y miembro de la junta directiva del Seguro Social.

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