La Fiscalía General de la República (FGR) asegura que los extitulares de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), Rodil Hernández y Nelson Rauda, desviaron $5 millones 606 mil 611.90 para financiar la tregua entre pandillas
Según los Informes del Ejecutivo, proporcionados a la Fiscalía, los controles internos en las tiendas institucionales son débiles y se viola la Ley Penitenciaria.
Rodil y Rauda fueron acusados el martes en el Juzgado 4o. de Paz de San Salvador, por los delitos de Actos Arbitrarios y Administración Fraudulenta. La audiencia inicial fue programada para el jueves, pero la Fiscalía ha solicitado a la jueza Nelly Pozas que ambos permanezcan en detención provisional.
El fiscal Allan Hernández, director de Áreas Especializadas, dijo que han indagado los años 2012 y 2014, período en el cual los dos imputados estuvieron al frente de la DGCP.
El jefe fiscal expone en el requerimiento de ley que al momento de fungir como directores de la Dirección General de Centros Penales, Rodil y Rauda hicieron un mal uso del dinero que provenía de las tiendas institucionales para favorecer la tregua entre pandillas.
Los imputados negaron esa versión asegurando que la forma en la que se administraba el dinero de las tiendas por instrucciones verbales de los ministros en turno alegando que se trataba de “Políticas de Estado.”
Cuando la FGR pidió explicaciones a los exministros de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, Ricardo Perdomo, Benito Lara y al actual ministro Mauricio Ramírez Landaverde, los cuatro expresaron que ellos nunca autorizaron erogaciones de fondos de las tiendas institucionales para ese fin.
En las pesquisas fiscales se encontró documentación sobre auditorías que el Ministerio de Justicia y Seguridad hizo, donde se concluye que hubo un mal manejo de las tiendas institucionales o del dinero, esto ha resultado clave en las indagaciones, según el fiscal Hernández.
Existe en el proceso un oficio del 13 de junio del año 2016, en el cual Rodil Hernández le responde a la FGR que los gastos de inteligencia los autorizan los ministros de Justicia y Seguridad Pública de forma verbal y a requerimiento, que además se paga a fuentes e informantes que proveen información que permite identificar amenazas a los centros penitenciarios, que no existe un manual o instructivo, los montos son variados y que el dinero proviene de las tiendas institucionales.
Según la Fiscalía, con el dinero malversado se financiaron actividades de la tregua entre pandillas, realizadas por personal que trabajaba directamente con Raúl Mijango, quien a su vez laboraba como asesor del ministro de Seguridad y Justicia David Munguía Payés, quien actuaba bajo las órdenes del expresidente Mauricio Funes Cartagena. Con el dinero Mijango pagó el arrendamiento de locales donde funcionaron algunas oficinas donde se reunían pandilleros con los mediadores; los gastos reportados fueron por concepto de combustible de los vehículos utilizados; alimentación y personal externo a la DGCP.
