El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, pidió a sus colegas la legalización de grupos civiles armados para combatir las pandillas.
“Yo apoyo y respaldo a las defensas comunales, en las cuales la ciudadanía toma la decisión de defenderse (…), tienen todo el derecho de hacerlo”, por lo que “es mejor legalizarlas”, dijo en conferencia en rueda de prensa Gallegos, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
El diputado, que también es partidario de la pena de muerte, sostuvo que es “importante el poder implementar en el país” este esquema contra las pandillas y que no haya penas contra los ciudadanos que las enfrenten.
“He abogado y he hecho una propuesta, que ya está presentada en el Congreso, para que esto (la legalización) pueda materializarse”, señaló Gallegos en respuesta a publicaciones periodísticas que dan cuenta de la existencia de estos grupos en la zona rural del país.
El legislador no dio detalles sobre su propuesta o si esta incluye una modificación a la Constitución, que en su articulo siete prohíbe “la existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial”.
El mismo articulo estipula que “los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito”.
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, dijo a finales de enero pasado que el Gobierno apuesta en 2017 por organizar a las comunidades en labores de seguridad para reducir el control territorial que las pandillas ejercen en diferentes zonas.
En 2017 “priorizaremos el control territorial” y “no tenemos que tener miedo a organizar a la ciudadanía en función de la seguridad, porque organizar es la esperanza de que salgamos adelante de la situación difícil que vivimos”, dijo Cotto.
A mediados de marzo de 2016, el vicepresidente, Óscar Ortiz, aseguró que buscarían crear grupos comunitarios de vigilancia y “activarlos legalmente” en la Asamblea Legislativa para darles “competencias” legales.
Al ser cuestionado sobre si esta iniciativa podría llevar a un enfrentamiento abierto entre las pandillas y la población, respondió que no se puede considerar a las estructuras “ilegales” como “contraparte” de algo.
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