La juez Cuarto de Paz de San Salvador, Nelly Pozas, resolvió se envíe a la etapa de instrucción y que se decrete la detención provisional para los imputados. la cárcel de los imputados en el caso que se le sigue a José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”.
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió, en la audiencia inicial realizada, que la prueba del Ministerio Público era robusta, por lo que decidió enviar a los cuatro imputados presentes a detención provisional por seis meses.
Salazar Umaña y sus abogados dijeron a la juez que su “estado de salud es grave”, por lo que pidieron arresto domiciliar, a lo que la letrada se negó, ordenando su arresto preventivo.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), la falta de una contabilidad de cuentas bancarias, la creación de sociedades de fachada, la adquisición de préstamos que eran pagados en tiempo récord y la búsqueda de testaferros fueron los mecanismos utilizados por la organización encabezada por José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”, son pruebas suficientes del lavado de $215 millones.
A estos elementos, se suman audios extraídos de las intervenciones telefónicas en cuatro números vinculados al imputado, lo cual fue autorizado por el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador.
El Ministerio Público advirtió también a la juez que en el supuesto lavado de dinero habría contribuido la sociedad Desarrollos Montecristo, de la cual el imputado y el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, son accionistas.
Desarrollos Montecristo, al igual que la sociedad Servicios Logísticos, son calificadas en el requerimiento fiscal como “sociedad de papel”, que según los fiscales es utilizada para legitimar capitales de orígenes ilícitos.
Junto a Salazar Umaña comparecieron su exesposa, Sara Paz Martínez, su hija Susana Noemy Salazar y Romelia Guerra Argueta, supuestamente implicados en el caso, mientras que su hijo José Adán Salazar Martínez se encuentra prófugo.
También están prófugos de la Justicia el alcalde de la occidental localidad de Metapán, Juan Umaña Samayoa; su hijo Wilfredo Guerra Umaña y su esposa, Miriam Salazar de Umaña, además de la pareja de Guerra, Tránsito Mira de Guerra.
Todos son acusados de crear sociedades jurídicas que “fueron ocupadas como fachada” para “el blanqueo de activos”, acusó esta semana el fiscal general, Douglas Meléndez.
