Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, afirmó que la decisión del Tribunal chavista de asumir las funciones legislativas es una interrupción democrática.
El miércoles por la noche, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una polémica sentencia en la que se asume las competencias del Parlamento, “debido a la persistencia del desacato”, un estatus que el Supremo impuso el año pasado a la AN por “el incumplimiento de varias sentencias”.
La decisión causó el repudio inmediato de los opositores que en un histórico triunfo le arrebataron el control del Parlamento al chavismo el 6 de diciembre de 2015. Ese día, la Mesa de Unidad Nacional logró la mayoría calificada lo que supuso un duro golpe en el corazón del régimen de Nicolás Maduro.
Sin embargo, el veredicto de las urnas abrió una puerta inesperada en Venezuela, el gobierno se refugió en el Tribunal, denunciado varias veces de parcial al oficialismo, para frenar las leyes y bloquear cualquier intento de control parlamentario que surgiera de ella.
Esta sentencia supone la anulación del poder independiente legislativo. En Venezuela no se elige fórmula presidencial, sino que sólo se elige jefe del Ejecutivo. Así, el vicepresidente es una especia de primer ministro pero la segunda figura en importancia es el presidente de la Asamblea Nacional. Así que el fallo afecta a la labor parlamentaria y también a la sucesión presidencial.
El vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, también repudió el fallo: “Esta no es una sentencia más, es una sentencia que marca un punto de no retorno de la dictadura que requiere de todos nosotros, pueblo, organizaciones de la sociedad civil, partidos y sobre todo los diputados, iniciar un nuevo proceso de movilización y resistencia democrática para enfrentar esta arremetida y recuperar el terreno perdido. Ya no sólo se trata de anular todo lo que hace la Asamblea Nacional, si no de usurpar todas sus competencias, permitiendo que puedan aprobar nuevas sentencias-leyes que le den más poder al dictador para seguir dañando al pueblo”.
Guevara explicó que la Constitución de Venezuela incluso ordena al pueblo “el desconocimiento de regímenes que se alejen” de la democracia. “Nuestra Constitución, en sus artículos 333 y 350, nos faculta y ordena desconocer cualquier acción o régimen ilegítimo y arbitrario, pero esto no debe ser una mera declaración: para que sea efectiva debemos organizarnos, oposición, pueblo, diputados y sectores sociales, a fin de hacer valer nuestra Carta Magna y hacer imposible de ejecutar y obedecer toda decisión inconstitucional que emane del TSJ en este momento en el que las acciones del Gobierno, junto a su brazo judicial violan la Constitución de forma descarada y los tratados internacionales suscritos que los obligan a mantenerse apegados a la democracia”, precisó.
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