El vicepresidente de la república, Óscar Ortíz, a nombre del Gobierno de la República, accedió a entregar 7 millones de dólares de un impuesto especial para la seguridad a la Fiscalía General de la República (FGR), que fue dejada en el Presupuesto General de la Nación 2017 sin los suficientes fondos para funcionar.
La respuesta gubernamental se da días después de que el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, advirtiera al Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén de que destinaría estos fondos a la Fiscalía aunque no contara con su venia.
Ortiz explicó que presentarán al órgano Legislativo la propuesta de distribución de unos 74 millones de dólares recaudados en los últimos meses con el referido tributo, de los que 7 millones serán destinados a la Fiscalía.
Otros 3 millones de dólares que pide la FGR saldrían de las recaudaciones que se hagan en los próximos dos trimestres.
A mediados de marzo pasado, en la última distribución de los fondos recogidos, de 11 millones de dólares, la Fiscalía obtuvo a penas 250.000 dólares, mientras que el resto fue recetado entre la Policía y el Ejército.
Los fondos proceden del impuesto especial para la seguridad del 5 % aplicado a las telecomunicaciones y a las ganancias empresariales superiores a 500.000 dólares, vigente desde 2016.
En 2016, este tributo llevó 57,5 millones de dólares a las arcas estatales, de los que la Policía recibió 19,65 millones y el Ejército 9,4 millones, cerca del 50 % de lo recaudado.
El fiscal general, Douglas Meléndez, dijo a inicios de febrero durante una reunión con sus homólogos de Guatemala y Honduras que no se descarta la posibilidad de pedir el apoyo de un ente internacional para realizar investigaciones si aumentan las presiones al organismo y no le suben el presupuesto. Lo que fue considerado como extorsión vedada al Gobierno, obtuvo respuesta positiva.
“En un momento determinado (…) podría evaluar que no se tienen los recursos para luchar contra el delito” y que “sí hay demasiadas presiones y conspiraciones que no permiten realizar el trabajo”, por lo que en ese momento se recomendaría que un organismo internacional “coopere” con la Fiscalía, explicó entonces Meléndez.
