5 preguntas que tienen en jaque al ministro de Hacienda y que dejarían al Gobierno de Sánchez Cerén en problemas

A 34 días de un nuevo impago por parte del Gobierno de El Salvador (GOES), la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha ordenado al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, una explicación sobre las omisiones que esa cartera dejó plasmadas en el Presupuesto General de la Nación 2017.

La orden sería uno de los últimos pasos para declarar dicho presupuesto inconstitucional, según una fuente en el órgano Judicial.

Una demanda presentada por el abogado Enrique Anaya argumenta que el Presupuesto General 2017 no incluye gastos obligatorios del Estado, como el pago de capital e intereses de la deuda de pensiones del GOES.

Según analistas, la Administración Sánchez Cerén obvió, ignoró u ocultó esos gastos en el afán de presentar un presupuesto ficticiamente balanceado, a sabiendas que era inconstitucional.

Los magistrados, en su resolución, le dan la oportunidad al ministro Cáceres de subsanar la situación de ilegalidad del presupuesto con la respuesta de cinco preguntas:

1- Mencione si en el presupuesto 2017 se omitieron partidas presupuestarias o en su caso, se incluyeron, pero con financiamiento insuficiente cuyos gastos eran previsibles. Si responde que sí, debe informar los motivos y los efectos de esa decisión.

2- Diga si en el presupuesto se han proyectado ingresos mayores a los que se esperan recibir.

3- Diga si existe tendencia de financiar gasto corriente y de cubrir brechas presupuestarias con deuda flotante o de corto plazo (Letras del Tesoro) y si es así, que explique las razones.

4- Mencione si en la elaboración del proyecto de presupuesto se tuvo en cuenta algún programa concreto y detallado de endeudamiento público para cubrir las deficiencias de financiamiento que fueron detectadas.

5- Informe si hubo un incremento del gasto público en el rubro de equipamiento, infraestructura, bienes y servicios y remuneraciones en el presupuesto 2017 en relación con el de 2016. Y si es así, cuáles fueron las instituciones favorecidas con tal decisión.

Cáceres, por ley debe responder las preguntas que le hace el máximo tribunal de la República, en lo constitucional, o en su defecto caería en el delito de Desacato a la Autoridad.

Los datos que aporte el ministro de Hacienda serán insumo para la decisión del Supremo con respecto a la constitucionalidad o no del Presupuesto General de la Nación 2017.