El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, y el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, concurrieron este lunes a la Asamblea Legislativa para defender ante la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.
Ambos funcionarios explicaron a los diputados miembros de la Comisión que sus intenciones de reformar la Ley de Extinción de Dominio limitaría el trabajo de la Fiscalía en el combate al crimen organizado. El fiscal general, además, señaló que La Ley de Extinción de Dominio ha logrado establecerse como una herramienta efectiva para golpear las finanzas de estructuras criminales y personas vinculadas a redes de narcotráfico y corrupción.
El fiscal Meléndez aseguró enfáticamente que “no es posible que se reforme la Ley y le tengamos que pedir permiso a pandilleros o criminales para ir tras sus bienes”. Entre los riesgos que se correrían, según Meléndez, estaría el de que los procesados traspasaran bienes que fueron adquiridos ilícitamente.
Tanto el fiscal como el ministro de Seguridad aseguraron que cualquier reforma a la Ley de Dominio podría entrar en conflicto con leyes y tratados que el país ha suscrito con organismos internacionales. El fiscal general agregó insistentemente que que reformar la Ley de Extinción de Dominio limitaría el trabajo de la Fiscalía en el combate al crimen organizado.
Diputados de las fracciones de ARENA, GANA, y FMLN mostraron su manifiesto interés en reformar el artículo 76 de la Ley de Extinción de Dominio en el sentido que “los bienes objeto de medida cautelar podrán pasar a la administración del CONAB (Consejo Nacional de Administración de Bienes) siempre y cuando no haya oposición del titular”.
Algunos de los diputados aseguraron que la Ley de Extinción, como se encuentra actualmente, es una ley confirmatoria que contradice la Constitución de la República.
La Ley de Extinción de Dominio es una ley especial pero sobre ella pesa la Constitución, lo que generaría un sin fin de recursos que harían interminables los procesos dijo el diputado René Portillo Cuadra, del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Con las reformas, los diputados pretenden que los bienes de origen ilícito objeto de medidas cautelares, o investigados, pertenezcan en administración de los propietarios sospechosos mientras se siga el proceso judicial en su contra. De esta manera, aseguran los legisladores, se estará respetando el derecho a la propiedad de alguien que no sido vencido en juicio y que goza del principio de inocencia tal como lo establece la Constitución de la República.
