En enero de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó con 49 votos a favor, 11 votos en contra y 2 abstenciones, el Presupuesto General del Estado (PGE) para el ejercicio fiscal 2017; en el cual, de forma muy lamentable, se efectuó una reducción al presupuesto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), por un monto total de 575 mil 646 dólares. En 2016, el presupuesto asignado a esta Procuraduría fue de aproximadamente 10 millones de dólares, mientras que para 2017 se redujo a 9 millones 441 mil 564 dólares.
Pese a que este recorte presupuestario, que ha afectado seriamente a la institución, el pasado viernes 21 de abril del presente año, el Órgano Legislativo aprobó, con 46 votos a favor, una nueva reducción por un total de 266 mil 638 dólares, en el marco de una modificación al PGE para cumplir con los compromisos generados por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), la cual implicó una disminución a los fondos asignados a distintas instituciones. Esta decisión reduce el presupuesto de la PDDH para este año a 9 millones 174 mil 926 dólares.
En este marco, en mi calidad de Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, debo señalar mi enorme preocupación por estas decisiones, ya que constituyen medidas sumamente lesivas para el funcionamiento institucional, sobre todo cuando ha sido ampliamente conocido que, en toda su historia, la Procuraduría nunca ha recibido un presupuesto que corresponda con el amplio mandato constitucional y legal que le ha sido conferido. Si bien es necesario cumplir con las obligaciones con el FOP, deben buscarse otras alternativas que no afecten los servicios que otorgamos a la población salvadoreña.
Al respecto, debo recordar que la constante histórica ha sido que la totalidad del presupuesto de la PDDH se concentra principalmente en la asignación para cubrir las remuneraciones del personal y la adquisición de bienes y servicios; es por ello que en reiteradas ocasiones he expresado públicamente la absoluta necesidad de incrementar los fondos para la institución, de tal manera que permitan la creación de nuevos programas para la atención de la población y el fortalecimiento de los ya existentes. De forma particular, he requerido un refuerzo presupuestario para la creación de unidades especializadas para la asistencia y protección de las víctimas, la atención a la primera infancia y a las personas migrantes, la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En este sentido, me veo en la necesidad de manifestar mi más profunda preocupación e inconformidad con estas reducciones presupuestarias, las cuales representan un serio retroceso en cuanto a las garantías de autonomía e independencia que la Constitución de la República otorga a la PDDH. Esta medida afecta gravemente el funcionamiento institucional y debo lamentar que coincida precisamente con el 25º aniversario de la creación de la Procuraduría en el marco de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992. Desde su creación –aún trabajando con grandes carencias, obstáculos y limitaciones–, la PDDH ha desempeñado un rol preponderante, valiente e insustituible en la vida nacional, siendo una de las principales garantes y fiscalizadoras del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, por lo tanto, resulta incomprensible que hoy se intente debilitar a una institución que ha luchado arduamente por cumplir la importante tarea que le fue encomendada.
Quiero recordar también que el contexto actual demanda un mayor protagonismo de la PDDH. La vigilancia en la aplicación de las llamadas medidas extraordinarias, para combatir la delincuencia, el creciente fenómeno del desplazamiento forzado por violencia, los próximos procesos electorales y los esfuerzos para retomar la agenda pendiente de los Acuerdos de Paz, constituyen solo algunas de las áreas en las que la Procuraduría está llamada a mantener una actuación primordial, por lo que una reducción presupuestaria como la aprobada afecta seriamente sus proyecciones y planes de trabajo al respecto.
Esta decisión va en detrimento de la institucionalidad garante de los derechos humanos y constituye un manifiesto incumplimiento de las recomendaciones que distintos organismos y mecanismos de las Naciones Unidas han venido realizando al Estado salvadoreño desde hace varios años, en el sentido de que se debe incrementar el presupuesto de la institución. Así lo han expresado, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2007; el Comité contra la Tortura en 2009; el Comité de los Derechos del Niño en 2004, 2006 y 2010; el Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en 2011; la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Rashida Manjoo, en 2011; la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriel Knaul, en 2013; el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en 2014; y el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en noviembre de 2016.
De igual manera, esta reducción presupuestaria contradice el compromiso asumido por el Estado salvadoreño a nivel internacional durante el segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), en octubre de 2014, cuando manifestó su apoyo a la recomendación del Estado de Portugal sobre la necesidad de “velar por la protección de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos contra toda injerencia o presión externa” y el mismo Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, cuya base es el enfoque de derechos humanos y contiene una estrategia específica y líneas de acción orientadas al cumplimiento y promoción de los derechos humanos.
Finalmente, debo recordar que el espíritu de los Acuerdos de Paz fue fortalecer el respeto y garantía de los derechos humanos en el país y para ello resulta indispensable mantener una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que cuente con todos los recursos y facilidades para ejercer sus atribuciones. Por tanto, una reducción en su presupuesto significaría no sólo restar importancia a su mandato constitucional, sino también a los mismos Acuerdos de Paz que la situaron como actor fundamental para la vida nacional.
Sobre la base de lo expresado, como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, hago un llamado al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa a que ratifiquen su voluntad de fortalecer el respeto y garantía de los derechos humanos en el país, garantizando la autonomía e independencia de esta Procuraduría, y que reviertan los recortes presupuestarios efectuados para el ejercicio fiscal 2017; asimismo, reitero mi solicitud de aumentar el presupuesto de la PDDH para que sea acorde al mandato que le ha sido conferido, sobre todo en el actual contexto social que demanda mayor atención hacia las víctimas.
