Las empresas harineras, Molinos de El Salvador (MOLSA) y Harisa de Guatemala, deberán pagar una multa de más de cuatro millones de dólares por infringir las leyes salvadoreñas de competencia comercial.
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó su decisión el pasado 25 de mayo a la Superintendencia de Competencia, declarando legal su resolución de hace más de ocho años.
Un comunicado de la Superintendencia dice que “La Sala de lo Contencioso Administrativo (SCA), de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dejó en firme una multa de $4 millones impuesta a las harineras Molsa y Harisa, y con ello respalda las actuaciones de la Superintendencia de Competencia (SC) en este caso que inició hace más de ocho años”.
El juicio inició en septiembre de 2008, luego de una investigación de oficio en la que la Sala de lo Contenciosos concluyó que Molsa y Harisa se repartieron el mercado de la harina de trigo, provocando precios “artificialmente altos”.
Por este acuerdo anticompetitivo, que le daba a Molsa el 55 % de participación de mercado, y a Harisa el 45 %, se les impuso una multa de que suma $4,032,421.36.
En octubre de 2008, las harineras acudieron a la SCA para demandar a la SC y el proceso – que incluyó un amparo de la Sala de lo Constitucional – finalizó este 25 de mayo, cuando la Sala de lo Contencioso declaró legales las actuaciones de la SC, y con ello la sanción económica de $1,971,015.16 para Molsa, y de $2,061,406.20 a Harisa.
El superintendente de Competencia, Francisco Díaz, afirmó el lunes que la multa a las harineras es uno de los casos más emblemáticos de la SC desde su creación, relacionadas con graves infracciones a la Ley de Competencia de El Salvador.
La Superintendencia de Competencia tiene en su poder documentos de altos directivos de las empresas harineras donde se muestra cómo ambas entidades se repartieron cuotas de mercado para la venta de sus productos. Esta práctica es ilegal, según la Ley de Competencia y los documentos son parte del proceso que actualmente se desarrolla en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
Díaz calificó de “cartel” los acuerdos entre ambas empresas.
“Es la primera vez que una resolución de la SC demuestra la existencia de un acuerdo de competidores, en este caso dividiéndose el mercado nacional de harina de trigo y también la primera vez que se rompe la impunidad en este tipo de ilícitos administrativos”,
Por su parte, Aldo Cáder, intendente de Investigaciones de la SC, explicó que con la resolución de la Sala de lo Contenciosos, la Fiscalía General de la República (FGR) deberá cobrar la multa para luego ingresarla al Fondo General de la Nación.
De existir una negativa por las empresas, la FGR tendrá la potestad para iniciar un cobro judicial forzoso, que sería a través de un juicio civil ante los Juzgados Civiles y Mercantiles.
Molsa es propiedad del empresario Adolfo Salume, quien, supuestamente, después de adquirir otra harinera en Villanueva, Guatemala, se convirtió el zar de la harina en el país.
