Cientos de familias que viven de la minería artesanal no fueron escuchadas por las autoridades de Medio Ambiente, Salud, Economía ni los diputados de la Asamblea Legislativa que prohibieron con una ley “de carpetazo” su medio de subsistencia.
Los mineros no se explican cómo El Salvador prohibió la minería metálica, cuando bajo sus pies hay suficiente oro enterrado como para pagar las deudas del país y aliviar sus graves problemas financieros.
El minero artesanal Fredy Flores, al ser entrevistado, se mostró enardecido ante la prohibición de la industria que ha alimentado a su familia por décadas.
Pero, sin importar la opinión de los afectados directamente por la ley prohibitiva, la Asamblea Legislativa aprobó en marzo una inédita ley contra la minería metálica, respaldada por todos los partidos políticos y la Iglesia Católica salvadoreña, con el supuesto fin de proteger el agua y la biodiversidad del país.
La decisión, que también veta el uso de productos como cianuro y mercurio, fue celebrada como una gran victoria por activistas medioambientales, en su mayoría de izquierda.
El Salvador es el país con mayor degradación ambiental del continente después de Haití, según la ONU.
Pero en el cantón San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión, los mineros artesanales -conocidos como “güiriseros”- están furiosos porque la nueva legislación les da un plazo de dos años para dejar su actividad y cambiar de vida.
“El cerro San Sebastián sí tiene grandes yacimientos de oro que pueden pagar la deuda del país y después continuar sacando oro”, dijo Fredy Flores, unos de los 600 mineros que a diario excavan en los asfixiantes túneles bajo el cerro.
A sus 54 años, este hombre fornido y de poblado bigote aprendió el oficio de “güirisero” con ocho años de su padre y ahora se queja de que los políticos vayan a poner fin a la tradición alegando frenar a las corporaciones mineras.
“Los viejitos que ya murieron aconsejaban a las nuevas generaciones que cuidaran esto (la mina) como un patrimonio, como un banco donde la gente tiene sus migajitas y va sacando, pero que no pueden llevárselas como se la llevan las grandes empresas internacionales”, explicó.
Muchos de los habitantes de las comunidades que potencialmente habrían sido afectadas por la minería metálica en El Salvador están a favor de prohibir los proyectos mineros. Estos han sido manipulados por el Gobierno, organizaciones ambientalistas, el partido en el Poder (FMLN), la Universidad Centroamericana (UCA), las Iglesias y otros interesados en detener la minería en el país.
Pero, los güiriseros se quejan de que ellos también son perjudicados por las grandes empresas y buscan demostrar que su trabajo a pequeña escala no afecta el medio ambiente para alargar el plazo de dos años para dejar la minería. De no ser así, el Estado estaría condenando a muerte por inanición a sus familias.
El voto de la Asamblea Legislativa del 29 de marzo convirtió en ley una moratoria establecida por el ex presidente Antonio Saca (2004-2009) que durante más de una década frenó a las mineras internacionales que buscan explotar el cinturón de oro que atraviesa el norte del país.
Aunque el aporte de la minería era modesto, sus defensores aseguran que con 29 regiones ideales para la extracción de oro y plata podría haberse convertido en un sector clave para la débil economía salvadoreña en momentos en que las calificadoras de riesgo han colocado a El Salvador en default.
“El presidente buscando dinero para sus proyectos, enjaranando (endeudando) a la nación (mientras) estamos sentados donde tenemos para pagar. Imagínese con el manojo de billetes debajo de las nalgas y buscando prestado para comer”, concluyó Flores.
Con información de Reuters y DL
