La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó inmovilizar bienes de la empresa minera Pacific Rim así el congelamiento de varias de sus cuentas bancarias para que responda por el pago de $8 millones que adeuda a El Salvador por las costas procesales del litigio internacional que perdió a favor del país.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), los inmuebles inmovilizados se encuentran ubicados en San Isidro, Cabañas, don de tenían lugar las operaciones de la empresa minera hasta que un tribunal ordenara suspender ese tipo actividades.
La FGR informó que entre los vehículos inmovilizados figuran una camioneta Four Runner 2006, un pick up Ford Ranger 2006, un Toyota Corolla 2006 y un pick Up Hi Lux 2005.
Además solicitaron un embargo preventivo de siete cuentas en dos diferentes bancos nacionales que en su momento fueron abiertas por Pacific Rim El Salvador, S.A de C.V., y que ahora pertenecen a Minerales Torogoz, S.A de C.V. Solo en una cuenta bancaria se han inmovilizado $198,904.00.
La resolución de la CSJ, que ordena la inmovilizar los inmuebles y el congelamiento de las cuentas bancarias fue dada el 4 de abril de 2017 y fue notificada a la Fiscalía el día 6 de abril de 2017.
La Fiscalía solicitó reiteradamente a la empresa Pacific Rim que cumpliera con la resolución del arbitraje internacional dirimido ante el CIADI en Washington y ganado por abogados contratados por El Salvador pero esta nunca lo hizo.
Inicialmente fue la empresa minera la que demandó a El Salvador, la Fiscalía General de la República, junto con el abogado que fue contratado en los Estados Unidos, Luis Parada, actual precandidato a la presidencia por la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), lograron revertir la litis, fallando finalmente a favor de la demandada.
A la fecha, el Gobierno salvadoreño le debe a Parada $1,935,653.00 del caso Pacific Rim, más $328,683.90 que no le han pagado como representante de los intereses salvadoreños en el litigio contra la italiana Enel.
La parte esencial de la sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés) señala que “En cuanto a los Costos Legales incurridos en el arbitraje, ordena a la Demandante (Pacific Rim) pagar a la Demandada (el Estado de El Salvador) la suma total de 8 millones de dolares de los Estados Unidos de América; y que desestima el reclamo de la Demandante por los Costos Legales contra la Demandada…”
La Asamblea Legislativa aprobó en marzo una ley que prohíbe cualquier tipo de minería metálica, so excusa de proteger los recursos naturales.
