Fiscal debe atender reclamos de la Sociedad Civil

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No nos cabe la menor de las dudas: desempeñarse como Fiscal General de la República no es fácil.

Requiere del llamado de “uno de los funcionarios más poderosos del país”, que además de poseer los conocimientos profesionales, tenga la capacidad y la serenidad suficientes para no caer en la prepotencia.

Sus valoraciones no deben permitir que la Sociedad se sienta subestimada cuando reclama sus derechos. Ser Fiscal General de la República es ser casi un gobernante, solo que en este caso se es gobernante de los derechos del Estados y de todos, y cada uno de los que integramos la sociedad a la que ese funcionario está llamado a defender.

Para el Fiscal General no debe haber culpables sino hasta que la ley así lo ha declarado. Al contrario, él debe ser el primero en reconocer el principio constitucional de la presunción de inocencia del que todo ciudadano goza constitucionalmente.

Cualquier expresión peyorativa o menospreciativa que deviene del fiscal para con cualquier persona investigada legalmente, lo convierte en parte interesada y por lo tanto, en un corrompedor de la justicia, cosa poco conveniente en una sociedad con un sistema judicial tan débil como el salvadoreño.

Antes de referirnos a algunos de los hechos que nos hacen temer que el Fiscal esté perdiendo la brújula, queremos hacer una reflexión: Douglas Meléndez no es cualquier abogado ni mucho menos cualquier funcionario. Su primer cargo en el Ministerio Público lo ejerció como fiscal adscrito en diferentes tribunales de justicia del país. También participó como fiscal especial en sonados casos del crimen organizado y contra de peligrosas bandas de secuestradores y asaltantes a finales de la década de los años noventa y principios de los años 2000.

Meléndez fue intensamente odiado por los comunistas, cuando descubrió la madriguera de San Marcos, donde mantuvieron secuestrado a Guillermo Sol Bang,  y también fue odiado,  quizás con mayor intensidad, por la red de militares corruptos que se dedicaban a secuestrar y asesinar aprovechando la situación por la que atravesaba el país por causa del FMLN.

También participó en la investigación del asalto a un camión blindado perpetrado el 22 de junio de 1994 frente a la agencia del Banco de Comercio ubicada en la calle Rubén Darío, y por el cual se procesó a varios agentes de la extinta Policía Nacional, entre ellos, al teniente Rafael Coreas Orellana, (a) “chele papaya” a quien se acusó por el simple hecho de tener parecido con una persona que aparecía en un video durante el asalto. La Fiscalía aseguró entonces que se trataba del teniente Coreas acuñando la frase “Vos sos y si no sos te parecés”, hasta que fue absuelto en 1998. Este caso es importante porque es el punto de partida para que un indicio o una sospecha se hayan convertido en nuestro país en una irrefutable muestra de culpabilidad.

El Ministerio Público cometió en ese entonces graves equivocaciones; entrevistó a un vendedor de paletas que se encontraba a más de 2oo metros del lugar de los hechos, insistió en que Coreas aceptara ser la persona que aparecía en un video (“decí que sos perico” decían en la extinta Guardia Nacional), sin serlo, no se estableció la responsabilidad civil por lo que esta no pudo ser planteada luego de ser absueltos los presuntos responsables,etc,etc,. Lo mismo está ocurriendo ahora y eso no lo debe permitir el Fiscal, ya que tiene experiencia en esos asuntos.

Durante un juicio contra el abogado Mario Calderón y su esposa, la Fiscalía aportó al proceso un voluminoso expediente que contenía peritajes y experticias como prueba científica. En los más de 50 peritajes la Policía mostraba evidencias de droga, existencias de armas y otros elementos que conducían fácilmente a la condena de los imputados, sin embargo, la jueza del caso ignoró sin argumentos valederos la prueba científica, elaborada por la Policía Nacional Civil (PNC) y llevada al tribunal por la Fiscalía General de la República.

Ambas instituciones hicieron mutis y no reclamaron la actitud de la jueza.

Otras personas e instituciones no gubernamentales han reclamado públicamente al Fiscal Meléndez sobre el uso ilegal de intervenciones telefónicas, detenciones ilegales y otras graves violaciones a la ley en el caso que se instruye contra el empresario Enrique Rais, pero este no se da por enterado; ni siquiera ha hecho referencia públicamente a las denuncias.

Ignorar esas denuncias y no darse por enterado, cuando el caso es de los que generan lo que se llama alarma mediática, podría ser sospechoso.

El Fiscal General no debe permanecer inoficioso frente a las denuncias que le han formulado los defensores de Rais porque estas ya son del dominio de tribunales internacionales; el Fiscal no se debe conformar con ver el vaso medio lleno; debe también ver la otra mitad del vaso si es que quiere cumplir con la constitucionalidad de su cargo.

No se puede atentar tan frívolamente contra la presunción de inocencia a la que todos tenemos derecho, para adquirir prestigio mediático. A estas alturas de nuestra historia no se puede administrar justicia como se pretendía hace con el “chele papaya”  quien finalmente no era el que la fiscalía quería que fuese.

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