El presidente del Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador, CEJ, Humberto Sáenz, se sumó este sábado pasado a la denuncia penal de los abogados del empresario Enrique Rais quienes han denunciado a la Fiscalía General de la República, FGR, de vulnerar el Principio de Inocencia al exponer públicamente a las personas como sospechosas de un delito sin haber sido oídas y vencidas en juicio tal como lo establece la ley. Sáenz aseguró lo anterior en una extensa declaración a un matutino y posteriormente lo ratificó en un comunicado oficial de CEJ.
El CEJ recrimina a la Fiscalía General de la República haya expuesto públicamente a dos abogados “Que ni siquiera han sido encontrados culpables de delitos”.
“Se está afectando de primas a primeras la imagen de personas sin que estas tengan la oportunidad de defenderse” dijo el presidente del CEJ. ” Esto puede pasarle, no solo a abogados, sino que a cualquier ciudadano que sea acusado de cometer un delito…” acotó Sáenz.
El Centro de Estudios Jurídicos es una asociación de abogados de carácter académico, apolítica y sin fines de lucro, cuyos objetivos y finalidades son, entre otros, difundir el pensamiento jurídico y velar por el imperio del derecho en El Salvador.
El jueves pasado la Fiscalía y Policía Nacional Civil allanaron las oficinas de una empresa en la colonia Escalón en busca de evidencias sobre una presunta evasión fiscal y detuvieron a dos representantes legales, los abogados Rafael Alberto Mendoza y Rodrigo Enrique Rosales siendo presentados al público como sospechosos de cometer un delito sin que se hubiera probado debidamente que tuvieran relación con los hechos que se les imputa. La Fiscalía no debe vulnerar el principio de inocencia dice Sáenz.
“El presentar a estas personas como que se tratara de delincuentes ya comprobados después un proceso judicial, cuando esto no ha sido así, afecta el derecho a que se presuma que son inocentes mientras no haya condena en su contra”. agregó en sus declaraciones el presidente de CEJ.
Los abogados del empresario Enrique Rais y su sobrino Hugo Blanco, acusaron la semana pasada en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, a seis fiscales y dos miembros de una unidad élite de la Policía Nacional Civil, a quienes acusaron de Privación de Libertad, Falsedad Material e Ideológica entre otros delitos.
Los abogados de Rais también pidieron al Fiscal, Douglas Meléndez, que se excuse de conocer del proceso y las investigaciones que se siguen con el empresario Rais ” por haber externado opinión y criterios abiertamente acusatorios y mal intencionados contra sus clientes“ Los abogados de Rais aseguran que Meléndez quiere someter a escarnio social a su cliente violando sus derechos constitucionales y humanos pero principalmente el principio constitucional de inocencia.
El CEJ, considera como “grave” presentar ante los medios de comunicación a los capturados como si fuesen delincuentes probados. “El presentar a estas personas como que se tratara de delincuentes ya comprobados después un proceso judicial, cuando esto no ha sido así, afecta el derecho a que se presuma que son inocentes mientras no haya condena en su contra” asegura la gremial de abogados.
Otro hecho que a juicio de los abogados de Rais, vulnera el principio de inocencia, consagrado en la Constitución de la República, fue la arbitraria decisión dela Cámara Primera de lo Penal que dejó sin efecto las medidas sustitutivas que había concedido la Jueza Evelyn Jiménez a Rais y otras personas, pesar de haber demostrado la existencia de los arraigos que exige la ley.
La Cámara Primera de lo Penal ordenó la recaptura del empresario Rais, del exfiscal general de la República, Luis Martínez, y otras personas alegando que Rais había solicitado permiso al tribunal para salir del país y porque ” se trataba de personas con solvencia económica” lo que a su juicio permitía el peligro de fuga. Con ello se violaron derechos constitucionales y derechos humanos de los imputados.
Uno de los abogados de Rais manifestó que “lo que desea el Fiscal es ver a mi cliente expuesto al escarnio por su condición social y su capacidad económica” El profesional dijo que igual se podía decir de las magistradas de la Cámara de lo Penal de la Corte Suprfema de Justicia, quienes en vez de ordenar una audiencia de revisión de medidas, como correspondía “desató una cacería con con la intención de ver humillado a Rais a pesar de no haber sido condenado de acuerdo a lo que establece la ley
