Con las declaraciones del representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Amado Philip de Andrés, el apoyo de la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador Jean Manes y la férrea defensa del Fiscal General de la República, la Ley de Extinción de Dominio y las reformas que pretenden hacerle algunos diputados de la Asamblea Legislativa amenaza con convertirse en el tema más controversial de los últimos tiempo.
Este viernes pasado, durante un foro especial donde se discutió el asunto, las autoridades del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) exhortaron a apoyar a los Ministerios Públicos en la aplicación y evaluación de la Ley de Extinción de Dominio. Esta permite a los Estados quitar y administrar bienes o dinero provenientes del crimen organizado.
“Entendamos los tecnicismos de la implementación de la Ley antes de criticarla”, dijo de Andrés al inaugurar el “Foro Interparlamentario sobre Seguridad en el Triángulo Norte de América Central”, realizado en San Salvador.
El evento reunió a diputados, fiscales y funcionarios de los gabinetes de Seguridad de los tres países quienes compartieron sus experiencias en el combate a la criminalidad y abordaron el tema de la Extinción de Dominio.
La petición del representante de la UNODC llega en momentos en que diputados de la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa de El Salvador pretenden hacer reformas a la normativa, la cual está vigente desde 2013.
Formulando una ecuación aritmética inexplicable, el representante de las Naciones Unidas dijo que, asegurando que en tres años, si se implementa correctamente, se podrán haber incautado 400 millones de dólares al año. De Andrés, dijo que “(esos 400 millones que se se van a incautar) van a servir para educación y salud pública que tan necesarias son en nuestros países”.
Los diputados, que pretenden reformar cinco disposiciones de la ley, aseguran que las principales fallas de la ley es que es retroactiva, confiscatoria, no establece la prescriptibilidad del delito, es desproporcional, aplica la incautación de los bienes aunque su origen sea lícito. Que se aplica sin que exista una sentencia judicial, y por si fuera poco, no permite al investigado nombrar defensor antes de ser incautado.
El Fiscal General, Douglas Meléndez, defendió la Ley e insistió en que esta “es una herramienta valiosa” que se ha utilizado en diferentes países y dejado buenos resultados en el combate al crimen organizado. Meléndez agregó que la ley fue emitida en 2013 pero que, con él a la cabeza, la Fiscalía “la puso de moda”.
Meléndez aseguró que no permitirá que se derogue la Ley “por intereses particulares”; pero matizó que está de acuerdo con que la aplicación de la misma sea revisada de forma transparente y objetiva, sin pretender “destruirla o quitarle mecanismos”. Agregó que si es necesario superar vacíos o si tiene algún problema constitucional, se puede llevar a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El Fiscal Meléndez declaró además, de manera sorprendente que como soporte a sus investigaciones existen mecanismos de inteligencia no expresos por mandato de ley en la FGR, donde “las escuchas telefónicas aportan mucho”, por lo que estarían enterados de las personas que han discutido el tema en reuniones privadas.
El diputado del FMLN, Roger Blandino Nerio, aseguró que con la aplicación de la Ley se incurre en algunas violaciones; por ejemplo, el principio de presunción de inocencia.
“No se trata de devolver bienes adquiridos ilícitamente a nadie. Se trata de evitar que el Estado cometa atropellos contra el ciudadano, porque, qué puede ocurrir si al final de un proceso se declara que es inocente la persona. Entonces le estamos habilitando el derecho (de) que se vaya contra el Estado en demanda por violentarle sus derechos y por los daños y perjuicios”, opinó.
Mientras que la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, escribió en su cuenta de Twitter que la “Ley de Extinción de Dominio es importante en la lucha contra la corrupción, cualquier reforma requiere análisis profundo”.
Como casos emblemáticos que demuestran la fallas de la ley figuran los del diputado del PCN, Reynaldo López Cardoza, a quien lo despojaron de su vivienda, tres días después que fue declarado absuelto de haber cometido el delito de lavado de dinero. A los expresidentes Saca y Flores también se les aplicó esta ley. Lo mismo se pretende hacer con el empresario Wifredo Umaña a quien por su parentesco lejano con Adán Salazar Umaña se le ha despojado de sus fábricas procesadoras de harina y otros rubros.
Asimismo al sospechoso de lavado de dinero José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”, la Fiscalía les ha incautado millones en bienes inmuebles. La base principal en la que la Fiscalía fundamentó el enjuiciamiento de Salazar Umaña era su inclusión en una lista de capos de la droga de los Estados Unidos; sin embargo, el mismo día de su captura en El Salvador, las autoridades estadounidenses confirmaron que este ya había sido excluido de dicha lista, lo que ha puesto en aprietos a la representación fiscal que lo acusa en un tribunal.
Por otra parte, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia está conociendo de dos demandas de inconstitucionalidad de la Ley de Extinción de Dominio sobre la base de que esta es confiscatoria contraviniendo con ello la Constitución de la República.
