La ofensiva contra las pandillas iniciada por el gobierno salvadoreño en abril de 2016 causó un incremento en el número de denuncias contra los cuerpos de seguridad por violaciones a derechos humanos, advirtió la ombudsman Raquel Caballero.
“Las medidas extraordinarias sí afectaron negativamente la esfera de derechos humanos de la población, ya que el número de denuncias recibidas” por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) “aumentó luego de su implementación”, señaló en un informe especial.
En el documento, Caballero compara la cantidad de denuncias contra la Policía y el Ejército recibidas cada mes de 2016 para determinar si las “medidas represivas” pudieron “cruzar el límite legalmente establecido y afectar la vida, la integridad, la seguridad o cualquier otro derecho”.
Caballero da cuenta de que en todo 2016 la PDDH recibió un total de 1.194 denuncias contra los cuerpos de seguridad, las que incrementaron a partir del recrudecimiento de la política antipandillas.
La procuradora indicó que hubo un “incremento significativo” en el número de denuncias recibidas durante los meses de abril y mayo de 2016, justo después del inicio de las medidas, y luego hubo una tendencia hacia la baja que se mantuvo hasta octubre y noviembre, “en lo cuales se repitió el alza”.
Explicó que “los hechos más denunciados a partir de la ejecución de las medias extraordinarias” son los “malos tratos” con 317 denuncias, las detenciones ilegales, con 113, y la intimidación, con 76.
Por otra parte, en 27 ocasiones fueron denunciadas ejecuciones extrajudiciales, los casos de amenazas en 16, y las torturas en 8, reseñó Caballero en el documento, que es de carácter “preliminar”, reseñó la agencia de noticias EFE.
Añadió que el mayor impacto de estas medidas lo sufren los presos, a quienes “les están siendo violados su derecho a la salud, a la seguridad, al debido proceso y al acceso a programas de readaptación”.
“Las medidas extraordinarias, tal como están siendo aplicadas, contravienen el principio de readaptación” y “el encierro permanente en las celdas no garantizó la vida y salud de los internos, ya que se produjeron 47 muertes” por ataques o enfermedades, valoró.
La procuradora también advirtió que existe una “grave crisis de salud al interior de los centros penitenciarios”, principalmente por el incremento del 400 % en los casos de tuberculosis.
Estas políticas extraordinarias incluyen la suspensión de visitas, el encierro permanente de los reos, traslados expeditos a la cárcel de máxima seguridad y el corte de las telecomunicaciones en los penales.
También establecen la creación de un comando elite para buscar a las columnas armadas de pandilleros en la zona rural, el despliegue de más militares y el incremento de los operativos en las comunidades.
El gobierno atribuye a las medidas extraordinarias la baja del 42 % de las muertes violentas en lo que va de año. Estos crímenes sumaron 2.993 en entre enero y mediados de junio de 2016 y 1.722 hasta junio pasado.
